Estado
Llaman a unirse a lucha

Refuerzan agricultores defensa del agua

Temen llegada de la Guardia Nacional a cuenca del río Conchos para evitar riego de cultivos

Tomada de internet

Érika González Lozano
El Diario

viernes, 09 octubre 2020 | 06:00

Chihuahua– Con la toma de la caseta de peaje de Saucillo y el refuerzo a las guardias en presa Boquilla y Estación Consuelo, los agricultores intensificaron las acciones de la defensa del agua; temen la llegada de la Guardia Nacional.

Lo anterior luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtiera que también militarizará la cuenca del río Conchos para evitar que los pequeños cultivos sean regados con aguas broncas o con tomas irregulares. 

El foco rojo se encendió el miércoles pasado luego de una reunión entre representantes de productores agrícolas y funcionarios de Conagua, donde informaron que el Gobierno federal giró instrucciones a la Guardia Nacional de hacer recorridos por la ribera del río Conchos y evitar los riegos de parcelas.

Se trata de la afectación a las primeras actividades agrícolas que se realizaron en el estado y que datan desde el año 1800, manejándose siempre como usos, costumbres y servidumbre, señaló el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar 

Señaló que podrían interponerse recursos legales ante el cierre que Conagua realizó en las acequias del río Conchos, ya que a los agricultores que hacen uso de los aprovechamientos se les está aplicando el reglamento de los Distritos de Riego aun cuando ellos no cuentan con un decreto como tal. 

Jamás se había requerido permiso para que esos pequeños productores hicieran uso de los escurrimientos de las acequias y tras el cierre, aseguró que sin duda habrá afectaciones considerables para la región. 

Ante las instrucciones de la Conagua sobre la militarización del río, campesinos que se encuentran en la presa Boquilla pidieron el apoyo de los ciudadanos de toda la región centro-sur del estado, para sumarse a las guardias que se deben reforzar, ya que temen que los elementos de la Guardia Nacional ingresen a la fuerza, ya que se encuentran armados y capacitados para hacerlo.

Ayer a medio día un grupo de productores tomó la caseta de peaje de Saucillo, se manifestó de forma pacífica y dejó el pase libre a los conductores que circularon por la carretera federal por un lapso de dos a tres horas aproximadamente. El objetivo fue pedir justicia para Jessica Silva Zamarripa, quien murió en manos de elementos de la Guardia Nacional el pasado 8 de septiembre. 

A un mes del atentado piden justicia para Jessica Silva en Estación Consuelo

Ayer se cumplió un mes del atentado que sufrió Jessica Silva Zamarripa y su esposo Jaime Torres, habitantes de la comunidad de Estación Consuelo, municipio de Meoqui, citaron a los medios de comunicación para denunciar que hasta el momento no han sido presentados los culpables del ataque donde Jessi perdió la vida.

Sin despegarse del bloqueo de las vías del tren que pasa por la misma comunidad, los agricultores invitaron a su también compañera de lucha Justina Zamarripa, conocida como “La Chata”, mamá de Jessi.

“Nosotros seguimos en duelo, sólo pedimos justicia por mi hija, ella dejó tres hijos huérfanos, queremos justicia para el campo, mi esposo es agricultor, tenemos una hectárea de alfalfa, yo soy pequeña ganadera, seguimos en pie de lucha por el agua”,  fueron las palabras de “Chatita”, como le dicen de cariño. 

Ante Congreso del Estado el gobernador sugirió comenzar a limitar los cultivos con alta demanda de riego. 

Comparece el gobernador

Representantes y presidentes de asociaciones agrícolas asistieron ayer jueves a la comparecencia del gobernador Javier Corral Jurado, ante el Congreso del Estado, sobre la extracción de las presas y el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. 

Entre los asistentes estuvieron Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riesgo de Chihuahua (Aurech); Jorge Aldana, presidente de Agricultores Unidos de Las Riveras del Río Conchos, así como presidentes de módulos de riego de los distritos 113, 005 y 090. 

Salvador Alcántar mencionó que sí han observado un respaldo por parte del Gobierno del Estado ante las actuaciones de la Federación, con quienes no han podido tener una comunicación directa. 

Dentro de su comparecencia por el conflicto del agua, Corral Jurado destacó la necesidad de que los tres niveles de gobierno inviertan en materia hídrica para asegurar la supervivencia del Tratado de Aguas, así como el comenzar a limitar los cultivos con alta demanda de riego. 

Dijo que se debe considerar a Chihuahua como la entidad que más aporta al Tratado de Aguas, así como la magnitud de las sequías que se presentan para poner en marcha proyectos como la construcción de una presa aguas abajo de El Granero con fines específicos para el cumplimiento del convenio entre México y Estados Unidos. 

Dijo que se debe reconocer la necesidad de implementar una serie de acciones para delimitar los cultivos que demandan altas cantidades de agua, evitando que continúe su expansión y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

Corral también se pronunció a favor de empezar a identificar y regularizar las empresas que se dedican a la perforación de pozos e iniciar un registro de las máquinas perforadoras para controlar la excavación ilegal. 

Presentarán queja contra juez  

A través de la Consejería Jurídica en el estado se presentará un escrito de queja ante al Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juez que vinculó a proceso a los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional el pasado 8 de septiembre en la manifestación de la presa La Boquilla. 

Lo anterior fue declarado por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, quien indicó que hubo una serie de irregularidades desde el momento de la detención, que resultan delicadas tanto en materia de seguridad pública, como de Derechos Humanos y del debido proceso. 

Recordó que según el informe oficial, los tres agricultores identificados como Rosendo Lerma y Juan Lechuga, con domicilio en el poblado de San Rafael, así como Juan Carlos Rivera Márquez, del municipio de La Cruz, fueron detenidos alrededor de las 17:30 del 8 de septiembre y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal después de las 6:00 horas del día siguiente, es decir, transcurrieron más de 13 horas. 

Asimismo, dijo que un juez federal los vinculó a proceso por el presunto delito de portación de armas y granadas de uso exclusivo del Ejército cuando en realidad se les aseguraron bombas de humo y un cargador de arma de fuego, objetos que en inicio, no ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.