Estado

Secretaría de la Función Pública

Reconocen ‘metida de pata’ contra Duarte

No tiene sentencia firme en ningún procedimiento

Miguel Silva
El Diario de Chihuahua

martes, 22 junio 2021 | 09:06

Especial

Chihuahua— La secretaria de la Función Pública del Estado, Mónica Vargas, reconoció que se tendrán que reponer 37 procesos administrativos en contra de ‘duartistas’, y que alrededor de mil 750 millones de pesos se encuentran en riesgo.

Justificó la actuación de la Función Pública diciendo: “No teníamos una bola mágica para adivinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años después, iba a emitir una jurisprudencia contraria a la tesis que Asuntos Jurídicos tomó como referencia para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa”.

En conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, explicó que en total hay 75 procedimientos administrativos en contra de ‘duartistas’ –a quienes se les han imputado responsabilidades por 2 mil 500 millones de pesos– y que hasta el momento no existe ninguna sentencia firme en ninguno de éstos, por lo que no se ha podido recuperar un solo peso.

Vargas no informó sobre la cantidad de recursos que ha destinado el Gobierno estatal en la llamada “Operación Justicia”, al indicar que, en el caso de los procedimientos administrativos, ha sido personal de la propia dependencia el que ha integrado los expedientes.

Tan sólo el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez enfrenta cuatro procedimientos administrativos ante la Función Pública, que en conjunto acumulan irregularidades por cerca de 130 millones de pesos. 

La Función Pública inició los procedimientos en contra de los exfuncionarios duartistas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, abrogada en julio de 2017.

En octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se tendrían que seguir bajo la Ley General (de carácter nacional), dado que se había publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 18 de julio de 2016 y había entrado en vigor el 19 de julio de 2017.

De esta manera, la Función Pública deberá reponer 37 procedimientos administrativos en contra de los exservidores públicos, lo cual comenzó a hacer desde marzo pasado, según expuso Vargas.

Mencionó que por los plazos ya no será esta administración la que les dé seguimiento, y tendrá que ser el próximo gobierno –que inicia el 8 de septiembre– el que tendrá que darle continuidad a los procesos. 

La funcionaria justificó el actuar de la dependencia y aseguró que no se trata de un error que se haya cometido, pues los procesos se iniciaron mediante una tesis que tenía validez, pero que, dos años después, los magistrados resolvieron que no era así y que se tendrían que reponer estos procedimientos.

Ante esto, destacó que no se trata de que los casos fueran “derrumbados” y no significa que se hayan perdido, pues únicamente tienen que ser repuestos bajo los lineamientos de la Ley General y bajo esos criterios el Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua deberá resolverlos.

Asimismo, negó que el Gobierno de Chihuahua haya quedado “mal parado” al basar los procedimientos administrativos en una ley derogada, pues dijo que cuando se iniciaron aún se encontraba vigente.

msilva@diarioch.com.mx

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