Presume FGE ‘blindada’ con placas sobrepuestas

Fue presentada en el desfile de Independencia, pero matrícula corresponde a otra camioneta

Staff
El Diario
jueves, 19 septiembre 2019 | 06:00
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Chihuahua— Una pick up negra modelo Ford F-250 Harley Davison 2018 cuatro puertas de color negro a diésel blindada, la cual fue presentada durante el desfile del Día de la Independencia como parte de la flotilla de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaba placas sobrepuestas, ya que de acuerdo con sus números, pertenece a una Ford F-150 Lobo con motor a gasolina.

La pick up que la FGE usó durante el desfile es una F-250 edición especial Harley Davison con motor a diésel y portaba las placas EF22-046; y de acuerdo con el reporte de las bases de datos de la Policía Federal y la Policía Vial, corresponden a una F-150 / Lobo modelo 2018, cuatro puertas, 4X4 y motor a gasolina.

La camioneta blindada llevaba los rótulos de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación y era escoltada por patrullas oficiales.

Trascendió que la camioneta llegó a la Fiscalía Estatal producto de un aseguramiento en Namiquipa, en la cual se aplicó la Ley para la Administración y Destino  de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, para adjudicársela.

Sin embargo, no existen reportes oficiales de su aseguramiento ni evidencia documental de su incorporación al parque vehicular de la FGE.

Esta ley en su artículo 28 habla de la enajenación, destrucción y aprovechamiento de los bienes, menciona que los bienes adjudicados al Estado en los casos de abandono, decomiso o extinción de dominio, serán enajenados por la Autoridad Administrativa, con excepción de aquellos que deban ser destruidos o sean susceptibles de aprovechamiento por parte del Estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

En otro párrafo del mismo artículo señala que en el caso de que los Bienes sean susceptibles de aprovechamiento, la Fiscalía deberá cubrir a la víctima u ofendido, si lo hubiere, el pago de la reparación del daño respecto de los delitos por los que se decretó el decomiso o la extinción de dominio, según corresponda, hasta por el valor de los bienes en cuestión.