Estado

Pretende Estado acaparar ‘renta’ de escoltas

Elimina SSPE concesiones y crea ‘catálogo’ para enlistar su propia oferta de servicios

Sandra Rodríguez
El Diario de Juárez

lunes, 01 marzo 2021 | 10:43

Tomada de internet

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que trabaja en una revisión sobre la actividad de los negocios de vigilancia privada y, también, en la creación de un “catálogo” para enlistar su propia oferta de este tipo de servicios.

“Hemos ido depurando empresas y hemos ido quitándoles la concesión a algunas que notamos que tenían cosas irregulares (…) las estamos retirando; entonces hubo muchas quejas de que los estábamos desarmando y, pues sí, así va a ser; el que no tenga posibilidad, el que no tenga permiso individual, pues no puede tener el permiso colectivo”, dijo el titular de SSPE, Emilio García Ruiz.

“El esquema es que nosotros tengamos un catálogo de servicios con personal certificado, capacitado y profesional, que sea policía de carrera, y que esos policías nosotros los podamos sacar al mercado, un listado de servicios, en los que están guardia intramuros, seguridad perimetral, patrullajes, escoltas; eso es todo. Lo que ofrece una compañía de seguridad privada, pero con la conciencia de que son profesionales”, agregó el funcionario en entrevista.

El costo por elemento oficial asignado a este tipo de funciones oscila en los 18 mil 35 pesos mensuales, “dependiendo de categorías”, especificó. 

García fue consultado luego de que la dirección local de la Comisión Estatal de Seguridad (CES, dependiente de la SSPE) informara que, en los últimos ocho meses, se ha registrado la detención de nueve empleados de dos compañías de vigilancia privada por problemas en los permisos de portación de armas.

De acuerdo con el director de la CES en Juárez, Ricardo Realivázquez, se trató de personal de las empresas Gia y Ameth, a las cuales se les realizaron los arrestos, de uno y ocho elementos, respectivamente.

“Ameth la problemática que tiene es que, por ejemplo, ‘Ricardo Realivázquez’ deja de laborar en el estado, y consigue trabajo como escolta de seguridad con un empresario; el empresario va y tramita mis armas con Ameth y ésta, por no meterse en papeleo y gasto, usa el mismo CUIP (Clave Única de Información Policial) que yo tengo como policía”, dijo el funcionario.

“Entonces, hay veces que corremos el nombre (…) Ameth utiliza los portes físicos de la empresa, en el porte viene rotulado a la empresa y las armas, pero el problema es el CUIP, es del elemento; hay unos que sí los tienen dados de alta como es, para la empresa de seguridad Ameth, y hay otros que incluso el CUIP ni siquiera corresponde al elemento”, agregó.

Las negociaciones citadas no respondieron solicitudes de información de este medio. 

‘Desfase’ legal

García Ruiz dijo carecer de información sobre casos específicos pero que, en general, en la problemática está incluso “un desfase” en el marco legal alrededor de la División Bancaria, Comercial e Industrial de la SSPE, que es la encargada de regular esta actividad comercial.

“Lo que pasa es que no hay una normativa completa que esté realmente plasmada en un reglamento, porque la Secretaría apenas está en crecimiento (fue creada en diciembre de 2019), apenas está en funciones (…) Hay un desfase porque no existía la creación de la Secretaría como tal”, dijo García.  

“Al extinguirse la acción que unificó la Fiscalía y la SSPE, dejaron insertada en un área que se llama la CES a otra que tiene que ver con la regulación de las empresas de seguridad privada, sin una normativa (…), no tiene normativa a nivel de reglamento de la Policía”, agregó.

El funcionario, que tomó el cargo en enero de 2020, dijo que también se considera cambiar la ley “para que ahora vaya de acuerdo con lo que es la normativa federal y lo que es la normativa que nosotros vamos a establecer en el estado para la regulación y otorgamiento de esas licencias de servicios privados de seguridad”.

Datos de la dependencia indican que se tienen registradas 158 empresas prestadoras de este tipo de servicios en la entidad, con un estado de fuerza total de dos mil 747 elementos.

“El tema de las armas, es información clasificada”, indicó la SSPE a través de su área de comunicación social.

La misma oficina envió información sobre su propio “Programa de Agentes de Servicio de Asistencia de Seguridad”, señalando que el propósito es dar “servicios de estudios y análisis de evaluación de riesgos; de protección, custodia y vigilancia de personas, seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores fijos y en tránsito”.

Los objetos de la oferta de la SSPE son “dependencias, entidades y órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, locales y federales, órganos autónomos federales y locales, así como a personas físicas y morales que produzcan bienes y servicios que contribuyan a la generación de empleos y recursos económicos para el Estado”.

La SSPE no tuvo ayer datos sobre montos recaudados por esta actividad –realizada por el Gobierno estatal desde años anteriores.

‘Competencia desleal’

Empresarios dedicados al ramo de la protección privada, y que pidieron no ser identificados por temor a represalias, consideraron que la prestación de este tipo de servicios es una práctica de “competencia desleal” por parte de la SSPE.

“Son juez y parte. Ellos dicen qué empresas clausuran y cuáles no. Hace poco detuvieron guardias y hasta los presentaron a los medios, como si fueran delincuentes, porque no tenían cédula de identificación que ellos emiten; entonces, es competencia desleal, casi todo es con fines recaudatorios”, dijo el propietario de un negocio local.

“Ellos venden servicios de seguridad privada; es competencia desleal (…) y dan el servicio a empresas con los policías que pagamos con impuestos”, se cuestionó en otro negocio, cuyo personal refirió que el Artículo 28 de la Ley Federal de Seguridad Privada indica que el personal operativo deberá acreditar “no ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas”. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

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