Integran mesa técnica con recomendados del fiscal

Chihuahua– La diputada independiente Marisela Sáenz aseguró que son recomendados del fiscal general del Estado César Augusto Peniche la mayoría de los integrantes de la mesa técnica que analizará la propuesta para dotar de escoltas al gobernador Javier Corral y a varios funcionarios estatales una vez que terminen sus cargos.

“Al parecer son puros federales que manda el fiscal Peniche para defender la iniciativa”, expresó la legisladora antes de una reunión realizada ayer por la tarde, para conformar e instalar la mesa que opinará ante la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, la cual habrá de dictaminar la iniciativa de Corral Jurado.

“Sabe que los chihuahuense no se prestarían a despilfarrar el poco presupuesto que le quedará a Maru Campos”, agregó.

Los diputados de la comisión fueron convocados ayer por la tarde a una reunión para instalar y desarrollar los trabajos de la mesa técnica que evaluará las condiciones en que se dotaría de escoltas al gobernador, al secretario de Seguridad Emilio García Ruiz, al secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta y al propio Peniche.

La propuesta fue incluida en una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, enviada por Corral desde el pasado mes de febrero.

Propone introducir un nuevo capítulo sobre la seguridad de quienes dejen sus cargos en dichas áreas, a pesar de que el propio Corral propuso derogar prácticamente ese mismo apartado, en marzo de 2017.

Según la convocatoria de ayer, fueron llamadas “personas expertas” en el tema de seguridad. La mayoría son expolicías federales, de acuerdo con la legisladora.

La comisión de diputados es presidida por la panista Georgina Bujanda, así como por Fernando Álvarez Monje y Jesús Villarreal (PAN), Gustavo de la Rosa Hickerson (Morena) y Marisela Sáenz (independiente).

Sáenz Moriel dijo que no tuvo conocimiento de la forma en que fueron elegidos los “expertos” llamados a participar: Enrique Galindo, Maru Suárez, Facundo Rosas, Álvaro Vizcaíno, Sergio Ochoa y Jorge Contreras.

Expuso que preguntó quién recomendó la participación de los policías federales o cómo conocieron del tema de la mesa técnica, “pero no me supieron decir nada”.

Señaló que quien “está moviendo y exigiendo que analice de manera urgente el tema es la diputada Bujanda, pues tiene mucho interés en dictaminar urgentemente la iniciativa”.

En la reunión de ayer, informó, se analizó la presentación y análisis del documento base, la identificación y delimitación por factor común de elementos o situaciones problemáticas, con alguna de estas situaciones: mecanismo para una evaluación de riesgo, alcance contra objetivo, y temporalidad.

‘La mejor seguridad es hacer bien su trabajo’ 

En la reunión realizada ayer, los legisladores y el grupo invitado vertieron opiniones diferentes sobre la propuesta, tanto en el aspecto técnico y de gasto que implica el uso de escoltas por exfuncionarios, como en el aspecto jurídico.

En su participación el doctor Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, señaló que cuando se afectan aspectos personales en el combate a la delincuencia el riesgo aumenta, pero si son las funciones en apego a aspectos institucionales no hay riesgo. 

“La mejor seguridad del funcionario es hacer bien su trabajo. Es un aspecto formal quién sí y quién no amerita seguridad de escolta”, dijo Rosas.

Tras las participaciones de los invitados al grupo de análisis, en conclusión acordaron que el marco jurídico adecuado para la asignación de escoltas no es la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que pretende reformar el gobernador Corral, sino la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

La Ley de Víctimas contempla como tales a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

También considera víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

Aplicar la Ley de Víctimas haría innecesaria una reforma legal a la norma planteada, pero se mantendrá en análisis. 

No son enviados del fiscal: Bujanda

La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso Estatal, Georgina Bujanda, explicó por su parte que se tuvieron aportaciones importantes en el análisis de la iniciativa, en temas relacionados con la seguridad y los factores de la inseguridad en el país.

Recalcó que el análisis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal se basó en varios puntos, uno de los más importantes es que los escoltas no son asistentes de los funcionarios ni están para cargarles las cosas, sino que se trata de personal especializado con una preparación profesional.

Añadió que las personas invitadas fueron buscadas para que aportaran su experiencia y destacó que no se trata de personas enviadas o recomendadas por el fiscal u otro funcionario estatal. Precisó que se trató de una asistencia voluntaria, sin cargo al erario.

Enfatizó que se revisará cada caso en particular bajo los criterios que fijen los expertos, ya que no se trata de asignar seguridad al gusto del funcionario, sino de la verdadera necesidad. Apuntó que puedan darse casos en los que solamente necesite una persona de protección sin vehículo blindado o para ciertas actividades.