Magistrado denuncia acoso del gobernador

Chihuahua.- El magistrado Jorge Ramírez Alvídrez informó que desde el 9 de diciembre pasado tiene una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerlo a él, su familia y colaboradores de lo que califica como un acoso por parte del Gobierno de Javier Corral.

En diciembre del 2016 fue suspendido por presuntas irregularidades, pero un mes después fue restituido por orden de tribunales federales. Mientras que esta semana la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso local retirarle el fuero para investigarlo por algún delito, aunque hasta ayer no había él sido notificado de ello, y no tiene conocimiento de qué buscan acusarlo, e inclusive el Fiscal César Peniche se ha negado a dar esa información.  

El caso del 2016 tiene que ver con su involucramiento en el presunto desvío de recursos para la construcción de una bóveda de la Ciudad Judicial, sin haberse comprobado. A ese hecho se remonta el propio magistrado en entrevista concedida ayer a El Diario.

“Me imagino que tratan de demostrar que el dinero que asumen que falta, porque no es así, lo quieren trasladar a como he desarrollado mi vida, pero tuvieron desde el 2016 para invitarme a declarar como parte de la investigación y en todo caso con un control judicial”, pero no se hizo, añadió.

Desde ese año y a la fecha, la autoridad ha investigado a su esposa, hermana, papás y colaboradores, y le han suspendido dos cuentas bancarias. Asimismo se le iniciaron decenas de procedimientos administrativos al interior del Poder Judicial.

Mientras que a uno de sus colaboradores de la Primera Sala de lo Penal que encabeza, le pidieron acusar de algún delito a Ramírez a cambio de quedarse con el puesto de magistrado, y al rechazarse, le iniciaron un procedimiento administrativo que sigue su curso actualmente, especificó.

“Es un ataque sistemático el que se me ha venido haciendo y ya lo veíamos venir (la solicitud de desafuero). Mi conducta siempre ha sido apegada a la norma. Siempre he trabajado conforme a derecho”, subrayó.

Mientras tanto está a la espera de conocer los fundamentos de la Fiscalía para pedirle a los diputados quitarle el fuero constitucional y poderlo procesar, aunque expresó la desconfianza que tiene en que vaya a tener un proceso objetivo y apegado a derecho.

“El ente gubernamental procuró dividir a los chihuahuenses en dos: los que merecen todos los derechos, y los que trabajaron o simpatizaron con el anterior gobierno, a los que llama duartistas”, apuntó.

El Congreso del Estado ya se aceptó la solicitud de Fiscalía para debatir el retiro del fuero. La comisión Jurisdiccional encargada de tomar la decisión de la procedencia, y posterior puesta a consideración del resto de los legisladores ante el pleno, la preside la panista Georgina Bujanda Flores.

En ese grupo la acompaña el presidente del Congreso y diputado de Nueva Alianza, René Frías, en calidad de secretario, así como la coordinadora del PRI, Rosa Isela Gaytán; el de Encuentro Social, Misael Máynez; y Guadalupe Sarmiento, de Movimiento Ciudadano. Mientras que de suplentes están Fernando Álvarez, coordinador de Acción Nacional; Alejandro Gloria, del PVEM; y Obed Lara, de Encuentro Social.

En éste sentido, el magistrado Ramírez no tiene certeza de la decisión que pueda tomarse, aunque en su favor estaría la división que se ha evidenciado al interior del propio Legislativo.

De los miembros de la comisión expresó: “No sé si tengan la certeza de la responsabilidad que tendrán una vez tomada una decisión”, y a los cuales consideró que carecen de preparación técnica adecuada para llegar a un resolutivo jurídico, que puede ser rebatido en instancias judiciales federales. 

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