Mata desnutrición a 7 menores

Chihuahua.– Siete menores de cinco años de edad e integrantes de Choréachi, una comunidad de la Sierra Tarahumara, fallecieron entre el 2019 y el 2020 a causa de desnutrición severa. 

Estos pequeños, tres niñas, tres niños y uno más del que se desconocen sus datos, no son las únicas víctimas del hambre que existe en la zona serrana, sin embargo, por esta situación en particular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, y al presidente de Guadalupe y Calvo, Julio César Chávez Ponce, ya que el Estado incurrió en graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, entre los que destacan: el derecho a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez. 

Pero no sólo eso, sino que además, de manera colectiva, se quebrantaron el derecho a la salud, la alimentación, a la educación y al nivel de vida adecuados. 

En un principio, las autoridades de la comunidad rarámuri presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el fallecimiento de estos siete menores de edad y debido a la gravedad, el caso fue atraído por la CNDH. 

En la queja, se dio a conocer que luego de unas entrevistas realizadas en la comunidad anteriormente mencionada, se pudo documentar que el centro de salud más cercano se encuentra a dos horas de distancia en auto y que el Centro de Recuperación Nutricional (CERENAM) se encontraba en esos momentos sin médico, lo que hace imposible el acceso a la salud. 

A eso se suma que muchas mujeres que se encontraban embarazadas fallecieron por la falta de atención médica y las dificultades que existen para ser trasladadas a hospitales debido a la lejanía, porque los servicios no llegan a la comunidad y no hay presencia de ambulancia, ni atención por parte de las autoridades. 

Además, la Caravana de Salud que llega a la cabecera de la comunidad está conformada por un chofer y una enfermera, careciendo de personal médico que otorgue atención y tratamiento apropiado de primer contacto, lo que compromete el servicio a la salud de la población de las comunidades donde se brinda el servicio. 

De acuerdo con Ernesto Palencia, Rosa María Sáenz y Susana Navarrete, de la asociación civil Alianza Sierra Madre, este asunto fue calificado por la CNDH como de especial gravedad ante el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la niñez indígena. 

En cuanto a la recomendación, ésta señala que “debido a la discriminación, la exclusión social, las políticas de asimilación y otros factores que históricamente de manera injusta han sufrido los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio nacional, se encuentran en tal situación de vulnerabilidad que ocasiona que el acceso a los bienes y servicios necesarios para que vivan de manera digna y se desarrollen de acuerdo con sus aspiraciones propias, sea muy difícil”. 

De igual manera, el documento refiere que esta situación se exacerba en las mujeres y la niñez de estos pueblos, por lo que la vulneración es aún más grande. 

La Comisión Nacional determinó que la comunidad en general y predominantemente las niñas y niños de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a que es una comunidad alejada, dispersa y ubicada en la Sierra Madre Occidental, sin medios de transporte ni de comunicación eficaces que también limitan e impiden el desarrollo de la población. 

Expuesto lo anterior, ésta se sintetiza en pobreza con mayor riesgo de enfermar y fallecer sin atención médica, por lo que la CNDH refiere que es urgente que se destinen recursos económicos, sociales y culturales potenciales que mejoren y garanticen la calidad de vida de las personas a través de acceso a la educación con pertinencia intercultural, fuentes de empleo, alimentos suficientes en calidad y cantidad, atención materno infantil, agua potable, saneamiento y servicios de salud adecuados para contrarrestar la desnutrición desde un enfoque preventivo. 

Aunque hasta este momento no se sabe si el Estado recibió la recomendación, el órgano derechohumanista brindó un plazo de seis meses para que la autoridad realice un censo actualizado para conocer cuántas niñas y niños viven en la comunidad, así como un diagnóstico sobre las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la seguridad alimentaria con la finalidad de generar una adecuada planeación de los recursos materiales y humanos indispensables para implementar las medidas individuales y colectivas. 

Además, da el mismo plazo, después de la aceptación de la recomendación, para que implemente un curso integral sobre la capacitación y formación en materia de derechos humanos a personal de las direcciones, áreas y unidades de la Secretaría de Salud y del Municipio de Guadalupe y Calvo.