Las cicatrices de la prostitución forzada

Chihuahua— En 2013, Laura tenía 14 años y mientras soñaba con su fiesta de 15 años fue víctima de un “levantón” y prostitución forzada. ¿El motivo? No aceptó unirse a un grupo de jóvenes que delinquían y que decidieron “darle una lección”. El hecho dejó en ella cicatrices físicas y psicológicas que a pesar del paso de los años aún duelen y que ocasionan pesadillas y temores nocturnos.

“Por lo menos no me la mataron”, dice su madre como único consuelo ante el ataque a su hija y la destrucción de la familia que luego de la búsqueda de Laura y posteriormente de apoyo, se quedó sin nada. La joven sólo calla, el silencio se ha vuelto una costumbre igual que la necesidad de cubrirse el rostro para que nadie descubra el horror que aún vive en su interior a pesar de los años transcurridos.

El destino la colocó en el estado de Chihuahua, cuyos municipios de Juárez y Chihuahua capital están catalogados como zonas de riesgo para fines de trata por ser lugares con un flujo migratorio constante y desarrollo productivo en la maquila, según señala el estudio “Trata de personas en México” elaborado por la organización Hispanics in Philanthropy, en el cual se establece también que existen líneas que vinculan la trata de personas con el feminicidio, tal como sucede en Nuevo León y Coahuila.

De acuerdo con dicho documento, Chihuahua es receptor de personas afectadas por la trata provenientes de Coahuila, Zacatecas, Durango, Veracruz y Ecuador pero también es expulsor hacia los estados de Zacatecas y San Luis Potosí a donde llegan específicamente ciudadanas originarias de Guachochi, lugar del que en apariencia provenían los agresores de Laura con presuntos nexos al crimen organizado, situación que también se señala como una constante en esta zona.

Las víctimas chihuahuenses fueron detectadas además en la región del Bajío donde se encontró una fuerte presencia de zonas clandestinas de enganche de personas migrantes con fines de trata para trabajos forzosos y explotación sexual, trata interna para servidumbre forzada de personas indígenas explotadas interestatalmente, así como de personas originarias de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Chihuahua. De igual manera se presume la relación de trata con desapariciones de mujeres adolescentes en los estados que comprenden esta región e incluyen Puebla y Nuevo León.

La trata de personas no sólo implica la prostitución sino otras actividades como los trabajos forzados o en actividades ilícitas, por citar un ejemplo. En ello, Chihuahua también está involucrado.

“En la región norte ha existido marcada presencia del crimen organizado que capta personas, generalmente migrantes, para fines delictivos, entre los que destacan la siembra de droga como lo marcan los casos de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Coahuila”, destaca el citado estudio.

Lo anterior implica que el estado más grande de México es una de las cinco entidades del país en las que se ha vuelto común la trata de personas con fines delictivos particularmente la siembra de droga. 

Julieta Fernández en el estudio “La importancia de la prevención de los delitos en materia de trata”, de la Comisión Especial contra la Trata de la Cámara de Diputados, respalda la existencia de dicha situación y explica que los usos y costumbres en poblaciones indígenas y personas migrantes son un factor clave para la vulneración de derechos.

“Se ubican problemáticas de casos de personas indígenas y rurales jornaleras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato que van a trabajar a los campos agrícolas. Asimismo la normalización en la región respecto a que los migrantes no reciben salarios dignos y justos, presume que han sido objeto de trata; asimismo se cree que son enganchados para el trabajo forzoso y prostitución forzada en el crimen organizado”, indica.

Más de 24 mil víctimas de trata en México; el 72% son mujeres

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH-, a casi 7 años de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (Ley General), no existen evidencias de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan implementado una política pública dirigida a la atención preventiva en zonas y grupos de alta vulnerabilidad.

Según los últimos datos obtenidos por la CNDH,  a nivel nacional no se cuenta con información del 72 por ciento de las víctimas identificadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Federal y Estatales, respecto de su pertenencia a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos en materia de trata de personas, lo que impide contar con un panorama nacional sobre poblaciones en mayor riesgo. 

