Reduce CEAV apoyo económico a familia desplazada por violencia

'No se vale que la autoridad no haga nada. Me está costando, pero yo ya no tengo miedo. Yo sólo quiero regresar, allá tenemos a nuestra gente, a nuestra tierra'

Miguel Chavarría
El Diario de Chihuahua
lunes, 18 marzo 2019 | 10:38
Fotografía ilustrativa

Chihuahua— La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua (CEAV) redujo el apoyo económico a una familia que fue desplazada por la violencia en agosto de 2017.

Los montos que reciben cada mes por parte de la CEAV estatal es de cinco mil 400 pesos en vivienda y tres mil pesos en alimentos. Sin embargo, la familia Collado denunció que recientemente recibieron un depósito de mil 200 pesos menos a lo establecido.

Juan Collado y su familia de cinco integrantes fueron orillados a desplazarse a otra entidad por los riesgos que constituye permanecer en una ciudad donde sufrió un atentado en el que recibió seis balazos el 12 de julio de 2017.

La víctima la agresión se dedicaba a descargar camiones para la empresa Conorte. El trabajo lo desempeñaba bajo un clima de hostilidades, pues desde hace un año había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por amenazas de muerte que recibió presuntamente por parte de “macheteros”, cuyos intereses habían sido vulnerados luego de que Juan empezó a generar mayores ganancias junto con otros empleados.

Fue a las cuatro de la tarde cuando Juan Collado escuchó que una persona armada empezó a perseguirlo. Estaba armado y tiraba a matar. Juan huyó de él por 10 minutos, esquivando obstáculos, procurando su vida. Cuando por fin lo acorraló, el agresor logró dispararle en seis ocasiones. Fueron seis proyectiles de 9 mm: tres en el estómago, dos en la espalda y uno en el brazo. El agresor huyó en un automóvil.

Desde entonces la familia ha residido en un estado en el centro del país. Pero quieren regresar.

Nancy, esposa de Juan, contó que la Fiscalía General del Estado (FGE) fue la que sugirió el desplazamiento mientras las investigaciones para detener a los agresores de su marido iban en marcha. Sin embargo, Nancy denunció que el avance en la carpeta de investigación del ministerio público ha sido nulo.

Luego de su atentado, Juan Collado logró salir del hospital con vida, pero sin un documento oficial que lo diera de alta de la clínica, ni con el tiempo suficiente para recuperarse. Con dolencias en el estómago, Juan condujo con su familia hasta el estado donde iniciarían una vida distinta, al menos de manera temporal.

El estado de salud de Juan, aunque estable, le impedía trabajar. Las compañías para las que empezó a laborar como transportista lo despidieron en dos ocasiones por no contar con salud óptima.

Los ocho mil pesos que la CEAV estatal les otorgaba era poco. Alimentar a una familia de dos adultos y tres hijos menores de edad, más la renta de su vivienda y una situación laboral precaria hizo que Nancy denunciara públicamente la falta de apoyos económicos.

Pese a ello, este mes redujeron la cantidad de su depósito de forma inesperada. Nancy comentó después que los lineamientos para gastar en alimentos habían cambiado, y ahora las autoridades estatales comenzaron a limitar las compras de despensa que ella debería hacer a una lista de alimentos básicos

“A inicios de marzo no comenzaron a dar los beneficios de víctimas. Antes sólo éramos tratados como testigos protegidos”, cuenta Nancy vía telefónica. “Pero nos fue peor, nos hicieron un estudio socioeconómico y nos están dando menos. Nos están pidiendo facturas. Antes no lo hacían. Tengo tres hijos menores que tienen que comer algo”, explicó la esposa de Juan, quien solicitó apoyo económico a la ciudadanía***

La salud de Juan comenzó a deteriorarse. Una médica de la empresa para que actualmente trabaja por “menos del mínimo” salarial, le diagnosticó una hernia en la pared abdominal y le sugirió que comprara una faja elástica lumbar como medida temporal para aliviar el dolor.

Nancy de nuevo solicitó apoyo a la CEAV estatal para poder adquirir esa fata. Pero nunca obtuvo respuesta, señaló. “Tuvimos que llevarlo después al Seguro Popular. Ahí, otra doctora nos comentó que el dolor podría ser por un desprendimiento de tejidos del estómago por las heridas de bala que recibió en 2017”, cuenta Nancy.

La familia Collado se dirigió entonces al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) para recibir asesoramiento jurídico sobre la falta de apoyo y dificultades multifactoriales que florecieron tras su desplazamiento forzado.

La asociación giró una carta a Irma Villanueva Nájera, encargada de la CEAV estatal, para que se brinde información a Nancy sobre las medidas que la comisión está llevando a cabo para atender los derechos de Juan y su familia; los motivos por los cuales los montos del apoyo económico cambiaron, así como el estado actual de la carpeta de investigación relacionado al atentado de Juan Collado en 2017.

ProDH además solicitó una nueva valoración médica y un estudio socioeconómico a Juan Collado para actualizar su situación como víctima, ya que los salarios que el matrimonio percibe actualmente son bajos y el riesgo constante a volverse desempleados tiene una repercusión directa a sus hijos.

Nancy acusó a Abel Elías Ruiz Manjárrez, coordinador estatal de la CEAV en Zona Centro; Martha Ofelia Soto Córdova, administradora operativa del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Estado de Chihuahua (FAAR), y a Irma Villanueva por violar los derechos humanos de su familia.

El Diario intentó comunicarse con Irma Villanueva para consultar el caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no pudo ser contactada.

“No se vale que la autoridad no haga nada. Me está costando, pero yo ya no tengo miedo. Yo sólo quiero regresar, allá tenemos a nuestra gente, a nuestra tierra”, señala Juan Collado desde el teléfono. “Ser una víctima del delito es se como un perro que apalearon. Ni a quien me disparó le deseo lo que me está pasando”.

Por motivos de seguridad, los nombres de Juan Collado y Nancy fueron modificados a petición de anonimato.