Diario
Estado
viernes, 15 mayo 2020 | 17:44
Chihuahua.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben fortalecer las capacidades económicas, emocionales, laborales y sociales de las familias que habitan o están en tránsito en nuestro país, y a protegerlas frente a los fenómenos de violencia, inseguridad, desaparición de personas, pobreza, las crisis humanitarias como el desplazamiento forzado, los conflictos armados y las emergencias sanitarias como la del COVID-19, pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior en el marco del Día Internacional de las Familias (15 de mayo), además señaló que es una obligación constitucional del Estado mexicano respetar, proteger y garantizar los derechos de quienes integran las familias, con base en los principios de igualdad y no discriminación, lo cual implica el reconocimiento de la gran diversidad de configuraciones familiares que existen y sus diferentes características de acuerdo a la región en que viven y su pertenencia cultural y social.
Sostiene que esa protección debe ser integral, basada en el reconocimiento de los diferentes acuerdos familiares que generan múltiples consecuencias jurídicas que habrán de establecerse en la normatividad vigente, la cual requiere ser actualizada para armonizarla con el marco jurídico internacional y constitucional de protección a los derechos humanos.
Además observa que se requiere diseñar e implementar políticas públicas que aborden una serie de pendientes en la agenda social para atender las exigencias de seguridad económica, laboral, y personal de todas y todos sus integrantes, las cuales incluyan, además de transferencias económicas, la provisión de servicios de acceso gratuito y universal, accesibles y de calidad, entre ellos, servicios de atención médica, educativos, cuidado de niñas y niños, créditos para vivienda, transporte, espacios para recreación, por mencionar algunos.
La Comisión Nacional reitera que el Estado tiene a su cargo la labor de proteger a las familias contra esos y otros fenómenos, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de sus miembros, la convivencia pacífica basada en el respeto de los derechos humanos de todas y todos sus integrantes y la solidaridad para concretar el proyecto o plan de vida familiar deseado.
Con sus programas, acciones y actividades, la CNDH se suma a este reto a través de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de quienes integran las familias para proporcionar a ellas y a las personas que las integran la protección más amplia posible y real, contra actos u omisiones que vulneren o menoscaban su dignidad e integridad, para así lograr el Estado democrático al que se tiene derecho.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2018, en el país había 34.7 millones de hogares, y en 81.6% de los cuales el proveedor principal era una mujer. Por lo que es necesario atender sus necesidades y fortalecer todas las medidas que promuevan su desarrollo, creando un sistema robusto de apoyos sociales.
Por otra parte, es de resaltar que un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos alertó que desde 2011, la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de casi 9 millones de personas, los cuales forman parte de familias completas que han tenido que cambiar su lugar de residencia.
Asimismo, un ejemplo reciente de estas afectaciones a las familias es el de los ataques armados en los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, los cuales fueron objeto de la Recomendación 71/2019 de esta CNDH, y cuyo origen es una disputa por 60 hectáreas que, tanto el municipio de Aldama como el de Chenalhó aseguran les pertenecen, por lo que, a partir del año 2015, comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego, y dichos ataques se intensificaron en 2018. Sin embargo, durante 2020 los ataques se han reanudado, impidiendo que las familias puedan permanecer en sus casas y cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de COVID-19.