Quieren a Peniche 2 años más como fiscal

Chihuahua– A través de una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, que ya se tiene elaborada en el Poder Ejecutivo y que busca darle una supuesta autonomía presupuestal y constitucional a la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador Javier Corral Jurado pretende dejar dos años más, al finalizar su mandato el próximo 7 de septiembre de 2021, al fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel, en un presunto intento de “blindaje” a su gestión.

Lo anterior fue revelado por diputados del Congreso del Estado, donde el titular de la FGE ya ha sostenido acercamientos con legisladores de diversas fracciones parlamentarias, ante quienes planteó la necesidad de respaldar la iniciativa de reforma, misma que hasta ayer por la tarde no había llegado a la sede del Poder Legislativo.

Tiene El Diario una copia

El Diario obtuvo copia del proyecto de la mencionada iniciativa, a la que sólo falta colocar el remitente, es decir, si será presentada y enviada directamente por el gobernador Javier Corral o legisladores del propio Congreso la tomarán como suya.

Lo anterior traería como consecuencia, de ser recibida, discutida y aprobada, que la Fiscalía General del Estado deje de pertenecer al Poder Ejecutivo del Estado y se erija como órgano constitucionalmente autónomo.

Específicamente el “Cuarto Transitorio” el que establece que el actual titular de la FGE, es decir, el fiscal César Peniche Espejel, podría continuar al frente de la dependencia hasta el primer día después del segundo año de mandato del próximo gobernador, hasta septiembre de 2023.

Textualmente refiere el documento: “Artículo Cuarto Transitorio.- El primer nombramiento de la o el Fiscal General del Estado conforme al procedimiento señalado en el artículo 121 de esta Constitución reformada por el presente Decreto, iniciará al día siguiente en que el titular del Poder Ejecutivo concluya su segundo año de gobierno. En ese sentido, quien ostente la Titularidad actual de la Fiscalía General del Estado seguirá en el cargo hasta en tanto se realice dicho nombramiento”.

En el extenso documento se justifican las reformas en el sentido de que Chihuahua es de las pocas entidades del país que faltan de tener una fiscalía autónoma, por lo que al concluir la gestión de Javier Corral, es necesario transformarla de fondo y que no sea sujeta a presiones e intereses políticos, paradójicamente cuando la actual administración la ha utilizado en los denominados “Expedientes X”. 

Se incluye en la misma la definición de fiscales sustitutos y suplentes, asimismo cómo serían nueve expertos en materia de seguridad quienes nombrarán al nuevo titular, el cual sería elegido para un plazo de seis años, independientemente de si da o no resultados en el combate e investigación de los delitos.

La iniciativa en mención refiere textualmente en las consideraciones, que “Los retos en materia de seguridad y de procuración de justicia son de grandes dimensiones y demandan que la Fiscalía General del Estado cuente con un diseño institucional adecuado para realizar transformaciones de fondo, entre las que destacan las relacionadas con la planeación, la evaluación del desempeño, la profesionalización y la disminución de riesgos de corrupción. Estas transformaciones, implican decisiones que deben tomarse con una visión de mediano y largo plazo lo que sólo puede lograrse en el ámbito de la autonomía que alinee de manera adecuada los incentivos necesarios para la consolidación de una institución confiable.

Lo anterior, coincide con las voces expertas y de la sociedad civil, que si bien la transformación del modelo procesal penal es adecuado e indispensable, por sí misma no resulta suficiente para alcanzar una eficacia en el acceso a la justicia y en el combate a la violencia e impunidad, ya que es necesario también acompañara este gran cambio, un fortalecimiento de las capacidades para investigar y perseguir el delito, y vigorizar el esquema organizativo, de gestión y respuesta de las instituciones de procuración de justicia”.

#FiscalíaQueSirva

“El informe presentado por el colectivo “#FiscalíaQueSirva” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de su participación en la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2017, ha señalado la importancia de que la instancia de procuración de justicia sea autónoma. Inclusive, nuestra Carta Fundamental por reforma del 2014 al artículo 102 establece a nivel federal una institución del Ministerio Público Autónoma, la cual hoy rige en nuestro país a través de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, la mayoría de las entidades de nuestra Federación ya cuentan con un órgano de procuración de justicia autónomo. 

Chihuahua, aun con sus notables avances, es una de las tres entidades actualmente rezagadas, en espera de dar ese necesario paso en la transformación de su sistema de justicia.

Acorde a los estándares internacionales –continúa–, la autonomía no se limita al aspecto técnico-operativo y presupuestal, debe de relacionarse además con diversos procedimientos institucionales e individuales, que comprenden el adecuado perfil del titular, un procedimiento de designación orientado al mérito y acorde a parámetros internacionales, donde haya oportunidad de hacer un escrutinio real de las y los candidatos y posibilidades de participación de la sociedad civil y cualquier actor interesado, rendición de cuentas ante la ciudadanía de la gestión y la implementación de la política de persecución penal, un servicio profesional de carrera adecuado, órganos de control interno e instancias adecuadas que investiguen y sancionen las faltas o delitos cometidos por los servidores públicos, entre otras garantías. 

Sin que pueda confundirse la autonomía con la ausencia de observación ciudadana, transparencia, mecanismos de control y rendición de cuentas, ya que son estos algunos de los aspectos que hacen más autónoma y fortalecen más a la institución, pero, además, la dotan de credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía.

Por lo anterior, y en virtud de nuestro firme e indeclinable compromiso de lograr una real transformación democrática de nuestro estado y de nuestro país, y en aras de la construcción de una nueva institucionalidad democrática y una nueva ética pública, se propone la creación de una institución del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua como un órgano público constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia presupuestal, técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones”.

Una relación dependiente

“Sin embargo, históricamente ha existido una relación de dependencia entre el Ministerio Público y otros órganos del Estado que han tenido impacto en su actuación independiente, en la efectividad e impulso de la investigación, y en el respeto de las garantías del debido proceso. Bajo este esquema, el ejercicio de la acción penal puede verse afectado por intereses extralegales, ya sea políticos, económicos, e incluso, intereses ilegítimos o ilegales. Cuando esto ocurre, se genera impunidad y ello envía el mensaje de que el delito es tolerado, lo que favorece su perpetuación.

No sólo es importante que el Ministerio Público pueda actuar de manera independiente sino también que su teoría del caso y líneas de acción no estén determinadas por presiones o injerencias ilegítimas externas más allá de la prueba y lo que marca la ley. 

Un Ministerio Público autónomo podrá hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no cederá a la pretensión de utilizar el poder punitivo del Estado para reprimir la protesta social legítima, o para desalentar los reclamos de minorías o grupos en situación de vulnerabilidad.

Esta casa editora intentó obtener una respuesta del fiscal general César Peniche sin éxito hasta el cierre de edición.