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Estado
lunes, 21 octubre 2019 | 10:37
Chihuahua— Al interior del Tribunal Superior de Justicia se tienen por lo menos 310 investigaciones administrativas sin resolver en contra de jueces y magistrados durante 2018 y 2019. Los nombres quedaron reservados hasta por 5 años con el argumento de que son indagatorias en curso, determinó la Dirección General Jurídica al responder una solicitud de información pública.
Los datos del mismo Tribunal revelan además que en años anteriores, 2015, 2016 y 2017, es decir, cuando no había Consejo de la Judicatura, la mayoría de las quejas no prosperaron, se catalogaron como improcedentes y fueron desechadas.
La respuesta a la solicitud marcada con el número 87882019 vía la Plataforma Nacional de Transparencia, precisa que el Comité de Transparencia del TSJ determinó la clasificación de información reservada mediante el acuerdo CT/UT/PJECH/AR/3- 2019, al tomar en cuenta la afirmación de que “los nombres (de jueces y magistrados) están en el supuesto del límite constitucional al derecho de acceso a la información”.
La Judicatura estableció en 2017 que la Dirección Jurídica o Visitaduría tiene las labores de investigación, inspección del funcionamiento de los tribunales y supervisión de las conductas irregulares de quienes integran esos órganos.
En este sentido, la Visitaduría consideró que dar a conocer los datos de funcionarios en indagatoria resulta sensible y puede atentar contra los derechos humanos y el derecho a la presunción de inocencia, además de poderse afectar la propia investigación, precisa en documento Normando Antillón, visitador general del Poder Judicial.
Al respecto, el Comité de Transparencia, presidido por Óscar Diego Luévano Valencia, Elizabeth Medina Baca, como secretaria, y Mayra Liliana Carbajal Palma, integrante, tomó la decisión de reservar por cinco años la información reservada planteada por la Visitaduría.
Pero sí precisa que entre 2018 y 2019 se interpusieron 450 quejas administrativas y/o denuncias, de las cuales 288 son seguidas a jueces y 28 a magistrados. De estas últimas, 4 están en procedimientos de responsabilidad administrativa de jueces y 2 de magistrados ante la Dirección General Jurídica; el resto en investigación.
Paralelamente, el organismo investigador ha dejado sin efecto la mayoría de las denuncias por diversas cuestiones. En el año 2015 hubo 65 quejas contra jueces y ninguna contra magistrados.
De esa cantidad, 7 caducaron, 6 quedaron sin materia, 46 fueron desechadas y 6 resultaron con final absolutorio. En 2016, se originaron 79 contra jueces y 2 para magistrados.
Del total, 41 se clasificaron como improcedentes, 16 por caducidad, 6 sin materia, 15 desechadas y 3 por desistimiento del quejoso. Para 2017 se registraron 71 quejas contra jueces y 4 contra magistrados. De todas esas, 35 resultaron improcedentes, 10 caducaron, 6 se decretaron sin materia, 16 desechadas y 8 absolutorias. Mientras que desde 2018 se han realizado apenas 4 informes de presunta responsabilidad por denuncias contra jueces y 3 por magistrados.
De esas, 3 se desecharon, una tuvo final absolutorio y 3 están en trámite. Para 2019 sólo se tienen 3 informes, de los cuales 2 están en trámite y uno fue improcedente.
Algunos casos polémicos
El juez René Alberto Moreno fue detenido hace varias semanas en el municipio de Cuauhtémoc por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de evasión de presos, similar al ocurrido el 5 de julio del presente año, en esa misma localidad por parte de la juez Fabiola Domínguez Chavira. Domínguez Chavira dejó en libertad a Noé M. G., presunto responsable del secuestro y homicidio del empresario menonita Abraham Harms Peters.
Esta misma juzgadora dejó en libertad el año pasado a José Ebert H. N., alias “El Viejón”, líder del grupo criminal “La Línea”, acusado de ser el autor material del homicidio de los barzonistas Ramón Hernández Nevárez, de 65 años, y su hijo Anselmo Hernández Andujo, de 39 años.
Ante la presión social, el Consejo de la Judicatura impuso una suspensión a Domínguez Chavira, pues fue señalada de reiteradamente liberar a presuntos secuestradores, violadores y hasta homicidas.
Otro de los incidentes fue el caso del juez Guillermo “Willy” Gómez Cortés en el mes de diciembre de 2017 registrado en el municipio de Jiménez, acusado de agredir a su propia hermana, cuyo video se publicó y viralizó en redes sociales.
Los integrantes del Consejo de la Judicatura emitieron una resolución de suspensión al juez, pero éste se inconformó y solicitó la protección de la justicia federal a través de un amparo.