Estado

Libres, mayoría de duartistas acusados

Fueron beneficiados gracias a los ‘criterios de oportunidad’

El Diario

sábado, 11 julio 2020 | 06:00

Chihuahua– Desde que comenzó formalmente la “Operación Justicia Chihuahua” el 27 de marzo de 2017 con la captura del exalcalde Javier Alfonso Garfio Pacheco, se han ejecutado 47 órdenes de aprehensión con su respectiva vinculación a proceso en contra de exfuncionarios de la pasada administración, “duartista”, así como sobre algunos empresarios. Hasta ayer, menos de una decena de acusados se encontraban recluidos en prisión sujetos a proceso penal, pues la mayoría logró beneficios en los llamados “criterios de oportunidad”, encontrándose libres y/o bajo medias cautelares de menor peso, y otros fueron sentenciados, pero gozan de libertad condicional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que a la fecha han sido asegurados más de 52 bienes dentro de las carpetas de investigación por actos de corrupción; de igual manera se han obtenido ocho sentencias condenatorias.

Entre quienes obtuvieron su libertad está el exalcalde capitalino Javier Garfio Pacheco, quien aceptó sorpresivamente durante juicio que cuando era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de César Duarte autorizó la venta de 16 terrenos ubicados en el ejido “Labor de Terrazas”, los cuales inicialmente estaban destinados para la construcción de viviendas populares.

Los predios le fueron vendidos a la empresa denominada “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V.” por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos; obtuvo la libertad el 22 de octubre de 2017 al presuntamente colaborar con las autoridades en la entrega de información y pese haber sido sentenciado a más de tres años prisión.

El caso del exdiputado local Fernando Mariano Reyes Ramírez fue también sobresaliente debido a que logró que el juez local Octavio Armando Rodríguez Gaytán le concediera el beneficio de salir en libertad, aun siendo sentenciado a más de tres años de prisión.

En este caso la acusación fue de peculado agravado, y el exlegislador de Movimiento Ciudadano devolvió la cantidad de 2.4 millones de pesos, que aceptó durante el juicio haber recibido como “ayuda” por problemas económicos que enfrentaba y ante lo cual pidió auxilio al exmandatario César Duarte. El 22 de junio de 2017 dejó la prisión. El profesor Diógenes Bustamente Vela fue detenido mediante orden de aprehensión el 27 de junio de 2018 y en primera instancia se le acusó por el desvío de 1.2 millones de pesos, ya que durante su encargo en el gobierno “duartista” como funcionario de Educación, en presunta complicidad con Marcelo G. T. y Martha B., realizó los trámites pertinentes para la compra de agendas edición 2015 como regalo al personal del magisterio, pero no se pudo comprobar la adquisición ni entrega. Por otra parte, en el presunto desvío por 96 millones 685 mil 253 pesos, por el cual la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó la orden de captura y de extradición de César Horacio Duarte Jáquez al Gobierno de Estados Unidos, se mencionan dos empresas en las cuales el exgobernador fungía como accionista mayoritario.

Se trata de la Unión Ganadera Regional General División del Norte y Financiera de la División del Norte. 

En los llamados “Expedientes X” sólo una persona se encuentra actualmente detenida y procesada por recursos millonarios entregados a la primera moral.

Se trata de la contadora Guadalupe Medina Aragón, capturada el 28 de junio de 2018 mediante una orden de aprehensión en Hidalgo del Parral, acusada del delito de peculado agravado, por presuntamente orquestar el desvío de 20 millones de pesos del erario a la citada Unión Ganadera Regional.

Hasta la fecha la mujer permanece en prisión, y con un amparo pendiente de resolverse por la vinculación a proceso en un Tribunal Colegiado.

Medina Aragón fue presentada por la Fiscalía estatal como la administradora del patrimonio del exgobernador, así como la apoderada legal de varias de sus empresas. 

De acuerdo con el documento de extradición de Duarte, elaborado por el distrito de Nuevo México, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, el estado de Chihuahua transfirió 96 millones 685 mil 253 pesos a las dos compañías en las que el exmandatario fungía como accionista mayoritario.

En la investigación local, el agente del Ministerio Público expuso que Medina Aragón en abril de 2015, en calidad de representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del estado de Chihuahua, creada en 2010 cuando Duarte inició su gestión al frente del Ejecutivo, concertó, junto a exfuncionarios de las secretarías de Hacienda y de Economía, la operación de desvío.