Podrían solicitar la ‘suspensión’ del Gobierno municipal: abogado

Chihuahua– El abogado constitucionalista Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez señaló que el Gobierno del Estado podría asumir de manera temporal y emergente todas las responsabilidades, facultades y atribuciones para el mando del municipio de Nuevo Casas Grandes, mientras el Congreso del Estado realiza un procedimiento que se llama “suspensión” y que marca el propio Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Entrevistado ayer sobre la reciente intervención que hizo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y el control que tomó de la Policía municipal por su presunto involucramiento con grupos criminales, explicó que la Constitución federal y la Constitución Política del Estado de Chihuahua establecen las bases y los límites para la actuación de los distintos órganos de Gobierno y administración pública. 

Por lo que en ese sentido, enfatizó, el Gobierno del Estado podría asumir responsabilidades con la suspensión del Gobierno municipal por la falta de seguridad e infiltramiento del crimen organizado en las estructuras públicas de esa localidad.

El abogado refirió que el artículo 57 del Código Municipal establece textualmente que: “las y los integrantes de los Ayuntamientos, podrán ser suspendidos definitivamente, en los puestos para los cuales fueron electos o designados, en los siguientes casos: V. Abuso de autoridad, en perjuicio de la comunidad del municipio; VI. Omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones así como (VII) ejercer conductas que violan o vulneran los derechos humanos”.

El artículo 59 refiere además que, “cuando por cualquier otra causa, no comprendida en el artículo 57, el ayuntamiento deje de funcionar normalmente, desacate reiteradamente la legislación estatal o federal, o quebrante los principios del régimen federal o de la Constitución Política del Estado, el Congreso lo suspenderá definitivamente y nombrará un ayuntamiento interino, aplicándose, en lo conducente, lo establecido en el Capítulo anterior”.

“La figura que permitiría al Gobierno del Estado asumir el mando de un municipio es la de tipo intervención, es una medida extraordinaria que tiene como objetivo garantizar el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Para que el Gobierno estatal pueda intervenir en un municipio, es necesario que se presente alguna de las siguientes situaciones: que el ayuntamiento esté en quiebra, que haya ingobernabilidad, que se ponga en riesgo la seguridad de la población, que se presenten actos de corrupción o que se incumpla con las obligaciones constitucionales”, señaló Vidaña.

En caso de que se presente alguna de estas situaciones, el Gobierno estatal puede pedir la intervención al Congreso del Estado, el cual deberá analizar la solicitud y emitir un dictamen, abundó.

El fundamento del municipio está en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los municipios son entidades autónomas y libres para gestionar su patrimonio, Gobierno y servicios públicos. Sin embargo, también señala (puntualizó Vidaña Manjarrez) que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tienen la facultad de intervenir en un municipio cuando existan causas graves de ingobernabilidad, afectación a la seguridad pública, el patrimonio municipal esté en peligro, se ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Municipio o existan actos de corrupción.

“Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan”, apuntó.

El abogado enfatizó que para combatir la “narcopolítica” en Nuevo Casas Grandes, es importante entender las raíces del problema y buscar soluciones efectivas y sostenibles. 

Los poderes políticos y económicos en la región a menudo se han entrelazado con los grupos criminales, lo que ha generado corrupción e impunidad, dijo.

Una estrategia clave sería realmente poner bajo escrutinio y análisis al Ayuntamiento y sus autoridades para poder ver si cumplen cabalmente sus funciones y obligaciones, así como fortalecer las instituciones de esa localidad y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del Gobierno. 

Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad pública para prevenir la corrupción, subrayó.

También se podrían implementar políticas para fomentar la participación ciudadana y la construcción de una sociedad civil activa y empoderada. 

Esto podría incluir la creación de espacios para el diálogo y la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la implementación de programas de educación cívica para fomentar la responsabilidad social y la transparencia en la gestión pública.

Otra estrategia clave sería la cooperación y el intercambio de información entre los distintos niveles del Gobierno, incluyendo la colaboración con las fuerzas federales y otros estados de la república, para combatir el crimen organizado y desmantelar las redes de corrupción.