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Estado

Sabía Estado de presencia de ‘El Chueco’ desde 2015

Recrimina Comisión Nacional de los Derechos Humanos omisión de las autoridades sobre la actividad delincuencial de José Noriel P. G.

De la Redacción / El Diario de Chihuahua

lunes, 25 julio 2022 | 21:12

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Chihuahua.- La actividad delincuencial de José Noriel P. G. alias “El Chueco” está debidamente documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2015, a raíz de los desplazamientos forzados de decenas de familias de las comunidades de “El Manzano” y “Monterde” en el municipio de Urique. 

Pese a esto, las autoridades fueron omisas en la protección de la población, lo cual configura un incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, según lo establece la CNDH. 

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El conocimiento de la actividad delincuencial de “El Chueco” es anterior al homicidio de Patrick Braxton, acontecido en noviembre de 2018 y mucho antes del cuádruple homicidio cometido en Cerocahui, donde murieron dos sacerdotes de la comunidad Jesuita. 

Se trata de la recomendación 96/2022 dirigida a la actual administración, sobre hechos ocurridos al final del gobierno de César Duarte, con omisiones durante la administración de Javier Corral. 

El organismo derechohumanista accedió a las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General del Estado en el año 2015 y 2016, en donde se establece la participación del delincuente de acuerdo a las declaraciones ministeriales rendidas por las víctimas. 

En la comparecencia rendida el 18 de enero de 2016, una de las víctimas identificada como V15, manifestó: “el único antecedente que tenemos es el problema que hubo en El Manzano de donde salimos (…) entró gente que le decían pertenecían al grupo delictivo “Los Chapos”, entre ellos andaba uno de apodo “El Chueco”, y otro de nombre [pr1] que a ese sí lo conozco porque es del Manzano, incluso mataron también a un hijo de [qv1] de nombre [v2] de 18 años de edad, de igual forma a mí me tiraron balazos, por lo que decidimos salirnos de la familia de aquel lugar para resguardarnos”. 

En otra comparecencia, en esta ocasión de QV1, del 5 de agosto de 2015, se hace mención de nuevo de “El Chueco”: “quiero hacer mención que a mi hijo [v2], ya lo habían amenazado de muerte, hacía aproximadamente tres meses antes de que perdiera la vida, y lo habían amenazado gente que trabaja para una persona que le dicen “El Chueco”, entre ellos “El Martín”, del cual no sé los apellidos, mismos que son conocidos en la zona como integrantes de un cartel del crimen organizado que opera en la localidad de Bahuichivo, municipio de Urique, y estas personas le dijeron a mi hijo v2 que si no trabajaba para ellos, lo iban a levantar y lo iban a matar.” 

Resolución de la CNDH 

“Los Estados están obligados a establecer políticas generales de orden público que protejan a la población de la violencia delincuencial. Esta obligación tiene prioridad dado el contexto de aumento de criminalidad en la mayoría de países de la región, y en territorio nacional”, refiere la resolución. 

Agrega la recomendación que en los casos de los citados grupos familiares, las autoridades del gobierno estatal y municipales tenían conocimiento de la violencia que se vivía en la región donde se localizan los municipios de Uruachi y Guazapares; sin embargo, éstas omitieron realizar las acciones necesarias para prevenir los homicidios, lesiones, así como robos y daños en los bienes y propiedades que ulteriormente sufrieron los miembros de esos grupos familiares. 

“En efecto, desde febrero de 2015, la Fiscalía de Chihuahua tuvo conocimiento de que V2 fue asesinado en una comunidad cercana a los municipios de Uruachi y Guazapares, y un mes más tarde, que QV1 y sus familiares, en la comunidad de 'El Manzano' fueron agredidos por alrededor de cincuenta personas armadas, quienes rodearon sus viviendas y comenzaron a disparar hacia su interior, ocasión en que resultaron heridos V5 y V49, falleciendo el último el 29 de marzo de 2015”. De acuerdo con lo anterior, la Fiscalía de Chihuahua obtuvo datos sobre las amenazas e intimidación que recibieron los integrantes del grupo familiar por lo que se debió advertir el riesgo real que enfrentaba la población de 'El Manzano', en atención a las características de los hechos delictivos, y adoptar medidas o solicitar la aplicación de acciones especiales para su protección, seguridad y auxilio. 

“Sin embargo, las autoridades omitieron realizar alguna estrategia de prevención de delitos o de protección en beneficio de dicha población, lo que configura un incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública”. 

Aún incluso después del desplazamiento del grupo familiar 1, integrantes del grupo familiar 2, también residentes de la comunidad de “El Manzano”, Uruachi, fueron agredidos por personas armadas durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2016, quienes amenazaron con despojarlos de su patrimonio y matarlos en caso de resistirse. 

Se advierte que la Fiscalía de Chihuahua, instancia que tenía la obligación de adoptar acciones inmediatas para procurar minimizar los riesgos a la integridad personal y/o vida de los habitantes de Uruachi y Guazapares, Chihuahua, omitió implementar o solicitar la aplicación de medidas de protección en beneficio de aquéllos, repercutiendo en la pérdida de vida de personas de las que, previamente, tuvo conocimiento que se encontraban en una situación de riesgo real e inmediato. 

El conocimiento de la actividad delincuencial de “El Chueco” es anterior al homicidio de Patrick Braxton, acontecido en noviembre de 2018 y mucho antes del cuádruple homicidio cometido en Cerocahui, donde murieron dos sacerdotes de la comunidad Jesuita, advierte la CNDH.

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