Estado

Ordena juez desalojar a invasores de Pensiones

Interpondrán amparo

Silvestre Juárez/El Diario

Miguel Silva/El Diario de Chihuahua

domingo, 20 octubre 2019 | 09:51

Chihuahua.- El juez Ricardo Márquez ordenó la restitución de diez de las viviendas invadidas en elfraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) a favor de esta institución, al desechar los argumentos de la defensa de los imputados, pues consideró que existen elementos suficientes para establecer el delito de despojo en contra de los ocupantes de estas propiedades.

Ayer, seis personas más fueron vinculadas a proceso por lo que ya son diez los que enfrentan la acción de la justicia por el delito de despojo, sin embargo, anunciaron que mañana habrán de interponer un amparo con el cual pretenden evitar ser desalojados.

Durante la audiencia, el juez vinculó a proceso penal por el delito de despojo a Adrián G. T., Luis Ángel M. M., Sandra Abigail R. P., Joana Cristina I. P., Liliana M. B. y Juan Manuel A. V., quien el pasado 17 de septiembre ofrecieron regresar las viviendas que habitan a más tardar el primero de octubre, situación que no ocurrió y es por eso que se encuentran en el proceso jurídico.

Estas personas se suman a Claudia Ivonne G. N., Guadalupe P. B., Juan Manuel B. Ch., y Miguel Alberto M. M., bajo la causa penal 2509/2019, quienes desde el pasado mes aceptaron enfrentar el proceso legal, pues sostienen que no van a entregar las viviendas bajo el argumento de que el derecho les asiste, al asegurar que se apropiaron de buena fe de estas propiedades y que tienen la intención de pagar, pero el gobierno no ha querido.

Por tratarse de la misma causa penal, las diez personas comparecieron ante el juez y su abogado defensor argumentó que, la restitución no se puede dar, pues la ley en el caso de despojo no protege la propiedad del bien, sino la posesión y en este sentido sus representados tienen la posesión desde el 2018 e incluso han tramitado servicios básicos como energía eléctrica ante la CFE y gas natural, cuyos recibos de cuenta presentó como evidencia.

Además, sostuvo que en las viviendas viven menores de edad y que se debe garantizar el cuidado de estos, tal como lo establece la constitución, así mismo, pidió que el caso fuera llevado por un juez civil y no penal.

Sin embargo, el juez Ricardo Márquez, desechó estos argumentos al señalar que, es PCE quien tiene la propiedad de las viviendas, así como el derecho a disponer de ellas para su beneficio a través de la venta; así mismo, establece que los recibos de pagos de cuenta no demuestran la posesión de “buena fe”, pues estos servicios se brindan sin necesidad de demostrar la posesión legal de la vivienda; y finalmente, establece que un derecho no puede estar por encima de otro al indicar que no se pone en riesgo el bienestar superior de los menores de edad.

Por tal motivo, ordenó la restitución de los bienes a favor de PCE y será hasta mañana que sea día habil cuando se haga la notificación y se establezcan los plazos para cumplir con el ordenamiento judicial y establece que se podrá dispones del uso de la fuerza pública para que se cumplimente.

Ante esto, los imputados anunciaron que habrán de tramitar un amparo para evitar que se realice la acción de la justicia.