Instala hoy aquí AMLO Comisión de la Verdad

Chihuahua— Chihuahua fue un punto nodal de la contrainsurgencia en donde operaron las violencias del estado por motivos políticos y se articularon, de diferentes maneras, a lo largo del período 1965-1990, mismo que se investigará a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia, que instalará hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad.

La académica e investigadora Aleida García Aguirre, miembro de la citada Comisión específicamente del mecanismo de esclarecimiento, habló en entrevista exclusiva con El Diario respecto al tema y dijo que el período de investigación inicia en 1965 no porque en esa fecha se haya dado el asalto al cuartel de Madera, sino porque a partir de este, dentro de las instituciones oficiales se crearon los grupos dedicados a la contrainsurgencia y con ello llegaron las violaciones a los derechos humanos como la desaparición, tortura y asesinatos extrajudiciales.

“Se va a investigar la forma de operar de manera represiva contra opositores políticos y en general contra personas de diferentes disidencias. En el caso de Chihuahua conocemos bien el asalto al cuartel de Madera en 1965, fecha que abre el periodo de las averiguaciones. El 65 no se elige por el asalto sino porque a partir de este, diferentes instituciones de seguridad del Gobierno federal empezaron a crear grupos dentro de esas instituciones, para dedicarse a la contrainsurgencia. Comenzaron a coordinarse instituciones federales y locales para operar la contrainsurgencia. Lo que sucede en Chihuahua en el 65 reordena la lógica represiva del estado, eso es muy importante”, señaló.

Explicó que por el momento no es posible hablar de casos específicos a investigar, pero sí de momentos que han marcado la historia en los que está documentada la violación a los derechos humanos.

“Pensaría en momentos clave en la historia de Chihuahua en los que están documentados hechos violatorios de derechos humanos. Por ejemplo: el 15 de enero de 1972 hubo un triple asalto operado por el grupo “N” mejor conocido como los “Guajiros”. Eran tres comandos de ese grupo político militar. El asalto se ejecutó bien, pero luego vino una represión, detuvieron a alguien y de esos tres comandos hay casos de ejecuciones extraoficiales, personas detenidas y luego asesinadas en manos de instituciones estatales, personas torturadas. Hay varios casos bien documentados de los dos puntos. Otro momento se dio en Juárez en 1976-1977, en coordinación la dirección federal de seguridad con policías locales se da la desarticulación de células de la liga comunista 23 de septiembre, que dio lugar a desapariciones forzadas, tortura, etc.”, explicó.

García Aguirre abundó en que, a principios de la década de los setenta, el estado de Chihuahua era un punto importante en el contexto nacional, en materia de movimiento social, pero también de represión. Esta última, se articulaba con lo que ocurría en otras latitudes del país.

“A principios de los años setenta Chihuahua era un punto clave de organización y por tanto de represión. En la segunda mitad de los setenta de manera más clara fue Juárez, pero la represión que ocurría en estas dos ciudades se articulaba con la represión que ocurría en Guadalajara, Monterrey y Sinaloa; Chihuahua está presente durante el período en esa articulación de estrategias de contrainsurgencia”, dijo.

Posteriormente, las violaciones a los derechos humanos se trasladaron a la región serrana y ocurrieron a manos del Ejército desencadenando un posible desplazamiento forzado. Migraron también a la frontera, pero ahora contra los grupos de la diversidad sexual.

“Las otras violaciones de derechos humanos de las que queremos empezar a hablar, son las que tienen lugar en la sierra de Chihuahua por operaciones contra narcóticos que efectuó el Ejército y que pudieron haber producido desplazamiento forzado además de tortura. Tenemos que hacer un diagnóstico preciso y para ello buscamos las estrategias. Esas violaciones se sostuvieron desde los setenta a los noventa y continuaron. Hay otros casos relacionados con la comunidad LGBT+ particularmente en Juárez, que por ser frontera concentra población de mujeres trans, permanentemente acusadas y perseguidas por su identidad sexual y de género”.

¿Qué es y por qué se conforma esta Comisión?

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia tiene cuatro mecanismos: esclarecimiento histórico, impulso a la justicia, búsqueda de desaparecidos y reparación del daño a las víctimas.

“Yo formo parte del mecanismo de esclarecimiento histórico, acompañada por Abel Barrera, David Fernández, Eugenia Led y Carlos Pérez Ricarte. Nuestro trabajo es el esclarecimiento, la investigación sobre las violaciones graves a derechos humanos y de estado entre los años 1965 y 1990. Nos coordinaremos con los otros mecanismos para que sea un trabajo orgánico. Nuestro trabajo será hacer investigación documental en archivos, testimoniales con víctimas y familiares y trabajo de memoria; es decir, de hacer público y socializar lo que encontremos”, dijo.

Dentro de las actividades de este mecanismo también está la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional -Sedena- de la cual, dijo la entrevistada, esperan toda la disponibilidad que lleve a cumplir la promesa hecha por el presidente López Obrador.

“Un trabajo muy importante es conseguir que se abran los archivos de la Defensa Nacional que es un repositorio donde seguramente están documentadas acciones del Ejército que fueron violatorias a los derechos humanos que dieron lugar a la violencia del estado. Esperamos toda la disponibilidad que el Presidente ya anunció. Él ha dicho en repetidas ocasiones que los archivos se van a abrir y desde ese lugar vamos a partir para trabajar con la Sedena y desclasificar esos archivos. Porque suponemos que eso es un acuerdo que ni siquiera tenemos que negociarlo, eso va a ocurrir. Si eso no se diera, necesitaremos el apoyo del colectivo social para hacer que se cumpla esa promesa que ya se hizo”, apuntó.

En cuanto al origen de la Comisión, explicó que si bien se da a partir de denuncia constante de familiares de desaparecidos, también se abre la puerta para investigar otro tipo de violencias de estado.

“En principio este mecanismo tiene como origen la permanente denuncia de familiares de personas desaparecidas, de sobrevivientes de tortura por motivos políticos que ocurrieron entre 1965 y 1990; pero la formulación del plan presidencial y el decreto abre la posibilidad de que además del relato histórico, averigüemos otro tipo de violaciones que ocurren en general en la operatividad de las instituciones”.

Dijo que el trabajo deberá de iniciar de inmediato y para ello, los cuatro mecanismos contarán con un presupuesto dirigido a esta tarea específica. El informe final se entregará en septiembre de 2024.

“Estamos junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos coordinando las reuniones con diferentes dependencias para completar información. Habrá un único informe final, que se entregará en septiembre de 2024, pero en este lapso habrá estrategias para ir haciendo públicas las averiguaciones históricas que ya existen.

Volver a hacer presentes investigaciones que ya se realizaron entre 2002 y 2006, el informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas y aunque vamos a rebasar ese trabajo estamos basados en ello y se necesita posicionar públicamente y con contribuir a que socialmente esté presente ese relato del pasado del que ya tenemos algunos trazos muy importantes”, finalizó. 

sochoa@diarioch.com.mx