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Estado
jueves, 19 marzo 2020 | 06:00
Chihuahua— Diputados locales aprobaron ayer la Ley de Transporte a puerta cerrada, por lo cual impidieron acceso a medios y público en general argumentando medidas contra el coronavirus.
Antes, transportistas acudieron al edificio, quebraron vidrios y se pelearon con elementos de seguridad, irrumpieron durante varios minutos en el Congreso y luego se retiraron.
La primera aprobación se dio durante la mañana de ayer en la comisión de Obras Públicas y Servicios, en la cual el dictamen se avaló por Rocío González (PAN), presidenta de la comisión, así como Jesús Valenciano (PAN), Carmen Estrada (Morena) y Arturo Parga (MC). A la cita no acudió Marisela Sáenz (PRI), quien acusó de “albazo” y condenó la forma en la que se hizo la votación.
Alrededor de las 5:00 de la tarde, media hora antes de iniciar la sesión programada, los transportistas se metieron a la fuerza al edificio, pero tras retirarse, la sesión inició y la ley se aprobó con 24 votos a favor, 2 abstenciones (Lourdes Valle de Morena y Alejandro Gloria del PVEM), y con la ausencia de la bancada del PRI.
Uber y Didi pagarán impuestos
La nueva Ley tiene 187 artículos y entre ellos se contempla la regulación y pago de impuestos a empresas como Uber y Didi. A éstas se les exigirán seguros para pasajeros, pago de derechos estatales por el orden del 1.5 por ciento por cada viaje, y se les obliga a informar a la autoridad mensualmente de sus conductores y unidades.
Se estableció además un descuento fijo del 50 por ciento para adultos mayores, estudiantes e integrantes de etnias indígenas.
Elimina herencia de concesiones
También se redujo de 15 a 10 años el tiempo de vigencia para las concesiones, y se elimina la herencia de esos permisos; en éste tema quedó definido que cuando un concesionario fallezca o tenga calidad de ausencia, ese permiso debe concursarse y habrá preferencia para sus familiares en igualdad de condiciones con otros interesados.
Mientras que en los artículos transitorios se establece que serán revisadas cada una de las 2 mil 727 concesiones vigentes, para determinar cuáles incumplen con la prestación del servicio y con la antigüedad mínima de sus unidades, que debe ser no mayor a 10 años, disposición que incluye a quienes tienen permisos de transporte especial (de personal), de los que existen 5 mil 252.
La legislación contempla además esquemas de financiamiento a los concesionarios que se apeguen al programa de modernización y regularización para adquirir nuevas unidades, mediante un fondo de garantías líquidas de 250 millones de pesos (mdp) que dispone el Gobierno del Estado, en acuerdo con Bancomext y Nacional Financiera.
Asimismo el documento aprobado quita a la Secretaría General de Gobierno la Dirección de Transporte, y la pasa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, aunque ello aplicaría 90 días naturales después a publicarse la ley en el Periódico Oficial del Estado.
La nueva Ley condiciona al concesionario a someterse a un escrutinio por la autoridad a los 10 años de operarla, para comprobar si la ha explotado realmente y si la forma en que lo hizo es la adecuada, lo que le permitirá mantenerla por diez años más, es decir, podría sumar hasta 20 años con ella.