Diario
Estado
lunes, 29 julio 2019 | 13:14
Chihuahua.- En los primeros días de septiembre del 2018, durante el homenaje póstumo a cuatro agentes de la policía Estatal asesinados en el municipio de Bocoyna, el comisionado Oscar Aparicio Avendaño afirmó ante los féretros y familiares de los policías abatidos que el crimen no quedaría impune y que los deudos tendrían todo el apoyo del Estado.
A casi un año los asesinatos siguen impunes y tanto las viudas como los hijos de esos y otros policías caídos en el cumplimiento del deber aún esperan justicia y que les sean concedidas las pensiones que les corresponden.
El gobernador del Estado, Javier Corral -quien no asistió a aquella ceremonia luctuosa en la que fueron despedidos los agentes– presentó apenas el pasado 24 de julio iniciativas de decreto ante el congreso local para que sean otorgadas las pensiones que corresponden a las familias de 8 policías asesinados en hechos ocurridos durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre del 2018.
Los beneficiarios, 8 viudas y 13 huérfanos, aún deben esperar la autorización del Congreso para que la prestación les sea otorgada.
EL ATAQUE EN BOCOYNA Al agente Martín Rafael Alemán Hinojos, lo velaron el 9 de septiembre en una funeraria de la capital lejos de los honores que ese mismo día realizó la Comisión Estatal de Seguridad a los tres compañeros que, junto con él, murieron durante un ataque del crimen organizado en la comunidad de El Nogal, municipio de Bocoyna.
La familia de Alemán rechazó acudir a los honores porque en vida así él lo había pedido. Consideraba que la ceremonia oficial implicaba un doble dolor al que no deseaba someter a su esposa y tres pequeños hijos.
“Aquí estamos los que lo apreciábamos, aquí es de verdad el duelo que se siente. Allá es pura hipocresía”, dijeron durante el sepelio algunos policías que acudieron a brindarle el último adiós.
A kilómetros de distancia, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, las salas sonaban en honor a los caídos y el discurso del respaldo total se dejaba escuchar.
Hasta hoy la viuda de Alemán y sus tres hijos sobreviven sin que la pensión les sea liberada.
Lo misma situación enfrenta la esposa y el hijo de Domingo Santiago Herrera, y la viuda y el huérfano de Edgar Chavira Jiménez, los dos agentes que también fallecieron en la emboscada a estatales del 6 de septiembre en Bocoyna.
CUMPLIRÁ UN AÑO A LA ESPERA DE LA PENSIÓN A unos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso, los dos hijos y la esposa del agente Jorge Armando Salcido Ramírez esperan por el apoyo de la pensión que legalmente les corresponde.
Salcido falleció el 9 de agosto. Tenía 30 años y era agente de la Comisión Estatal de Seguridad. Ese día, pasadas las 14:00 horas, fue atacado por hombres armados que lo sorprendieron en la avenida Tomás Valles, a unos cuantos metros de su cruce con La Cantera.
No tuvo posibilidad de reaccionar, su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto.
Las primeras versiones señalaban que el joven policía estaba asignado a la escolta de un alto mando de la corporación, pero oficialmente las autoridades no lo consignaron.
La solicitud para que a sus deudos les sea entregada la pensión, fue solicitada apenas el pasado miércoles.
DOS MUERTOS, CUATRO HUÉRFANOS Los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Salvador Bárcenas Saavedra y Ricardo Ruvalcaba González, murieron el 14 de abril en un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes de un grupo delictivo, en la vía Parral-Chihuahua.
Sus cuerpos fueron encontrados tendidos junto a la carretera, durante la mañana poco después de que fueran interceptados por civiles armados cerca del puente El Velduque. La camioneta en la que viajaban los agentes estaba calcinada.
Bárcenas, al igual que Ruvalcaba, tenía dos hijos. A quince meses de los hechos en los que perdieron la vida, en ninguno de los dos casos las pensiones les han sido concedidas a sus familias, pues esperan por ser dictaminadas en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.
SIN PENSIÓN A CASI UN AÑO Y MEDIO José Monserrat Portillo Torres, de 30 años era licenciado en Criminología. Tenía un año y seis meses en la Comisión Estatal de Seguridad, cuando lo ejecutaron el 3 de mayo del 2018.
El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 1 de la carretera a Aldama. Sujetos armados al agente y le dispararon en repetidas ocasiones.
Portillo logró manipular su vehículo y brincar el camellón e un intento de escapar, sin embargo recibió serias lesiones que terminaron con su vida mientras recibía atención médica hospitalaria.
Su esposa y su hijo, aún no reciben la pensión.