Estado

Revoca magistrado cargos vs Campos

Existieron deficiencias serias en la imputación que hizo el Ministerio Público, asegura

Heriberto Barrientos Márquez
El Diario

miércoles, 08 septiembre 2021 | 06:00

Cortesía | María Eugenia Campos

Chihuahua—El magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal, revocó ayer la formulación de cargos y vinculación a proceso que logró la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván y del exdiputado Rodrigo de la Rosa, dentro de la causa penal 2821/2020 por la llamada “Nómina Secreta”.

El juzgador determinó que quedaron concluidas y levantadas las medidas cautelares que se habían impuesto en contra de Campos, en este caso, una propiedad que había dejado en garantía por un valor de 1.5 millones de pesos. 

En su exposición de motivos, el magistrado señaló que el derecho de la defensa es de vital importancia, en el que el imputado debe ser escuchado y tomado en cuenta previo a la judicialización de la causa, por lo que sin defensa no hay proceso justo o debido, pues asegura la participación en la decisión, dijo.

Esto en relación a la falta de acceso a la información por parte de los acusados, antes de que la FGE pidiera la formulación de cargos y vinculación por parte del juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, éste último señalado de haber recibido su plaza de juez por favores de la exconsejera de la judicatura, Luz Estela Castro.

En la síntesis, el magistrado Carrasco señaló que existieron  deficiencias serias en la imputación que hizo el Ministerio Público.

Por ejemplo, en el caso del acusado Rodrigo de la Rosa, se le atribuyó haber recibido dinero por un tercero, para supuestamente apoyar al exgobernador César Duarte en una iniciativa relativa a temas de la hacienda pública

En torno a la imputada María Eugenia Campos y César Jáuregui, se estableció que de 2014 a 2015 de forma indebida solicitaron del exgobernador diversas sumas de dinero.

Pero resulta inconclusa la investigación, son pruebas genéricas e insuficientes, pues la aprobación de las iniciativas es una facultad del Congreso como poder soberano y órgano colegiado

“No cabe entender que con sus votos se hubieran producido las decisiones legislativas que supuestamente favorecieron al exgobernador”, enfatizó Carrasco.

Añadió que no basta la labor del Ministerio Público de enlistar el trabajo de los acusados como integrantes de la LXIV Legislatura para tratar de responsabilizarlos.

“Ni siquiera ella (Maru Campos) era coordinadora de la fracción parlamentaria… el Ministerio Público debe precisar los hechos que debe probar, la fiscalía no aportó más pruebas de relevancia”, señaló.

De manera previa, el abogado de Maru Campos, el abogado y exprocurador Francisco Molina Ruiz, afirmó que “hubo violaciones de parte del Juez de la causa y no alcanzan de ninguna manera a justificar lo que hizo el Ministerio Público”.

En ese sentido la Ministerio Público, Martha Isela Chávez, respondió que se analizaron los escritos de la defensa y se contestaron los agravios

“Lo que nos compete es que se ratifica la contestación de agravios que en su momento hizo la fiscal Beatriz Adriana Aréchiga”, dijo.

El magistrado Carrasco fue muy claro al establecer que quien no conoce la acusación de un delito, no puede defenderse, asimismo en relación a los dos acusados se desconocía en qué decreto votaron a favor, y de qué manera beneficiaron al exgobernador.

Al concluir la diligencia, la representación social y la consejería jurídica se limitaron a pedir copias certificadas del audio y video de la diligencia.

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