Estado

Oculta Estado proyecto de ruta troncal

Mantiene en la opacidad aspectos técnicos de obras en la avenida Tecnológico

Javier Olmos
El Diario de Juárez

domingo, 20 septiembre 2020 | 10:24

El Gobierno del Estado se negó a hacer públicos los proyectos ejecutivos de la segunda ruta troncal, dejando en la opacidad todos los aspectos técnicos que contemplan las obras que se ejecutan en la avenida Tecnológico.

A través de diferentes solicitudes de información vía Transparencia, las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), y de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), rechazaron abrir la información al público, bajo el argumento de que los trabajos están en proceso. 

También se solicitaron al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) los estudios del Corredor Tecnológico que entre 2015 y 2017 realizó la empresa Cal y Mayor, pero se argumentó que sólo la Sedue los tenía.

"El Gobierno del Estado se sigue manejando de manera cortoplacista, sigue trabajando en el día a día y no pensando en el futuro de las generaciones chihuahuenses, lo que se evidencia con la reestructura de la deuda hasta por 25 años”, aseveró.

Y advirtió: “El siguiente año para el Estado va a ser un año negro, un año muy caótico; esperemos que cambien esa visión y presenten un paquete económico equilibrado”.

Un comparativo del Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos presentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado al final del primer semestre de 2020 establece que para culminar el 2016, cuando asumió la nueva administración, la deuda en general presentaba un saldo de 49 mil 685 millones de pesos.

Al cierre de ese período en deuda de corto plazo tenía mil 500 millones de pesos, mientras que por la de largo plazo eran 20 mil 509 millones, que se sumaban a 24 mil 462.1 millones de la deuda contingente y 3 mil 214 millones de pesos de la deuda contraída a través de bonos cupón cero.

Tras una serie de reestructuraciones de la deuda y lo que fue calificado como un “abuso” por parte de especialistas y legisladores, para finalizar el mes de junio de este año, el endeudamiento neto alcanzaba un acumulado de 57 mil 862.7 millones de pesos, de acuerdo con el analítico.

La deuda de corto plazo alcanzó los 2 mil 284 millones; es decir, 784 millones más que en 2016; mientras que la de largo plazo se extendió a 32 mil 884.2 millones de pesos. Se sumaron a la lista 7 mil 629 millones de “otros pasivos”, es decir, de deuda con proveedores; más 14 mil 608 millones de deuda contingente y 384 millones de pesos del valor de los bonos cupón cero.

Esto permite ver una diferencia de 8 mil 177.1 millones de pesos entre un período y otro.

Las revisiones a los documentos permiten observar que los pasivos de “largo plazo”, que es donde el informe analítico agrupa los créditos “simples” que se arrastran desde la anterior administración y cuyo saldo el Gobierno estatal asegura no ha aumentado, pasó de 20 mil a más de 32 mil millones de pesos, a partir de dos reestructuras realizadas por el Estado con el fin de modificar las condiciones de pago.

Los archivos periodísticos indican que entre marzo y junio de 2018 y por el refinanciamiento de un crédito de 6 mil millones de pesos que se tenía con Inbursa “y que además fue reubicado de la clasificación de “deuda contingente” a la de “largo plazo”, el largo plazo pasó de 20 mil 176.7 millones de pesos a 26 mil 104.6 millones.

Pero vino otro aumento en el mismo rubro entre junio y diciembre de 2019, al iniciar una segunda reestructura de créditos con diferentes instituciones bancarias, cuando la deuda pasó de 25 mil 430 millones de pesos en junio, a 27 mil 413.9 millones en septiembre y a 31 mil 296.3 millones de pesos en diciembre, aumentando así un 23 por ciento en ese semestre.

Una revisión al desglose de los créditos que componen este renglón, y que especifica que contiene a los que han sido reestructurados, muestra que hasta septiembre se habían registrado 11 créditos con esta modalidad de “refinanciamiento”, por 27 mil 413.9 millones de pesos.

Para el cierre de diciembre, según los datos, los 11 créditos habían mostrado ligeras disminuciones en sus saldos, pero en ese mismo período aparecieron otros dos créditos “uno con Banorte y otro con Banco del Bajío” que en total sumaron 3 mil 897.9 millones de pesos, elevando hasta más de 31 millones el saldo total del “largo plazo”.

La revisión de los informes analíticos de Hacienda también permite establecer que una de las principales diferencias con respecto al monto que se debía en diciembre de 2016 se presenta en el renglón de “otros pasivos”, que el Consejo Nacional de Armonización Contable define como las obligaciones financieras no originadas en “operaciones de crédito público”, como pueden ser las deudas con proveedores.

Entonces, dicho renglón estaba en ceros, pero el informe analítico siguiente, de marzo de 2017, incluyó 4 mil 607.9 millones de pesos al saldo del final del año anterior en este concepto.

Según la explicación de la Secretaría de Hacienda dada a través de un comunicado de prensa en noviembre de 2018, cuando el máximo de la deuda rozaba los 52 mil 881 millones de pesos en la sumatoria de todos los renglones, esta situación se debía a la inclusión de este tipo de adeudos con proveedores y que antes no se habían incluido.

Además, al reestructurar la deuda con los bancos hasta el 2044, los pasivos de largo plazo también pasaron de 20 mil 509 millones a 32 mil 884.

Salas, quien es asesor del diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Omar Bazán en el Congreso del Estado, condenó la práctica al asegurar que había deudas que se pagarían en cinco años pero las prolongaron por casi 20.

“Con tal de tener mayor fluidez de recursos, el gobernador nos endeudó hasta el 2044”, señaló. 

“¿Y qué significa esto?”, cuestionó. “Que las deudas que estaban a punto de vencerse en cinco años, y que le iban a permitir al estado un manejo financiero muy importante, ahora ya no le da ningún resquicio a la siguiente administración”.

Lo anterior, añadió, ocasionó el abuso en la contratación de los créditos de corto plazo, que no requieren de la autorización de los legisladores y que se pagan en un límite de un año. 

“Esto lo ha llevado a abusar de los pasivos de corto plazo que le están generando intereses cada vez mayores por la situación del mercado nacional y lo están ahogando”, señaló.

Sólo de estos cortos plazos, la Secretaría de Hacienda ha recurrido nueve veces este año para pedir prestados 2 mil 650 millones de pesos entre marzo y agosto, cuando éstos deben quedar saldados tres meses antes de que concluya la administración en septiembre de 2021.

De estos 2 mil 600, pidió 600 en agosto, uno por 300 millones de pesos a Multiva, que cobrará una tasa de interés variable TIIE a 28 días, con una sobretasa de 2.25 por ciento y una tasa efectiva anual del 6.70 por ciento, a un plazo de 278 días.

En tanto que contrajo otros dos con Bansi, el primero por 200 millones con la misma tasa TIIE a 28 días, una sobretasa del 2.44 por ciento y una tasa efectiva del 6.89, al mismo plazo, y el segundo por 100 millones con una TIIE a 28 días, 2.74 de tasa fija, y 7.19 de sobretasa.

En este tipo de deuda, sin mayor explicación, la Secretaría de Hacienda ha señalado que se contrajeron para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.