Piden investigar propiedades de secretarios

Chihuahua— Diputados y abogados pidieron una revisión a las declaraciones patrimoniales de tres funcionarios estatales que adquirieron propiedades por varios millones de pesos.

Los legisladores locales Omar Bazán, del PRI, y Miguel Ángel Colunga, de Morena, señalaron que es responsabilidad tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Fiscalía Anticorrupción investigar cada caso.

Bazán expresó que solicitará que se realicen indagatorias necesarias para establecer la manera en la que los funcionarios pudieron hacerse de bienes de millones de pesos en cuestión de unos cuantos años. 

Se trata del secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda; la coordinadora de Relaciones Públicas, Alejandra Porras Chavira, y el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, que han adquirido posesiones por un millón 405 mil 293.75, un millón 980 mil y 2 millones 680 mil pesos respectivamente.

Los abogados Héctor Villasana Ramírez y Francisco Flores Legarda se pronunciaron a favor de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una investigación del patrimonio de los servidores públicos de la administración de Javier Corral Jurado.

Villasana dijo que generan suspicacia y dudas en la ciudadanía que funcionarios de primer nivel dentro del gabinete adquieran dichas propiedades por montos elevados, cuando sus percepciones, si bien son importantes, no dan para esas compras.

“Aquí lo que inmediatamente debe ocurrir es que la Función Pública audite a los servidores públicos expuestos, para determinar de dónde salió ese dinero para la adquisición de dichas propiedades”, dijo.

Flores Legarda, abogado y profesor universitario, mencionó que la corrupción está en todos los gobiernos y si bien Corral sólo ve hacia el pasado, nada ha hecho para investigar y sancionar los actos de corrupción en su gobierno.

“En los más de cuatro años del gobierno de Javier Corral no hemos visto una sola detención o carpeta de investigación en contra de servidores de la actual administración, y no hay más que dos interpretaciones”, dijo. “Una, que la corrupción ha sido erradicada como por arte de magia o que se tapen los ojos para no verla ni exhibirla o castigarla”, concluyó.

Entre los casos destaca el de Almeida Grajeda, quien siendo funcionario público adquirió una propiedad en noviembre de 2018 con un valor de 644 mil 994.03 pesos y otra en junio del presente año, esta última por un monto de 760 mil 299.72 pesos. Ambas las pagó al contado. 

Además en el 2017, cuando ya era secretario de Desarrollo Rural del Estado, recibió por parte del Registro Agrario Nacional cinco parcelas en el municipio de Namiquipa, todas otorgadas en julio de ese año.

Almeida tiene una percepción mensual de 76 mil 867 pesos, de ésos, 36 mil 582 pesos corresponden al sueldo base y 40 mil 285 a compensaciones. (Orlando Chávez / El Diario)

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