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Estado

Minas de oro… en pueblos pobres

Aunque están entre los 20 principales productores, su nivel de marginación supera promedios nacionales

Sandra Rodríguez / El Diario de Juárez

viernes, 28 abril 2023 | 12:48

| Tajo a cielo abierto de la mina de oro de Pinos Altos, en Ocampo, Chihuahua; la mina se encuentra cerca del Área Natural Protegida de la Cascada de Basaseachi | Paisaje tras la actividad minera en la Sierra Madre Occidental, en Sonora; los habitantes de Nacozari, padecen por la escasez de agua

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Aun cuando están entre los 20 principales productores de oro y plata, en 17 municipios del país fueron encontrados, al mismo tiempo, porcentajes de marginación por encima de los promedios nacionales.

De éstos, dos se encuentran en Chihuahua: Ocampo y Chínipas, en la sierra Tarahumara y, respectivamente, con un 43.7 y 86.2 por ciento de población en pobreza hasta un informe de 2021; proporciones de las que 28.4 y 36.3 por ciento fueron de pobreza extrema, indicador que en ambas localidades fue más del doble de la media en el país.

Para Cecilia Navarro, vocera del colectivo de organizaciones Cambiémosla Ya, que impulsa actualmente los cambios a la Ley Minera, los datos muestran que esta industria extractiva no se traduce en derrama económica para las comunidades en las que se realiza.

“Con esa tabla lo que decimos es que, con el pretexto de que se iba a detonar el desarrollo económico, se permitió (desde 1992) una ley que es de lo más laxa y la más abusiva; ni hay bonanza económica ni desarrollo ni empleos de buena calidad; al contrario: hay desplazamiento forzado de personas, se contamina el agua y no pagan impuestos”, dijo Navarro, también coautora del libro “Así se ve la minería en México”, que incluye los porcentajes de “pobreza en los principales municipios productores de oro y plata” citados al inicio.

Datos de 2023 del Instituto Mexicano del Seguro Social agregan, por separado, que la industria extractiva en el estado de Chihuahua genera 11 mil 173 posiciones de trabajo, la más baja sólo después del sector eléctrico y de captación. En contraste, la de la transformación crea más de 425 mil empleos y el comercio otros 153 mil 846.

“A pesar de que casi todos los proyectos mineros llevan más de una década en operación, las condiciones socioeconómicas de las regiones en las que operan no han mejorado”, dice el libro coescrito por Navarro, también integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

“La limitada contribución de la minería a la economía del país se refleja también a nivel macroeconómico. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) y la Subsecretaría de Minería (SM), de 2010 a 2018 la aportación promedio de esta actividad al Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 0.9% (…) La contribución de la minería a la generación de empleos también es reducida”, agrega el texto.

La iniciativa

El colectivo Cambiémosla Ya (que agrupa a organizaciones de diferentes partes del país) apoyó modificaciones a la Ley Minera que fueron aprobadas ayer en comisiones del Senado de la República y entre las que, de acuerdo con la organización, destacan el retiro de carácter preferente a esta actividad, lo cual “evita que la minería pueda colocarse en automático por encima de aquellas actividades que los pueblos y comunidades que habitan y son dueños de los territorios decidan llevar a cabo”.

También se aprobó el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas antes de que se otorgue cualquier tipo de permiso o concesión, y la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o zonas en la que esta actividad ponga en riesgo a la población, entre otros cambios.

“Cabe señalar que distintos aspectos de la mayor relevancia, incluidos en la iniciativa del Ejecutivo, fueron eliminados o modificados del dictamen del Congreso, entre ellas: fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobrexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas”, dice uno de los comunicados del colectivo.

“Estos temas fueron suprimidos o modificados de manera injustificada y bajo la presión de los intereses empresariales responsables de la devastación social y ambiental durante ya 31 años. Todos estos temas se mantienen en nuestras agendas, los seguiremos denunciando e impulsando su transformación”, agrega.

1. El derrumbe de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en el 2006, con un saldo de 65 mineros muertos.

2. La filtración de cianuro a la presa La Purísima en Guanajuato, en 2010.

3. El derrame de miles de litros de químicos tóxicos y metales pesados en el río Bolaños, en Jalisco, en 2010.

4. La contaminación del río Chínipas en 2010, en Chihuahua.

5. La contaminación del río Marabasco y de la Reserva de la Biosfera de Manantlán (dentro de los estados de Jalisco y de Colima) con miles de litros de químicos de la presa de jales de la minera Peña Colorada, en 2013.

6. El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz, en Sonora, en 2014.

7. La contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame de 40 mil metros cúbico de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la presa de jales de Grupo México, en 2014.

8. La contaminación del ecosistema del río Cata, en Guanajuato, en 2015, por el derrame de casi mil 200 galones de lodos residuales de la pileta de jales.

9. La contaminación en el municipio de Nacozari de García, en Sonora, por el derrame de 10 mil litros de ácido débil, a raíz de la volcadura de un carro tanque en el interior de la mina La Caridad, en 2016.

10. El envenenamiento del río San Martín en Zacatecas con más de 20 mil litros de agua contaminada con sedimentos en 2019.

11. El derrame de más de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en julio del 2019.

12. La dispersión de 6 millones de litros de jales en Durango en 2020, entre otros.

13. La muerte de cientos de animales de ganado por el vertido de cientos de litros de agua con cianuro en el arroyo de la Cruz, en Durango.

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