Más de 50 jueces en entredicho

Un desaseado proceso de selección de jueces, iniciado en 2018, se podría convertir en pesada e inevitable loza para quienes en ese tiempo estaban al frente del Consejo de la Judicatura (CJE) y sus órganos de Gobierno, gozando a discreción del poder y protección del exgobernador Javier Corral Jurado, y que también arroja severas interrogantes que dificultan o impiden de plano, en algunos casos, la necesaria y legal ratificación de los jueces asignados.

Bajo la convocatoria CJE/002/2018 en sesión de agosto de 2018, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua analizó, discutió y aprobó lo relativo al concurso de oposición que dio como resultado la designación de 54 jueces en todas las ramas que atiende esa instancia.

Otra resolución derivada de esa sesión fue conceder a la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos la tarea de elaborar un proyecto de adscripción de las plazas para, posteriormente, someterla la aprobación del Pleno del Consejo.

También se emitió el acuerdo que los jueces ganadores que, situados en sus respectivas plazas, asumirían sus cargos y funciones el día 7 de enero de 2019, pues uno de los aspirantes a juez, Carlos Jaime Rodríguez García, inconforme con el resultado, interpuso el amparo 1480/2018-XII, mismo que le fue concedido y detuvo así el proceso.

Sin embargo, en sesión del 18 de diciembre de 2018, se dieron las plazas para jueces en materia civil y familiar, ya que el amparo promovido por Rodríguez García afectó la etapa final de adscripción de jueces de primera instancia únicamente en lo que a la materia penal se refiere, estableciendo que los primeros tomarían posesión física del cargo el 7 de enero del 2019.

La asignación del Juzgado Mixto por sistemas del distrito Judicial Guerrero quedó pendiente de definición por efecto del amparo 1478/2018 de octubre de 2018, otorgado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado.

En reacción con lo anterior, el 11 de enero de 2019 se interpusieron diez más, identificados con los números: 1318/2018, 1450/2018, 1503/2018 y sus acumulados 1466/2018, 1480/2018, 1504/2018, 1478/2018, 1506/2018, 1709/2018, 1764/2018, 1767/2018, 1781/2018 y añadidos 1864/2018, 1803/2018 y 2041/2018, presentados por los jueces provisionales, quienes hasta ese momento ocupaban los cargos que serían relevados por los ganadores del concurso de oposición amparado por la convocatoria CJE/002/2018.

También, en la misma sesión del 11 de enero, se definió que la fecha de inicio de labores para los jueces asignados sería el 16 del mismo, así como las excepciones de quienes no pudieron ser determinados de acuerdo con los supuestos que marca la ley (casos que no pueden ser cambiados de juzgador o bien incapacidades médicas), con el fin de clarificar las fechas de inicio de labores de cada uno.

Otro tema de esa sesión fue el de diez aspirantes a quienes no nombraron debido a juicios de amparo que impedían hacerlo; se trata de Salvador Mario García de la Cadena Lamelas, Fabián Rodolfo Sáenz Gómez, Abigail Sosa Rivera, Luis Carlos Flores Morales, Hortencia García Rodríguez, Mauricio Hipólito Domínguez García, Luis Eduardo Valdez Barrón, Luis Alfredo Cruz Ramos, Luis Hernández Zúñiga y Jorge Alberto Chávez Almada (en materia civil).

Hoy, el Consejo de la Judicatura estudia los expedientes para la legal ratificación de los mencionados jueces ganadores del concurso de 2018 (se deben ratificar por ley a los tres años de su inicio de gestión), en los que se pueden advertir serias deficiencias en el perfil que exige la carrera judicial, a saber: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, pero, sobre todo, experiencia suficiente acreditada en el ámbito judicial.

Otro problema es que, hoy, el Consejo de la Judicatura no cuenta con todos los elementos, suficientes y necesarios, para realizar el estudio de procedencia o improcedencia para la ratificación de dichos jueces, ya que son muy diversos los supuestos en cada caso para computar el tiempo a partir del inicio de labores, y no existen registros de procesos judiciales, incapacidades, licencias u otras condiciones que modifiquen o indiquen con precisión el inicio de labores en cada caso, tareas encomendadas a la Dirección de Gestión Judicial o de Recursos Humanos y que se dejaron de realizar en su momento. Hay casos, de verdadera alarma, de expedientes en los que ni siquiera existe exigida por ley para desempeñar el cargo.

En pocas palabras, por claras deficiencias y omisiones de órganos internos del CJE de ese momento, quienes hoy tendrán la tarea de evaluar a los jueces mencionados, para ratificarlos o no, carecen de la información mínima necesaria para realizar objetivamente esta tarea; es más, ni siquiera pueden estar seguros de cuándo iniciaron legalmente sus funciones los jueces en mención.

Con facultades constitucionales plenas y absolutas para evaluar el desempeño de los juzgadores en Chihuahua y ante las circunstancias descritas, hoy el CJE y las comisiones relacionadas al tema se encuentran ante menuda disyuntiva: o ratifican a jueces sin contar con todos los mínimos elementos necesarios para ello, o dan inicio a los procesos necesarios, conforme a la ley, para determinar responsabilidades contra quienes hayan incurrido en incumplimientos de su función, con las consecuencias civiles, administrativas y/o penales que resulten. Vaya trabuco.