Estado

‘Olvida’ FGE investigar asesinatos de policías

A casi 7 meses del homicidio de exministerial, no ha formulado cargos a agentes implicados

De la Redacción
El Diario

sábado, 16 noviembre 2019 | 06:00

Chihuahua— Han pasado casi siete meses de que el exagente ministerial, Leopoldo Eduardo Soto Cortez, fue asesinado por asfixia mecánica por elementos plenamente identificados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuando la víctima se resistió a ser arrestada en el exterior de su domicilio por un problema familiar, en la colonia Villa Juárez.

Desde el 19 de abril del presente año en que ocurrieron los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Ministerio Público, no ha presentado pruebas que permitan formular de nuevo cargos penales por el delito de homicidio ante la juez de Control Karla Otero, en contra de los policías preventivos Luis T. M., José S., Fernando M.L., y Pedro C.C., los cuales quedaron absueltos por insuficiencia de pruebas y obtuvieron la libertad.

Sin embargo, no es el único caso que ha quedado pendiente de investigación y en ser atendido de manera pronta por parte de la Fiscalía, a pesar de que las víctimas han sido elementos adscritos a su institución.

El 23 de octubre del presente año, en la plaza Victoria, el comisario de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) asignado a los municipios de Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, Hugo Zavaleta Aparicio, y su escolta, identificado como José de Jesús Baca Fuentes, fueron perseguidos hasta la carretera a Aldama por un grupo armado y resultaron baleados a bordo de un Mini cooper de lujo con placas del Estado de Sinaloa, propiedad del primero, cuya legal adquisición nunca acreditó.

El mando de la CES y su escolta, aún heridos, lograron repeler la agresión y se trasladaron hasta el kilómetro 1 de la carretera a Aldama, muy cerca del C4, donde fueron auxiliados por sus compañeros.

Aun cuando la propia FGE anunció días después la captura del también exagente ministerial, Cruz Julián Ruiz Berumen, nunca  formalmente se le acusó ante el juez de Control por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, sólo fue procesado por la posesión de drogas y arma de fuego.

Dos días después, el 25 de octubre, los comandantes ministeriales adscritos al municipio de Aldama, Gerardo Barajas y Javier Ontiveros, fueron atacados a balazos a la altura del kilómetro 21 de esa carretera por hombres armados, quienes los privaron de la vida.

La investigación oficial apuntó a la participación de dos elementos estatales involucrados, e incluso el propio fiscal General del Estado, César Peniche reconoció públicamente que había policías infiltrados por los grupos criminales, pero sin embargo, hasta la fecha dicho crimen no ha quedado esclarecido, sin que haya personas detenidas ni se ha depurado a la institución. 

El pasado 2 de agosto de este año el agente de la Policía Ministerial asignado a la Zona Norte Raúl T. B. fue detenido después de que algunas investigaciones lo ligaron al homicidio de dos de sus compañeros, Pedro Valadez Rodríguez y Héctor Manuel Montañez Ríos, ocurridos la mañana del 27 de octubre del año 2017. 

Sobre las demás personas que presuntamente participaron en la comisión de la doble ejecución, la Fiscalía del Estado no profundizó ni ha dado con los cómplices.

Otro de los crímenes que se perpetraron en esta ciudad fue el registrado el 10 de julio de 2019 en perjuicio de Óscar García Díaz, quien se desempeñaba como coordinador de Operaciones Estratégicas de la FGE y mano derecha del fiscal general César Augusto Peniche, pues laboró junto con él como subdelegado de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

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