Por negligencia corralista prescriben 14 casos vs exfuncionarios

Chihuahua, Chih.- Por negligencia e impericia jurídica, la administración estatal encabezada por Javier Corral Jurado permitió que 14 procedimientos administrativos iniciados en contra de exfuncionarios estatales hayan prescrito y quedado sin responsabilidad, debido a que se iniciaron dos años después de haber recibido las denuncias y bajo una ley que era inaplicable como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, abrogada en julio de 2017, cuando se debió aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

María de los Ángeles Álvarez Hurtado, secretaria de la Función Pública, dijo “o todo se trató de una falacia o simplemente no quisieron actuar” y afirmó que, debido a esta situación, en el órgano de Control Interno ya se tiene un expediente en contra de las extitulares de esta dependencia como son Stefany Olmos y Mónica Vargas.

El 21 de junio del 2022 la entonces titular de la Función Pública Mónica Vargas en rueda de prensa, reconoció que se tendrían que reponer 37 procesos administrativos en contra de “exservidores públicos”, y que alrededor de mil 750 millones de pesos se pusieron en riesgo.

Justificó la actuación de la Función Pública diciendo: “No teníamos una bola mágica para adivinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años después, iba a emitir una jurisprudencia contraria a la tesis que Asuntos Jurídicos tomó como referencia para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa”.

Cabe señalar que durante la administración anterior se iniciaron 75 procedimientos administrativos como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, los cuales representan desvíos por 2 mil 500 millones de pesos, de éstos, mil 750 millones corresponden a los 37 procedimientos que debían ser repuestos.

Ayer Álvarez Hurtado fue enfática en señalar que fue por errores, negligencias y omisiones de la anterior administración de la Función Pública por el cual estos 14 expedientes causaron prescripción y esa misma suerte correrán otros expedientes que fueron iniciados bajo una ley equivocada.

Explicó que estos expedientes no quedaron sin efecto y libres de responsabilidad por una decisión de fondo de parte de la actual administración, sino por las negligencias del anterior gobierno.

Afirmó que la secretaría de la Función Pública realiza un trabajo serio y responsable de los diversos procedimientos que están en curso.