Estado

Libres, homicidas, criminales y secuestradores por pifias de la Fiscalía

Mala integración de las carpetas, falta de pruebas y detenciones ilegales ‘benefician’ a detenidos

Staff
El Diario de Chihuahua

viernes, 05 julio 2019 | 15:29

Fotografía ilustrativa

Chihuahua.- Policías acusados de homicidio, presuntos asesinos, un supuesto líder criminal, un aparente feminicida y un secuestrador, han quedado en libertad por las fallas en la integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en lo que va de este año. 

En menos de un mes, los agentes del Ministerio Público hay recibido dos revés en casos importantes, ya que no mostraron pruebas suficientes para los jueces, y los imputados quedaron en libertad. 

Los casos más recientes son la liberación, ayer, de uno de los acusados de participar en el secuestro del empresario menonita Abrahan Harms. 

El otro es la no vinculación a proceso del exnovio de la joven Salma Montes, desaparecida en Delicias, quien es el último que la vio con vida y presuntamente el responsable de su auscencia. 

Ayer, un juez de garantía del Distrito Judicial Benito Juárez determinó la no vinculación a proceso de Noé M.G., acusado del secuestro de Harms Peters ya que no había elementos suficientes para vincularlo por lo que lo dejó en libertad. Sin embargo, según la Fiscalía hay otro secuestro por el que se le investiga. En ese mismo sentido un juez de Control también determinó la no vinculación a proceso penal en contra de Kevin Gualberto P. H., por la desaparición de su exnovia Salma Yahaira Montes Soto desde el 31 de mayo pasado, en Delicias. 

El joven quedó en libertad y la FGE apeló a la resolución que emitió el juzgador, por lo que hasta el momento se encuentra en espera del resultado que emita un magistrado de la revisión de este caso. Este se suma a otros casos como la liberación de Julio Cesar S. E., de 43 años, el 10 de enero, quien fue detenido como presunto agresor sexual y salió sólo con una medida de protección que le impide acercarse a quien lo denunció. 

La investigación se mantiene abierta. 

El 22 de febrero un juez federal ordenó la liberación de Jorge Luis A. I., supuesto sucesor de “El Sixto”, Julio César O. T., y presunto líder del grupo delictivo “La Línea” en los municipios de Temósachi, Matachí y Guerrero. 

El juez consideró inverosímil el reporte de su detención por parte de la Unidad de Antisecuestros y de Inteligencia de la FGE, ya que el acusado fue presentado como líder criminal y consignado ante el Ministerio Público Federal, pero la FGE no presentó evidencia de la legalidad de su arresto, por lo que se consideró irregular e ilegal la acción estatal, ordenándose su libertad inmediata. 

En Ciudad Juárez el 19 de marzo, cuatro de los ocho detenidos con relación al homicidio de Adrián Matsumoto, subdirector de la Policía Municipal de ese municipio, fueron liberados tras determinarse que no tenían relación con los hechos. 

El Ministerio Público los boletinó como integrantes del grupo delictivo “La Línea”, pero al momento de revisar las pruebas, el juez estableció que los imputados no estaban vinculados a los hechos ocurridos en Nuevo Casas Grandes, donde fue asesinado el jefe policíaco. 

El 18 de abril, Rosalío Joel M.P., quien fue acusado como el probable homicida del activista Juan Ontiveros Ramos, quedó en libertad porque la autoridad judicial consideró insuficientes las pruebas presentadas. 

El arresto de Rosalío Joel M. P. se realizó el viernes 12 de abril por la tarde. Ese mismo mes, pero el día 26 de abril, la juez de Control Karla Otero determinó la no vinculación de los cinco policías municipales que estáaban detenidos por el homicidio del exministerial Leopoldo Soto. 

A éstos les retiraron los cargos por delitos de homicidio calificado y por abuso de autoridad, por lo que fueron puestos en inmediata libertad. 

Uno de los argumentos es que hubo más agentes en el arresto y los menores y la esposa de Soto, dieron características físicas que no concordaban con las de los imputados. 

El 22 de mayo el juez Jesús Pérez-Gallardo Alvarado, detenido presuntamente en estado de ebriedad y en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, obtuvo su libertad tras declararse ilegal su arresto. 

Un Tribunal de Distrito determinó que la detención del juez por parte de agentes de la Dirección General de Tránsito (DGTM), fue ilícita debido a que inicialmente se le detuvo porque al parecer iba discutiendo con la pareja sentimental y sin motivo fue sometido a un examen para medir el estado de intoxicación etílica y a una inspección física.

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