Lamenta Red de Profesoras Universitarias asesinato de doctora

Chihuahua, Chih.- La Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua, lamentó el (hasta ahora) presunto feminicidio de la Doctora Massiel Mexía Medina en la localidad de San Juanito, perpretado el lunes 11 de julio.

A través de un comunicado el organismo, señaló que este hecho, pone en evidencia, nuevamente, la inseguridad creciente que aqueja a la sociedad, de la que tampoco escapa la zona serrana del estado de Chihuahua.

“Chihuahua es una entidad alertada por la violencia de género contra las mujeres en cinco de sus Municipios, alerta que debiera extenderse a todo el territorio estatal, pues además está como antecedente la sentencia caso González y otras conocido como Campo Algodonero, que a partir de los hechos a los que se refiere falta de diligencia del Estado mexicano”.

Además, el documento refirió que, desde hace tiempo, se ha venido evidenciando la sistematización y normalización de la violencia contra las mujeres, así como la falta de acceso a la justicia, no únicamente en nuestro estado sino en el país en general.

“El gremio médico también está vinculado con esta situación, ya que como lo señala la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida en agosto de 2021 las universidades del estado -como la UACJ y la UACh-, recibieron señalamientos específicos relacionados con el área de formación médica, por los vacíos legales y la falta de condiciones de seguridad para pasantes y residentes de diversas especialidades que, dentro de su servicio social, acuden a localidades sitiadas por el crimen organizado, lo cual pone en riesgo su integridad y su vida”, señaló el boletín.

Así mismo, la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua, dijo que, esta misma situación de indefensión la viven pasantes de enfermería, estomatología y del gremio de la educación.

Ante eso, consideraron urgente tomar acciones para salvaguardar la seguridad de quienes acuden a servir a estas comunidades, misma que debe ser garantizada por el Estado mexicano, así mismo, las instituciones involucradas deben contar con guías de actuación y rutas críticas que prioricen el derecho a una vida libre de violencia.