Estado

Investigan tortura vs 8 testigos protegidos

De acreditarse coacción podría traer varias consecuencias: fiscal

Argelia Domínguez / El Diario de Chihuahua

viernes, 14 enero 2022 | 06:00

El Diario de Chihuahua | El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte

Chihuahua.– El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, señaló que actualmente se investiga la presunta tortura ejercida en contra de ocho testigos protegidos que declararon en varias causas penales de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, que, de acreditarse, traería varias consecuencias, incluso el sobreseimiento de estas carpetas de investigación. 

Fierro Duarte consideró lamentable que el Gobierno estatal se entrometiera en las determinaciones del Poder Judicial para perseguir a quienes consideraba enemigos políticos, luego de que el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, señalara que fue blanco de presiones por parte de Poder Ejecutivo para vincular a proceso a la ahora gobernadora, Maru Campos Galván, y a los exlegisladores Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, por el delito de cohecho.

Refirió que, en el caso de las ocho denuncias de tortura, se ha citado a diversas personas y aplicado protocolos y análisis psicológicos para determinar si los testigos sujetos a criterios de oportunidad fueron coaccionados para declarar en contra de exfuncionarios en varias causas penales. 

“Es una carpeta complicada porque, finalmente, con la calidad de imputados y testigos y criterios de oportunidad, también es difícil determinar hasta dónde puedan llevarnos la carpeta. Sin embargo, sí existen esas denuncias y estamos analizando a fondo”, dijo. 

Explicó que, de corroborar que hubo presiones psicológicas para obtener testimonios, se desencadenaría una cascada de efectos. Esto podría redundar en el sobreseimiento de la acción penal, pero primero habrá que determinar si, en efecto, los agentes ejercieron dichos abusos en los interrogatorios para obtener las respuestas que necesitaban. 

Por otra parte, aclaró que varios de los ministerios públicos que formaron parte de la Operación Justicia para Chihuahua siguen trabajando dentro de la Fiscalía, pero prefirió no hacer señalamientos para no trastocar el principio de presunción de inocencia. 

El 13 de octubre de 2021, seis testigos colaboradores entregaron una solicitud de medidas cautelares a la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, señalando que algunos de los agentes del Ministerio Público, que participaron en la integración de decenas de carpetas de investigación, los obligaron a rendir testimonios e imputaciones en contra de exfuncionarios y empresarios, sin que les constaran actos de corrupción presuntamente cometidos durante el Gobierno de César Duarte Jáquez. 

Entre los mencionados en dicho documento se encuentran Francisco González Arredondo, Claudia Chávez Apodaca, Beatriz Aréchiga Bermúdez, Martha Payares, Sandra Cecilia Delgado Ordaz, Eduardo Cháirez Coss, Laura Renata Muñoz Bojórquez, Uriel Chacón, Ernesto Chavarría Peña y otra persona más de apellido Flores.

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