Pide magistrado prisión para Corral

Chihuahua— El magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, presentó ayer una denuncia en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y la exconsejera de la Judicatura Luz Estela ‘Lucha’ Castro Rodríguez por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por el cual el denunciante solicitó de manera expresa la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

En la querella, el magistrado justifica la necesidad de la prisión preventiva por la falta de arraigo en México de ambos denunciados, puesto que en diversos medios de comunicación se ha establecido que en los dos últimos años Castro ha residido en Barcelona, España.

Mientras que Corral es ciudadano estadounidense y viaja constantemente a aquel país, así como a otras ciudades de México, por lo que existe un riesgo fundado de que, una vez que se ejerza la acción penal, se sustraigan de la acción de la justicia.

Alrededor de las 11:00 horas, Sepúlveda Reyes acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde expuso que la denuncia deriva del nombramiento de Luz Estela Castro como consejera del Consejo de la Judicatura Estatal el 24 de mayo del 2017, bajo el acuerdo 103/2017 expedido por el gobernador Javier Corral Jurado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de mayo del mismo año, pese a que la abogada no cumplía con la edad requerida para ocupar el cargo.

El magistrado indicó que, según la Constitución Mexicana, podrán ser consejeros aquellas personas no mayores a 65 años, lo cual también ha sido ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, Castro Rodríguez tenía 65 años, 2 meses y 24 días cuando se sumó a la Judicatura.

En la querella Sepúlveda detalló que el exmandatario habría incurrido en el delito previsto en la fracción primera del artículo 253 del Código Penal del Estado, que señala que incurre en ejercicio ilegal del servicio público quien designe a una persona para ejercer un empleo, cargo o comisión sin satisfacer todos los requisitos legales.

Mientras que ‘Lucha’ Castro habría cometido el mismo delito de conformidad con la fracción tercera del citado artículo por haber ejercido un empleo, cargo o comisión encontrándose inhabilitada para hacerlo.

Dicho delito se sanciona con penas de uno a tres años de prisión y de 25 a 250 días de multa. Además, de conformidad con el artículo 252, fracción tercera, los servidores públicos que incurran en este tipo de ilícitos pueden ser sujetos a una inhabilitación de tres a 15 años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.

“Una persona como el gobernador Javier Corral que es abogado, conocedor y perito en Derecho, flagrantemente y con todo el dolo violó la ley para hacer ese nombramiento de la señora Luz Estela Castro”, puntualizó Sepúlveda.

Refirió que también será importante revisar todo lo que ocurrió dentro del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura durante la administración de Corral para determinar el impacto de la presencia de Castro dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El magistrado dijo que prefirió no hacer la denuncia antes pues ambos funcionarios contaban con fuero constitucional en ese entonces, además de que no tenía confianza en las instituciones encabezadas en ese momento por Corral.

Destacó que ahora existe credibilidad en la Fiscalía, a la que pidió apegarse estrictamente a la normatividad que establecen las leyes para la integración de la carpeta de investigación que derive de esta denuncia. 

Advierte más acciones

Gabriel Sepúlveda adelantó que esta denuncia penal no será la única acción que tome para desterrar las malas prácticas y fortalecer al Poder Judicial, sino que en el futuro interpondrá más recursos iguales y por la vía administrativa.

Reconoció que durante el quinquenio pasado fue común la designación de jueces y magistrados de consigna, incluido el ya jubilado Julio César Jiménez Castro, que ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia hasta que la SCJN revocó su nombramiento y se puso en su lugar a Pablo Héctor González Villalobos que, a su parecer, también actuó en contubernio con el exmandatario.

Indicó que durante esa época fueron varias las intervenciones que vulneraron la independencia y autonomía del Poder Judicial, incluyendo llamadas y mensajes del entonces gobernador para influir en las decisiones del Tribunal, lo cual se hizo de dominio público.

“Lo importante aquí es que las acciones las estamos promoviendo para fortalecer al Tribunal Superior de Justicia. Las circunstancias son otras, los anteriores presidentes propiciaron el contubernio, esa crisis de inconstitucionalidad que existía en Chihuahua, pero afortunadamente cambiaron las circunstancias”, dijo.

Destacó el trabajo de la magistrada presidenta Myriam Hernández Acosta, quien con su experiencia y larga trayectoria, está buscando robustecer al TSJ, acabar con el uso de magistrados y jueces de consigna y, sobre todo, con persecuciones como las que ella, el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y él mismo sufrieron en años pasados.

“Un Poder Judicial fuerte, robusto, es un Poder Judicial que da certeza y seguridad a los ciudadanos. Que exista la confianza en jueces y magistrados es un poder que dará mucho a la ciudadanía, por ello la preocupación que se termine como lo está haciendo la presidenta”, dijo.

Finalmente, descartó que la querella que presentó sea un acto de venganza, sino que se trata de una obligación moral y profesional que tiene como funcionario judicial, para mejorar la impartición de justicia en la entidad. 

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