‘Operación Justicia fue revancha’

Chihuahua— Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exgobernador César Duarte Jáquez, calificó como un acto de revanchismo y sin apego a los términos legales, los procedimientos que el Estado le abrió a su representado y que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había resuelto que dichos procesos deberían de regirse por la norma nacional y no por la normatividad local, estarían a punto de caerse.

“Los procedimientos que abre la Secretaría de la Función Pública al menos le puedo decir con toda certeza, en relación a mi cliente, fueron del 2019 y del 2020, o sea ni siquiera se abrieron cuando la ley todavía no estaba abrogada, es decir, un año después. No es que no hubiera la mínima certeza, lo que no hubo fue el mínimo tino jurídico y el ánimo de hacer las cosas bien, simplemente se fueron buscando venganza, buscando revancha, buscando cualquier cosa fuera del Estado de derecho”.

Mediante entrevista telefónica comentó que tarde que temprano, las carpetas de investigación que se abrieron en contra de su representado, van a ser declaradas improcedentes, tal y como pasó ya con dos de las investigaciones que había en contra del exmandatario estatal.

“En todo caso, la Secretaría de la Función Pública tiene la facultad de volver a abrir esos procedimientos, sin embargo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que todos los procedimientos prescriben a los siete años y las causas por las que mi cliente está señalado como probable responsable, son anteriores, luego entonces también van a ser improcedentes”, comentó.

Otro de los puntos que expresó el litigante fue que el Estado por medio de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, le abrieron a su representado procedimientos que eran “notoriamente improcedentes, violando el debido proceso y la seguridad jurídica desde el principio”, por lo que no había ninguna posibilidad jurídica de que salieran adelante.

Argumentó que todas las denuncias que recibieron de las distintas autoridades, todas las trataron de hacer del tipo penal.

“Se fueron a buscar únicamente el escenario penal, no siguieron ellos el debido proceso, como se les ha señalado que tenían que haber adaptado conforme la ley de la materia, es decir, abrir los procedimientos administrativos”, dijo.

Mendoza Luján comentó que de las 21 causas penales, solamente en cinco de ellas habían puesto procedimientos administrativos, de los cuales dos habían ya resultado ser fallidos.