Operó el duartismo como crimen organizado

Ciudad Juárez— La acusación con la que el Gobierno mexicano pidió a Estados Unidos el arresto de César Duarte señala contar con “más de 20 declaraciones” sobre el desvío de 96.6 millones de pesos e información sobre un “grupo de personas dedicado a la organizada y repetida ejecución de actos criminales”, como “la malversación” de dinero público.

“Los testigos concuerdan que, durante el ejercicio de sus poderes y acciones, pudieron ser informados directamente de la existencia y operación de una estructura encabezada por el exgobernador que tomó recursos públicos en el estado para su propio beneficio”, dice la orden de arresto otorgada en Chihuahua e incluida en el legajo del proceso de extradición por el que Duarte tendrá hoy una audiencia en Miami.

“Esta organización fue operada a través de una organización integral que fue formada especialmente desde 2012 por servidores públicos de alto nivel, como el entonces secretario del IRS (párrafos antes precisa que se refiere a Hacienda) y el secretario de Desarrollo Rural, además de los siguientes: Javier Garfio Pacheco, Pedro Hernández Flores, Marcelo González Tachiquín, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Gerardo Villegas Madriles, Sergio Medina, Antonio Tarín, Santiago Moreira, Everardo Medina, Manuel Bremer, Sergio Jurado, Ricardo Yáñez Herrera y Jesús Alonso Duarte García”, agrega.

Salvo por Hermosillo –fallecido– y otros relacionados con las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural señalados en las transferencias por 96.6 millones de pesos que sustentan la imputación de peculado y asociación delictuosa, la orden de arresto no especifica las presuntas actividades del resto de los mencionados.

Los desvíos motivo de la investigación, agrega la redacción del documento, reflejan “en particular” los propósitos de dicho grupo.

“No debería pasarse por alto que el caso criminal contiene más de 20 declaraciones hechas por personas que han dicho que, entre 2010 y 2016, cuando César Duarte Jáquez trabajaba como gobernador del estado de Chihuahua, los testigos trabajaron para el IRS (sic) y la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo cual son conscientes de los hechos descritos”, señala la acusación, presentada en diciembre pasado por el Gobierno de México al de Estados Unidos.

De acuerdo con datos periodísticos, Garfio y Everardo Medina fueron secretarios de Obras Públicas en el gobierno de Duarte; Pedro Hernández Flores fue secretario de Salud en la misma administración; González Tachiquín y Yáñez Herrerra, de Educación; Villegas Madriles fue director de Administración de la Secretaría de Hacienda; Antonio Tarín, director de adquisiciones; Santiago

Moreira, director de Relaciones Públicas; Manuel Bremer, de Infraestructura Rural; Sergio Jurado, secretario de Economía y Jesús Alonso Duarte García, sobrino del exmandatario.

Este mes, y luego de la detención de Duarte en Miami, El Diario reportó que el actual Gobierno de Chihuahua había ejecutado más de 47 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la administración pasada, algunos de los cuales se encuentran ya en libertad, como Garfio y Yáñez.

“A la fecha, menos de una decena de acusados se encuentran recluidos en prisión sujetos a proceso penal, pues la mayoría ha logrado beneficios en los llamados ‘criterios de oportunidad’, encontrándose libres y/o bajo medias cautelares de menor peso; asimismo otros fueron sentenciados pero gozan de libertad condicional”, indicó el reporte periodístico.

La información presentada por el gobierno mexicano para el juicio de extradición de César Duarte –y disponible en el sistema de consulta remota de legajos judiciales– se enfoca en detallar cómo llegaron 96.6 millones de pesos de recursos públicos a las compañías Financiera de la División del Norte y Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua, ambas propiedad de Duarte y Hermosillo.

Las transferencias, según la inculpación, se realizaron a través de once procedimientos fraudulentos y 17 pagos a las compañías mencionadas; erogaciones cuya mayoría se basaron en “acuerdos” de apoyo en beneficio del exmandatario y que fueron suscritos con diversas irregularidades por servidores públicos de esa administración pública.

El legajo judicial entregado al Gobierno de Estados Unidos agrega documentación generada en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cual hace notar que el dinero desviado estaba sujeto a responsabilidades legales.

“Por tanto, estaba bajo responsabilidad de los servidores públicos implicados ya que (…) tenían poderes que los habilitaban para hacer decisiones vinculantes en relación con cómo dicho financiamiento sería manejado”, señala la Fiscalía de Chihuahua.

“Como era el caso del gobernador del estado, del secretario de Hacienda, del director general de Programas de Inversión Pública y Control de Pagos, en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Rural y el director de Desarrollo Agrícola”, agrega el señalamiento.

Los datos disponibles en el legajo judicial mencionan también nombres de personas y razones sociales que la investigación identifica como “asociadas” con Duarte, como el de su exesposa, Bertha Gómez Fong, entre otros.

“Una vez que Unión Ganadera recibió dinero del acuerdo en sus cuentas, se transfirieron $50 mil y $517,802 en junio 20 y 27 a la cuenta registrada con el nombre de Pavimentos y Servicios de Parral, la cual pertenece a Bertha Olga Gómez Fong, que también usó el dinero para pagar la tarjeta de crédito”, señala la acusación en la descripción de una de las transferencias.

“El pago fue por la cantidad de 43 mil 844 pesos y después, para pagar 19 mil 90 pesos a favor de (…) un trabajador del rancho ‘El Milagro’, propiedad de César Horacio Duarte, presuntamente para hacer los pagos de nómina y pagos del rancho (como diesel, pastura y partes de repuesto)”, agrega.

La orden de arresto fue otorgada en octubre pasado por un Tribunal de Control en el Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, y forma parte del expediente del procedimiento por extradición contra César Duarte, quien tendrá hoy en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida una audiencia para que la juez Lauren F. Louis determine si le concede o no derecho a fianza.