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Estado

Pedirá ‘tumbar’ testigos defensa de César Duarte

Algunos culpan al exgobernador y a Carlos Hermosillo de presionarlos

Argelia Domínguez
El Diario de Chihuahua

martes, 07 junio 2022 | 07:28

El Diario de Chihuahua | El exmandatario estatal

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Chihuahua.– La defensa de César Duarte Jáquez, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, adelantó que solicitará al juez de control, Humberto Chávez Allende, que desestime las declaraciones aportadas por testigos con identidad reservada dentro de la causa penal 3041/2019, por la que se acusó al exmandatario de los delitos de peculado y asociación delictuosa en perjuicio del Gobierno del Estado por un monto de 96 millones 665 mil 253.80 pesos, que fue entregado la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R.

El defensor señaló que en la audiencia de vinculación o no a proceso, que se realizará el próximo miércoles, argumentarán que las declaraciones de estas personas no pueden ser tomadas en cuenta como datos de prueba para determinar la situación jurídica de su representado. 

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Sánchez Reyes Retana prefirió reservarse el sentido de los argumentos que presentará ante el juez, para no contaminar su estrategia de defensa. 

Durante la exposición de antecedentes de prueba, el Ministerio Público dio lectura a las declaraciones de siete testigos con identidad reservada, algunos de los cuales formaron parte de la administración de César Duarte y conocieron o incluso participaron en los presuntos desvíos que la Fiscalía General del Estado (FGE) atribuye al exmandatario. Es decir, son coimputados dentro de la causa penal 3041/2019, que se sujetaron a un criterio de oportunidad.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 256, establece que, iniciada la investigación, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. 

Sin embargo, en ninguna de las causas penales en las que se ha recurrido a esta figura se había tenido por asegurada la reparación del daño. 

Además, el mismo código procesal señala que no se aplicarán estos criterios en delitos que afecten gravemente al interés público, como ocurre en casos de corrupción que generaron perjuicios al Estado.

Entre las personas con identidad reservada que rindieron declaración contra César Duarte está el testigo de clave 56RT65PW7, quien se desempeñó como secretario de Hacienda bajo las órdenes directas del exgobernador.

Se trata de Jaime Ramón Herrera Corral, quien tuvo conocimiento de la mayoría de los actos de corrupción cometidos en la administración 2010-2016, pues él mismo giró las instrucciones para simular procedimientos administrativos que justificaran la salida de recursos públicos, incluyendo los que se destinaron a la Unión y la Financiera División del Norte. 

Está la entrevista hecha al testigo KA5P23/2019, que también trabajó como secretario de Hacienda, pero de 2010 a 2012. El declarante es Cristian Rodallegas Hinojosa, quien dijo que desde el arranque de la administración se le hicieron solicitudes para liberar recursos de la bolsa de la Secretaría de Desarrollo Rural sin que hubiera justificación alguna; sin embargo, en 2011, el propio Duarte le dijo que cualquier petición que le hiciera el titular de dicha dependencia, Octavio Legarreta Guerrero, ya tenía su aprobación personal, por lo cual debía atenderla de inmediato. 

También expresó que había especial interés en que diera celeridad a la tramitación de apoyos y recursos para la Unión Ganadera División del Norte, para lo cual acudían Legarreta y Carlos Hermosillo Arteaga, entonces director de Fideapech y representante de dicha Unión.

Refirió que fue entonces cuando comprendió que el mandatario tenía un interés personal en estos asuntos y por ello se sintió imposibilitado de negarse a autorizar suficiencias presupuestales o firmar convenios y contratos en favor de esa asociación. 

Por otra parte, se encuentra el testigo 5M4GYUH19A/2019, que manifestó haber ocupado el cargo de director General de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda. 

En dicho puesto se desempeñó Rafael Mata Márquez hasta 2014, cuando fue relevado por Guillermina Hernández Vázquez, quien también rindió declaración sin sujetarse a mecanismos de protección. 

Mata Márquez no ha sido procesado por ningún caso de corrupción. En su entrevista reconoció que como funcionario estatal firmó suficiencias presupuestales indebidas, pero sólo lo hizo porque era orden de César Duarte, que recibió a través de Carlos Hermosillo.

Tras su salida de Gobierno ocupó el cargo de Tesorero del Ayuntamiento de Chihuahua durante los últimos seis meses de la administración de Javier Garfio Pacheco. En noviembre de 2021 fue designado subdelegado de Desarrollo Social y Humano. 

De igual manera fue posible identificar al testigo FE54HD7FHJW/2019 como Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, quien encabezó la Dirección de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero.

Dicho exfuncionario fue vinculado a proceso en 2017 por delitos electorales investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) relacionados a la entrega de 63 millones 833 mil 333 pesos al PRI estatal entre 2014 y 2015.

No obstante, nunca ha sido llevado ante tribunales por otros desvíos pese a que participó en ellos. 

Al igual que otros testigos, expresó que su intervención en los ilícitos se debió a las presiones de sus superiores jerárquicos, particularmente de Duarte y su “mano derecha”, Carlos Hermosillo. 

El testigo 67HB6JA9K2S/2018 señaló haber trabajado como director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, dependiendo del secretario Jaime Herrera. Entre 2010 y 2016 ocuparon este puesto Luis Jesús Ruiz Palma, Rafael Arteaga Maldonado y Jesús Olivas Arzate. 

Ruiz Palma rindió declaración sin ocultar su identidad para aclarar que fue despedido en 2012 por orden del exgobernador por haber cuestionado los movimientos irregulares que se realizaban dentro de la dependencia para liberar recursos de Desarrollo Rural. 

Por su parte, Rafael Arteaga, que llegó en 2012, fue unos de los exfuncionarios duartistas que de inmediato se ampararon al arrancar la Operación Justicia para Chihuahua. Hasta la fecha no se le ha procesado en una sola causa penal. 

Jesús Olivas Arzate ha sido testigo protegido en diversas investigaciones, al igual que Miguel Ángel Mezquitic, fue vinculado a proceso por delitos electorales en una causa federal. No hay otro caso por el que haya sido llevado ante un juez. 

Todos los testigos protegidos manifestaron que colaboraron en la liberación de recursos, en la firma de contratos y convenio y en la autorización de pagos que sabían que eran injustificados porque fueron presionados tanto por César Duarte como por el entonces secretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta Guerrero, y por Carlos Hermosillo Arteaga, que por un período estuvo a cargo de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda y que era socio de la Unión Ganadera División del Norte y de la Financiera de la División del Norte. 

Hay otro testigo que no fue parte de la administración estatal. El testigo identificado con la clave PYRTJ/2018 manifestó que trabajó entre 2015 y 2016 en la Ganadera Saucito Balleza, conformada por el exmandatario, su esposa, Bertha Gómez, Fong y sus hijas Bertha Isabel y Olga Sofía.

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