El Reporte Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, señala que, de las más de 24,000 víctimas detectadas en 2016 en México, la mayoría son mujeres (72%) y que, aunque las víctimas sean principalmente mujeres mayores de 18 años, el número de niñas está en aumento. Datos obtenidos por este Organismo Nacional a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales indican que el número de mujeres víctimas de los delitos en materia de trata de personas identificadas en México es aún mayor, representando el 85 por ciento del total de las víctimas.

Dichos informes indican que las mujeres adultas representan el 64 por ciento de las víctimas en México, mientras que a nivel internacional, de acuerdo con ese reporte, el 49 por ciento, en tanto que los hombres adultos son el 9 por ciento de las víctimas en México, y a nivel internacional representan 21 por ciento. En nuestro país el 84 por ciento de las víctimas son nacionales, y a nivel internacional el Reporte apunta que 58 por ciento son nacionales del país en que fueron identificadas.

Información de la Comisión Nacional de Seguridad establece que en 2017 México ocupaba el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, de ahí la importancia y urgencia de que todos los niveles y órdenes de Gobierno se coordinen e impulsen acciones desde sus respectivas trincheras para combatir este flagelo que afecta gravemente los derechos humanos de las víctimas.

¿Qué pasa en Chihuahua?

El pasado 23 de enero se llevó a cabo la instalación del Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas, integrado por 23 consejeros de organismos públicos y privados, de la sociedad civil, así como de instituciones educativas.

Durante 2018, la Fiscalía Especializada de la Mujer –FEM sumó 24 denuncias que quedaron registradas en cuatro carpetas de investigación en la entidad mientras que en Ciudad Juárez, el Ministerio Público hizo 18 investigaciones por ese motivo, mismo número de denuncias, de los cuáles sólo en cuatro casos se comprobó el delito.

De acuerdo con la FEM, el año pasado se realizaron tres operativos, el primero de ellos en enero en Carichí donde se logró la liberación de tres víctimas, para después detener a Ana Karen F. C. en Cuauhtémoc vinculada al caso, quien reclutaba mujeres para llevarlas a fiestas y explotarlas sexualmente.

Un segundo operativo se hizo durante mayo en Nuevo Casas Grandes, rescatando en este lugar a otra víctima del delito de trata de personas.

El tercero fue en el mes de septiembre en Parral, lugar donde detuvieron a Palmira M. A rescatando en este caso a dos menores, sin embargo se podrían registrar más víctimas debido a que es acusada de tener toda una red de trata de personas. En 2019 la FGE realizó un operativo en la ciudad de Delicias en donde lograron rescatar a una persona, de quien se presume sea víctima del delito de trata de personas, caso que está en investigación además de que, según la FEM, a la fecha se cuenta con órdenes de aprehensión contra dos personas por ese delito en hechos cometidos durante 2018.

Uno de los casos más mediáticos es el de Claudia Palmira M.A. conocida como “la Pamy” y detenida como presunta responsable de trata de personas en perjuicio de dos jóvenes –más otras 8 posibles afectadas- y cuyo centro de “operaciones” estaba en Parral donde aparentemente contaba con un catálogo de “Escorts”. 

Al momento se encuentra en prisión preventiva recluida en el Cereso de Aquiles Serdán mientras se concluye la investigación. Antes de ser llevada a su audiencia de vinculación a proceso, la FEM logró acreditar que la acusada de tratar con mujeres en Parral, mantenía un vínculo de amistad con la pasante de enfermería Mayra Guadalupe Mendoza Adame, quien desapareció  en mayo de 2018 con tres personas más.

El caso particular de Laura nunca se resolvió a pesar de que en su momento se interpuso la denuncia correspondiente y la respuesta que la familia recibió fue: “No podemos actuar contra una menor de edad”. Insistir en el seguimiento era demasiado porque primero había que sobrevivir.

“Dejamos de acudir a la Fiscalía porque tuvimos muchos problemas  para sobrevivir; lo perdimos todo”, dice la madre de la joven que nunca logró tener su fiesta de 15 años.