Estado

Por desacato, magistrados pueden ser cesados y consignados

Siguen impidiendo la restitución de Jorge Ramírez Alvídrez

Javier Olmos
El Diario de Juárez

miércoles, 28 abril 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que siguen impidiendo la restitución de Jorge Ramírez Alvídrez pueden enfrentar el cese de sus cargos y hasta la consignación al Ministerio Público, opinó el abogado Nahúm Nájera Castro.

El exsubprocurador de Justicia del Estado en Juárez en la administración del exgobernador Patricio Martínez, acudió a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen las consecuencias del incumplimiento a la suspensión definitiva con la que cuenta Ramírez Alvídrez.

“Eso tendría como consecuencia que se emitiera una resolución por el colegiado en el sentido de incumplimiento, y tendría como efecto el cese y la consignación de los magistrados que votaron por no restituirlo. Eso es lo que procede conforme la ley”, explicó.

Para el abogado, lo que sucede en el caso de una “sumisión de poderes” en Chihuahua es muy grave. Y es tan grave, expresó, que trae como consecuencia un autoritarismo semejante al de Venezuela.

¿Qué dice la Ley de Amparo?

El Artículo 192 indica textualmente que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. 

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. 

Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. 

El Artículo 193 indica que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. 

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. 

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

‘No le midieron el agua a los camotes’

Nájera Castro señaló que esta actuación refleja el sometimiento del Poder Judicial del Estado al Ejecutivo, “y es sumamente grave, que deriva en la violación de derechos fundamentales y la Constitución”, expresó.

“Me sorprende que si conocen el derecho, no le hayan medido el agua a los camotes porque se están jugando el puesto y la consignación”, dijo.

Adelantó que, obviamente, el magistrado afectado va a promover un incumplimiento a la suspensión; el juez de distrito le va a pedir un informe al tribunal de ese incumplimiento, y luego va a emitir una resolución.

“Si la resolución es en el sentido de que sí hubo incumplimiento, enviará al tribunal colegiado y va a ordenar nuevamente con el uso de la fuerza pública la restitución del magistrado”, opinó.

En este caso el uso de la fuerza pública no sucedería porque es una decisión que debe tomar el Supremo Tribunal, y si el colegiado federal confirma lo del juez de distrito, el único paso es enviar a la SCJN la resolución, para que sea ésta la que emita la consignación y el cese de los magistrados. (Javier Olmos/El Diario)

“Cómo es inconcebible que el supremo tribunal argumente que no tiene dinero, es absurdo e infantil y vergonzoso”, consideró. Y apuntó que el hecho de que lo hayan separado de su cargo de forma indebida e ilegal, la sanción es que tienen que pagarle a él.

Ayer a las 12:27 se cumplieron las 48 horas que el juez de distrito fijó para que hiciera lo procedente restituyendo a Jorge Ramírez Alvídrez como magistrado de la primera sala penal, indicó.

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