Primer corralista a juicio, el exsecretario de Hacienda

La jueza de Control Abigail Sosa Rivera resolvió ayer que el exsecretario de Hacienda en la pasada administración estatal, Arturo Fuentes Vélez, sí puede ser sujeto a una investigación del tipo penal por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Específicamente, agregó, por más de 114 millones de pesos que el exfuncionario publicó como entregados en los estados financieros del Gobierno estatal de diciembre de 2020 a marzo de 2021, lo cual fue falso.

En audiencia celebrada ayer en la sala penal número 1 del Centro de Justicia, la juzgadora dio marcha atrás al acuerdo que hizo el pasado 2 de agosto el excoordinador de la Unidad Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Héctor Alonso Hernández, quien a un mes de que culminara la administración del panista Javier Corral Jurado decretó que no había delito que perseguir.

Previamente, las agentes del Ministerio Público Tatiana Núñez y Beatriz Adriana Hernández acusaron a Fuentes Vélez y a los exfuncionarios de Hacienda César Bolado Rubio y Adriana Reza de haber falseado la información de los estados de movimientos y egresos del Gobierno estatal de diciembre de 2020 a marzo de 2021 por un monto de 114 millones de 879 mil 594 pesos, de recursos que le correspondían al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Las fiscales acusaron ante la juez que los referidos exservidores públicos faltaron a la entrega de esos recursos, que correspondían al cobro del cinco por ciento del impuesto sobre nómina (ISN).

El 2 de agosto del presente año de manera sorpresiva y en un solo día el entonces coordinador Héctor Alonso Hernández solicitó y autorizó el no ejercicio de la acción penal sobre Fuentes Vélez, procedimiento similar al que hicieron el exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera semanas antes de abandonar la administración 2010-2016.

La jueza de Control resolvió que el coordinador de dicha unidad no estaba facultado para tomar ese acuerdo, sino que le correspondía en todo caso al fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, o al entonces fiscal general César Peniche.

Al 31 de mayo del año pasado esos recursos no habían sido entregados, pero en cambio Fuentes Vélez, en los estados financieros que firmó y fueron publicados meses anteriores, estableció que sí lo habían entregado, siendo una falsedad, reportó la autoridad investigadora.

En la diligencia donde la Fiscalía impugnó el no ejercicio de la acción penal se asentó que fue el 2 de agosto cuando de manera “fast track” el coordinador de la unidad especializada pidió no ejercer cargos penales contra Vélez, Bolado y Reza, quienes actuaron de manera parcial ante el cúmulo de evidencias.

Los delitos que fueron denunciados por Ficosec en su momento en contra de Fuentes Vélez y contra quienes resulten responsables son daño patrimonial, peculado y uso indebido de facultades y atribuciones.

A la audiencia celebrada ayer asistió el presidente de Ficosec, Sergio Ochoa, quien ratificó la acusación contra los exservidores públicos.

En su defensa, los abogados de Fuentes Vélez señalaron a la juez que en todo caso se debería iniciar un procedimiento administrativo de sanción, pero no penal, porque esos recursos del Ficosec finalmente fueron entregados.

En la audiencia, el exsecretario de Hacienda nunca explicó a dónde fueron a parar esos poco más de 114 millones de pesos que en los estados mensuales de movimientos financieros reportó como egresos, ni qué se hizo con ese dinero.

Según ha trascendido, existen al menos tres carpetas de investigación sobre Fuentes Vélez, hombre cercano al exmandatario Javier Corral y al actual senador de la República Gustavo Madero.

En el pasado quinquenio se mantuvo siempre al frente de la titularidad de la Secretaría de Hacienda.

Todavía protegido por el poder público, Fuentes Vélez tramitó el pasado mes de septiembre, a pocos días de dejar el cargo, el amparo número JA 1445/2021, 3er JD, para que la Fiscalía Anticorrupción le proporcionara una carpeta de investigación y conocer de lo que se le investigaba.

Sin embargo, el propio exfuncionario había ventilado públicamente que el amparo era por una supuesta falta de pago a empresas constructoras por la Ciudad Judicial y que se seguía en los tribunales administrativos donde la Secretaría de Hacienda nada tiene que ver.

Con la resolución de ayer la Fiscalía estatal puede investigar al exfuncionario de primer nivel y en su caso solicitar la apertura de un proceso penal.