Organizaciones reprueban perdón de diputados a corrupción

Chihuahua.- Organizaciones como Red de Participación Ciudadana y Wikipolítica reprobaron el “perdón” que legisladores otorgaron a varias dependencias señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por cometer posibles irregularidades administrativas y daños a las arcas públicas.

“Que el Congreso tenga esas facultades más allá de lo técnico hace que se presenten circunstancias políticas que ponen en duda el trabajo de fiscalización de los diputados”, dijo Francisca Jiménez, coordinadora de la Red de Participación Ciudadana, quien junto con otras organizaciones y colectivos ha tratado de impulsar reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado para otorgarle mayor autonomía a la ASE.

“Estamos en el peor de los mundos”, comentó René Moreno Medina, integrante de la organización Wikipolítica. “No estoy acusando, pero puede darse el caso en el que los diputados puedan negociar las cuentas auditadas por asuntos políticos”, comentó. Francisca Jiménez señaló que los legisladores han atrasado la discusión de la ley porque no quieren ceder a la posibilidad de negociación.

“Yo no me explico por qué, entre todas las fracciones parlamentarias, se permiten tanta dilación para aprobar una ley que es tan importante”, sostuvo la coordinadora de Red de Participación Ciudadana, quien también dijo lamentar el letargo legislativo para darle a la ASE mayor autonomía técnica.

“Yo estuve platicando con algunos diputados y dijeron que ya se habían entregado las observaciones a la Ley de Fiscalización Superior; el Congreso la turnó a comisiones unidas, donde estaría la Comisión de Fiscalización, Transparencia y Anticorrupción. No han podido instalar la mesa, es vergonzoso que esto esté pasado. Yo estuve en la sesión convocada, y no procedió la instalación porque no hubo quórum”, comentó Jiménez.

Moreno Medina, quien también funge como comisionado del Comité de Participación Ciudadana, opinó que mientras no exista una reforma a la Ley de Fiscalización Superior, este tipo de casos van a seguir pasando año tras año.

De aprobarse la nueva ley, la ASE tendría las facultades de iniciar acciones legales ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o cualquier autoridad interna de las entidades fiscalizadas.

La semana pasada, diputados del Congreso “perdonaron” mil 143 millones de pesos en irregularidades detectadas por la ASE, en las cuentas públicas del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), el Instituto del Deporte y Pensiones Civiles del Estado (PCE), correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Los informes técnicos de resultados presentados por los auditores contenían graves y múltiples observaciones, algunos con vistas a la Fiscalía General del Estado (FGE), por la probable comisión de faltas administrativas, civiles y penales; pero estos fueron “lavados” por los diputados locales encabezados por la bancada del PAN, quienes modificaron de último momento el sentido de los mismos; otros dictámenes los votaron en contra y/o regresaron a la Comisión de Fiscalización.

“Lo que vimos la semana pasada es una evidencia de la necesidad de tener ya aprobada la nueva Ley de Fiscalización”, manifestó Héctor Acosta Félix, auditor superior de Chihuahua. El auditor explicó que la aprobación de cuentas públicas por parte de los legisladores es un proceso que está “superado prácticamente en todos los estados y en la federación”, donde fue removida dicha atribución en el 2000.

“El proceso de fiscalización, determinación y solventación de observaciones es un proceso completamente técnico, es un proceso meditado, reflexionado y analizado en un ámbito y un espacio completamente ajeno a la parte política. Es exclusivamente técnico; el perfil de las personas que forman parte de la ASE es precisamente el necesario para hacer ese tipo de análisis, tanto el grupo de auditores, que son especialistas en el tema, como el grupo de abogados”, explicó el auditor superior de Chihuahua, luego de afirmar que la fiscalización debe ser autónoma.

Héctor Acosta señaló que la Ley General de Responsabilidades estableció que las legislaturas locales deberían adecuar sus disposiciones legislativas al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la cual otorga mayor autonomía a la ASE.

“Entonces, la Ley de Fiscalización debió haber sido modificada como plazo máximo en julio de 2017.Tenemos dos años de incumplimiento a la fecha que estableció la Cámara de Diputados”, dijo.

Además, la reforma a la Ley de Fiscalización Superior eliminaría el riesgo de influencia que podrían ejercer los diputados locales en aspectos técnicos de las cuentas públicas auditadas.

“El Congreso del Estado tiene grandes ingredientes políticos”, comentó el auditor superior.