Pagó Corral casi 100 mdp por manejo de deuda

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó probables incumplimientos en un convenio por el que, entre 2019 y 2020, la Secretaría de Hacienda de la anterior administración pagó 98.6 millones de pesos a un despacho por asesoría para la reestructura de la deuda pública pero sin evidencia, informó la revisión, de la ejecución de la totalidad del trabajo.

“Las actividades de los servicios facturados por la moral López Elías Finanzas Públicas, S.C., y pagados por la Secretaría de Hacienda del Estado, respecto de la Primera Etapa de la Reestructura de la Deuda Pública, no guardan congruencia cronológica con el inicio, desarrollo y conclusión de cada actividad, toda vez que el contrato de prestación de servicios (…) establece que las obligaciones y derechos derivados del contrato, iniciarían su vigencia a partir del 6 de julio de 2019, fecha en que se firmó”, dice la ASE en un análisis difundido ayer.

“Sin embargo en el Anexo 2 del contrato citado, se enlistan las actividades en las que el prestador de servicios presumiblemente prestó sus servicios, previamente a la celebración del contrato. Por lo que derivado de lo anteriormente expuesto, se presume que la entidad fiscalizada, pagó servicios profesionales mediante la celebración de un contrato en el cual se incluyeron como parte del objeto, servicios profesionales de asesorías con efecto retroactivo, que, conforme a la documentación e integración de las evidencias y etapas de la reestructura, ya habían sido realizadas y concluidas por la entidad fiscalizada, previo a la contratación del prestador de servicios”, agrega el texto.

Estas observaciones son parte de una lista que incluye también falta de suficiencia presupuestal para el convenio, falta de investigación de mercado, de dictamen de excepción y procedencia que acredite la necesidad de pagar por asesoría; “prestador de servicios sin registro de inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua”, ausencia de garantías de cumplimiento y de captura en el Sistema Electrónico oficial, así como de revisión y validación de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.

El diagnóstico fue incluido en los informes sobre la cuenta pública de 2021 como una “Auditoría Especial forense practicada a la Secretaría de Hacienda” y enfocada en los pasivos estatales.

El texto señala que, de un total de 170 acciones reportadas en la memoria del contrato con el despacho privado, 137 obedecen a descripciones, relatorías o documentos oficiales, “sin que se anexe la evidencia del desarrollo de dichas actividades, tales como los análisis de la información financiera y jurídica, elaboración de diagnóstico sobre la situación financiera del Estado, etcétera”.

Asimismo, dice, se presentaron como evidencia de los servicios documentos oficiales que emanan de las gestiones que competen al Estado por conducto del Departamento de Información Financiera, como las convocatorias, bases del proceso, actas de las juntas de aclaraciones, negociaciones con las instituciones financieras, interacciones con las empresas calificadoras, inscripciones en el Registro Público Único, entre otras, sobre las que no se acreditó fehacientemente, afirma la ASE, la participación o ejecución por parte del prestador de servicios.

“Derivado de lo anteriormente expuesto, se presume que la entidad fiscalizada erogó un total de $98,600,000.00 incluyendo el I.V.A, por la prestación del servicio contratado, sin embargo la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia que acredite la participación y prestación del servicio de la totalidad de las actividades por parte del prestador de servicios respecto de la Primera y Segunda Etapa”, dice la ASE.

“La denominada memoria documental la cual debería reflejar las acciones que el prestador de servicios realizó, conforme a lo establecido en el tercer párrafo de la Cláusula Sexta denominada ‘Ejecución de los Servicios’ del Convenio modificatorio de fecha 31 de diciembre de 2019, no acredita plenamente que las actividades consignadas en los anexos mencionados fueron ejecutadas por el prestador de servicios”, agrega.

El objeto primordial de los servicios contratados, indica la ASE, consistió en “la estructuración de la reestructuración jurídica y financiera para que el Estado celebre los actos que se requieran para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública directa, indirecta y/o contingente”.

Este medio marcó ayer por la tarde al número que aparece en el sitio electrónico del despacho citado –con oficina en la Ciudad de México–, pero no hubo respuesta.

La ASE advierte que denunciará ante su instancia investigadora para que, en su caso, promueva acciones por la posible comisión de irregularidades u omisiones por servidores públicos que “autorizaron, contrataron, no supervisaron y ejecutaron pagos del contrato de prestación de servicios profesionales anteriormente referido en contravención a la normativa aplicable, así como del particular por la prestación de servicios profesionales que presumiblemente no se encontraron debidamente realizados”.