Se atrasan servidores públicos en declaración patrimonial

Ciudad Juárez— A días de que se cumpla el plazo fijado desde 2019 para que servidores públicos presenten en el nuevo formato electrónico la declaración de situación patrimonial, falta que lo hagan miles de empleados de instancias como el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso, los órganos autónomos y la totalidad de los municipios, expuso el auditor superior del estado, Héctor Acosta Félix.

De acuerdo con el funcionario, fue ante este panorama que el Sistema Estatal Anticorrupción aprobó el pasado martes recomendar a las diversas entidades gubernamentales “ampliar el plazo” un mes, del 30 de mayo hasta el próximo 30 de junio.

“Estamos ante una plataforma electrónica completamente nueva y desconocida para los entes de gobierno, y ha tenido complicaciones en la instalación; a nivel estatal, sólo el Poder Ejecutivo y la Auditoría Superior hemos podido instalar la plataforma, estamos casi a la mitad de mayo, los servidores públicos de una gran cantidad de municipios, y algunos entes autónomos (…) todavía no pueden echar a andar este sistema”, dijo Acosta en entrevista.

“Por lo pronto son 67 municipios, el Congreso, son los órganos autónomos (como) el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía Estatal Anticorrupción”, ejemplificó.

El funcionario no tuvo cantidad de empleados obligados, pero tan sólo en el Tribunal Superior de Justicia laboran más de tres mil, de acuerdo con el vocero de la entidad judicial, Israel Hernández, quien confirmó el faltante de la instalación de la plataforma para las declaraciones por “problemas técnicos”.

Acosta Félix agregó que la modificación deriva de un acuerdo de 2019 tomado por el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual dio hasta 2021 a las entidades federativas y municipios para tener manera de capturar los nuevos formatos electrónicos de las declaraciones que se deben entregar cada mes de mayo.

La información de la Auditoría agrega que los documentos, además de que pasan de papel a electrónicos, también incluyen la declaración de posibles conflictos de interés, si el funcionario es beneficiario de programas sociales, si participa en fideicomisos o si tiene ingresos de fuentes privadas, entre otros cambios.

Asimismo, que la información actualizada entre mayo y junio deberá aparecer en el sitio de Consulta Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de julio, debido a que este sitio se actualiza de manera trimestral. 

“La recomendación debe ser aceptada por los órganos internos de control de cada institución para que sea válida para sus respectivos servidores públicos”, indicó la ASE en un comunicado en el que reportó la aprobación de la medida para ampliar el plazo.

‘Patean la pelota’

De acuerdo con Ismael Bohórquez, director de la organización civil Transparencia Mexicana, la extensión a junio es una más de las formas con las que los gobiernos estatales han buscado prorrogar la adopción de los nuevos criterios.

“Siguen empujando el tema”, dijo ayer Bohórquez, que desde el viernes pasado, luego de enlistar a las entidades que no contaban con plataforma para capturar las declaraciones de los candidatos a cargos de elección popular, advirtió cómo desde 2015, cuando se creó la denominada ley 3 de 3, los gobiernos locales habían buscado la manera de “patear la pelota” para la adopción de los nuevos criterios hasta este próximo 30 de mayo. “Empezaron a empujar desde 2015, con todo tipo de artimañas, a decir que los formatos eran muy pesados, muy duros, y alargaron el proceso de la discusión, todos los estados, decían, ‘fíjense que será muy difícil hacerlo, un año mas’. El 30 de mayo se cumple el plazo y comienza la obligación de presentarla”, señaló Bohórquez.

En un comunicado, la ASE informó que la “recomendación” de ampliar el plazo había sido aprobada por unanimidad por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Liliana Ochoa Ortega y los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, además de Acosta. (Sandra Rodríguez Nieto)