Diario
Estado
martes, 21 mayo 2019 | 08:10
Chihuahua— El exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, y el exfuncionario de Hacienda, Antonio Tarín, volverán hoy ante un juzgado de Control como parte del proceso penal que el Estado lleva su contra.
Ambas audiencias serán a las 9:30 de la mañana; en el caso del primero, la Fiscalía solicitará aumentar el plazo para realizar la investigación por el presunto desvío de 23 millones de pesos, mientras que en el segundo de tiene programada la preparación de juicio oral.
Según la causa penal 11/2019, a Marcelo González le atribuyen hechos de abril de 2015, cuando el imputado se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) y como director general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), durante la administración de César Duarte.
La Fiscalía asegura que, junto a diversos servidores públicos, distrajo la cantidad de 23 millones 200 mil pesos, la cual estaba destinada a fines públicos dentro del sector educativo.
El exfuncionario estatal, habría simulado un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales con la empresa Explocean S. de R.L., consistente en “Asesoría Técnica y Financiera para el Análisis de la Recuperación y/o Reestructura y/o Regularización con base en una determinación de incremento o déficit al presupuesto del fondo de aportación para la educación”, sin haber registro de ello.
En cuanto a Tarín, se le acusa de desviar 12 millones de pesos a través de la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra S. A. de C. V., para beneficiar al exauditor Jesús Esparza Flores, por un compromiso que César Duarte Jáquez tenía con él, ya que supuestamente ocultaba las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Para realizar la simulación, el imputado firmó el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la mencionada empresa, para la supuesta prestación de servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.
La representación del MP ha relatado que posterior al contrato, fueron creados archivos para tratar de justificar la prestación, pero se trataba de documentos que no tenían relación con el servicio contratado.
En las investigaciones ministeriales asentadas en la causa penal 2159/2017, se determinó que Hinfra S. A. de C. V., no contaba con recursos para llevar a cabo el servicio.