Recibía exfiscal órdenes de Corral y Peniche

Chihuahua— El exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., quien tenía a su cargo la ‘Operación Justicia para Chihuahua’, respondía directamente a las órdenes del exgobernador Javier Corral Jurado y del exfiscal César Augusto Peniche Espejel, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía pudo establecer el nexo derivado de las denuncias por tortura cometidas presuntamente por el exfuncionario, quien se encuentra detenido y bajo proceso judicial.

Así mismo, fue señalado por exfuncionarios como “el brazo ejecutor” del corralato y el responsable de realizar extorsiones y actos de tortura. El exfiscal general César Augusto Peniche Espejel, evitó hacer declaraciones al respecto, al señalar que habrá el resultado de las audiencias judiciales en contra de Francisco G. A. e indicó que no ha sido notificado por alguna investigación en su contra.

Con el inicio de la denominada “Operación Justicia”, Javier Corral Jurado designó a Francisco G. A. como el jefe de los ministerios públicos que llevarían a cabo las indagatorias en contra de exfuncionarios a quienes se les vinculó con actos de corrupción y desvío de recursos.

Entre los agentes del Ministerio Público que estaban bajo el mando de González Arredondo se encuentran Claudia Chávez Apodaca, Beatriz Aréchiga Bermúdez, Martha Payares, Sandra Cecilia Delgado Ordaz,

Eduardo Cháirez Coss, Laura Renata Muñoz Bojórquez, Uriel Chacón, Ernesto Chavarría Peña y otra persona más de apellido Flores.

De acuerdo con las indagatorias que realiza la FGE, se ha podido establecer que, Francisco G. A., obedecía órdenes directas del exfiscal general César Peniche y del propio exgobernador Javier Corral Jurado, sin embargo, no se revelaron más detalles o más personas que pudieran estar implicadas, debido a que existe un proceso judicial iniciado.

Como jefe de los ministerios públicos, habría ejercido actos de presión, intimidación, tortura y amenazas en contra de los exfuncionarios estatales, a quienes en muchos casos se les exigió el pago de una cantidad a cambio de no ser detenidos y que declararan en contra del exgobernador César D. J.

De acuerdo con el abogado Héctor Villasana quien realizó la defensa jurídica de Gerardo V., Antonio T., Alejandro V., Marcelo G, T., y Javier G., todos estos detenidos y vinculados a proceso, G. A,. actuó con base en la fabricación de delitos en contra de sus representados, si no accedían a declararse culpables y cómo medidas de presión utilizó amenazas en las que se incluía a las familias de los detenidos, así como el aseguramiento de bienes y otros mecanismos con tal de obtener lo que buscaban. Así mismo, dijo que hay constancia de que, en lo que respecta a los testigos protegidos y demás implicados, estos eran citados en la casa de gobierno, en dónde los tenían resguardados hasta por doce horas, sin alimentos, sin agua y sin acceso a su teléfono celular para obligarlos a declarar en contra del exgobernador C. D.