Presupuesto de PCE, igual que la deuda

Chihuahua— El presupuesto que presentó el Gobierno del Estado en su propuesta de Ley de Egresos 2021 para Pensiones Civiles es equivalente al de la deuda pública de corto plazo a pagar antes del 31 de mayo, así como a los adeudos que mantienen otras instituciones hacia la misma institución estatal.

Según la propuesta de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, para la deuda pública se destinaron 3 mil 246 millones 824 mil 843 pesos, mientras que para el servicio de Pensiones Civiles del Estado programaron una bolsa de 3 mil 279 millones 841 mil 289 pesos, lo cual llama la atención por la equivalencia entre uno de los pasivos inmediatos de gobierno y el dinero para la operación de uno de los principales sistemas de salud en el estado. 

Además, esto evidencia que los pasivos de gobierno se encuentran a tope, pues basta considerar que la deuda en conjunto de instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Junta Central de Aguas (JCAS) y la Secretaría de Hacienda, entre otras, asciende a 3 mil 672 millones de pesos, con fecha de corte en septiembre 2020, misma que resulta bastante cercana a los créditos de corto plazo que mantiene el Estado, y además, a los recursos propuestos para que la institución opere en 2021, en plena pandemia. 

‘Falta estrategia de rescate’

Omar Bazán, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que el Gobierno del Estado carezca de una estrategia para el rescate financiero de Pensiones Civiles del Estado, sistema cuya situación –dijo– se encuentra al borde del colapso. 

Esto luego de que la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enviara una carta al Congreso del Estado solicitando partidas presupuestales especiales a las instituciones deudoras de las aportaciones al Fondo de Pensiones y Fondo de Servicio Médico, con recursos etiquetados para el pago a la institución, dentro del presupuesto de egresos 2021. 

Bazán coincidió en que los diputados deben aprobar recursos suficientes para sanear las finanzas de la institución y demandó a las dependencias estatales que liquiden sus adeudos con uno de los principales sistemas de salud en el estado. 

El pasado cuatro de noviembre el diputado priista denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a diversos funcionarios del Gobierno del Estado por uso ilegal de atribuciones y peculado, presuntamente por distraer y hacer uso de cuotas y aportaciones de seguridad social que correspondían a Pensiones Civiles del Estado. Por lo menos 49 dependencias e instituciones afiliadas dejaron de entregar a Pensiones las aportaciones patronales y las retenciones que hacen a los trabajadores.