Pide diputada extender Fiscalía de la Mujer a todo el estado

Chihuahua, Chih.- La diputada Ivón Salazar hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que extienda por todos los municipios del estado el campo de acción de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

La legisladora priista, aseguró que existe la urgente necesidad de que se actué bajo la visión de una perspectiva de género que en la procuración de la justicia y reconoció que a casi 12 años de la creación de la Fiscalía especializada, se han presentado diversos avances como la inclusión de los delitos cometidos contra la familia, que deben atenderse con perspectiva de género como pilar fundamental en la procuración y administración de la justicia.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se cometieron 112 mil 300 delitos contra mujeres, que representan un 33.2 por ciento del total de delitos cometidos y en cuanto a Feminicidio, en 2022 sumaron 858 en todo el país, más del doble de los registrados en 2015 y Chihuahua se encuentra en el séptimo lugar con 35 feminicidios a noviembre de 2022.

“Debemos reconocer que pese a los esfuerzos de la Fiscalía General, sus recursos humanos y materiales son limitados y además las incidencias rebasan muchas veces sus capacidades; sin embargo, no actuar con perspectiva de género, es incumplir con recomendaciones de orden internacional hechas no sólo a Chihuahua, sino al Estado Mexicano, declaró Salazar Morales.

El caso de Camargo

En específico, cuestionó que en  el caso de la joven camarguense que recibió 47 lesiones punzocortantes en el cuello, cara, pecho, brazos, y manos, por parte de su pareja, ambos menores de edad, la investigación fue  por otros delitos y no como tentativa de feminicidio, a pesar de que todo apunta a esta tipificación.

La legisladora condenó está agresión  no solo por lo que vivió la victima ante su victimario, sino porque su acceso a la justicia fue limitado  por falta de perspectiva de género, pues no se hizo la investigación adecuada porque  el delito ocurrió en un municipio donde no hay presencia de la fiscalía especializada y por lo tanto, es evidente que el actuar del ministerio público, en ese caso en particular, fue carente de una perspectiva de género.

De manera oficial, la representante propuso sanciones para servidores públicos que tipifiquen un hecho como delito de menor gravedad a beneficio del agresor, con el fin de ser congruentes y  racionales a la hora de encuadrar las conductas tipificadas en el Código Penal del Estado.

Planteó agregar una fracción el artículo 288 del Código Penal del estado, que se sancione con dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que omita, altere o simule elementos de prueba para encuadrar la conducta en un hecho típico diferente o de menor gravedad o deliberadamente lo haga con el propósito de beneficiar al imputado.