Involucran a 3 agentes del MP en caso de tortura

Chihuahua.— Los cinco testigos de identidad reservada cuyas declaraciones fueron leídas en la audiencia inicial y de vinculación del exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., coincidieron en indicar que hubo otras tres personas que participaron de manera directa en los supuestos casos de tortura.

Javier Flores, Martha Parales y Elisa Peña Yáñez fueron los tres agentes ministeriales mencionados durante el proceso judicial, pero que a la fecha no han sido detenidos.

En las declaraciones que fueron leídas por la agente del Ministerio Público en las jornadas de las audiencias, entre los días 21 y 28 de noviembre, se destacó que los testigos identificaron a tres agentes entre las personas de la Operación Justicia para Chihuahua, encabezados presuntamente por el inculpado.

Los testigos de identidad reservada, clasificados como DEFJ5/2021, JOA3/2021, DCVJ/2021, WPOA5/2021 y MAMA6/2021, indicaron que el exfiscal no era el único que practicaba los interrogatorios que incurrieron en prácticas de tortura.

Entre las declaraciones de la audiencia señalaron que los agentes eran quienes llevaban los interrogatorios, los cuales llegaron a durar desde las 8 de la mañana hasta 12 de la noche, en los que no se les permitía beber agua ni ir al sanitario, además de estar incomunicados.

Apuntaron que durante meses fueron citados a la Casa de Gobierno de la avenida Zarco. En algunos de los casos, fueron más de 50 veces en un plazo de ocho meses.

En su narración, el denunciante explicó que fue sometido a interrogatorios en los que se aplicó tortura psicológica, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018.

“Francisco G., a fin de obtener información y datos de pruebas relacionados a los delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, causó sufrimiento al testigo con identidad reservada JJBP1/2021”, fue parte de lo expuesto por el MP.

Agregó que “tenía calidad de testigo protegido e imputado... la agente del Ministerio Público Elisa Peña Yáñez ejerció intimidación, coacción mediante gritos de forma violenta, con amenazas de que enviarían a la víctima y a su familia a la cárcel; lo incomunicaron con largas jornadas de interrogatorio sin comer, tomar agua ni ir al baño, coacción que se dio al momento citar a la víctima en la Casa Zarco”.

El 28 de febrero el juez Decimosegundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Fernando Luévano Ovalle, negó el amparo solicitado por la defensa del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., contra el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra el 28 de noviembre del año pasado, por el delito de tortura.

Incluso en uno de los puntos de la sentencia del juicio de amparo expuso que hay elementos para considerar la existencia del delito y la posibilidad de que el exfiscal lo haya cometido.

“En el particular, este juzgador estima correcta la valoración respecto a la acreditación del hecho ilícito, pues una vez valorados los antecedentes de investigación expuestos por la Ministerio Público que obran en la carpeta de investigación, hasta este momento son aptos para acreditar, razonablemente, la existencia del hecho delictivo expuesto por la agente del Ministerio Público y que Francisco G. A. lo cometió”, se puede leer en la página 40 de la resolución.