Inició exjefe de penales fortuna en Chihuahua

Al menos cinco empresas y tres inmuebles aparecen en los registros públicos a nombre de Eduardo Guerrero Durán, exfuncionario estatal y federal supuestamente implicado en un desvío de recursos públicos de los centros penitenciarios en la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, el nombre de Guerrero Durán está en las compañías Vigila de Juárez y Servicios Integrales Corporativos del Bravo, inscritas en el estado de Chihuahua en 2009 y 2012 respectivamente, y en cuya formación también se indica la participación de Luis Carlos Cordero Camarillo, que fungió como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el sexenio de César Duarte.

Fue en esta misma administración estatal en la que, entre 2010 y 2015, Guerrero Durán fue fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, cargo del cual pasó –a finales de 2015– al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del Gobierno de Peña Nieto, desde el cual se habría cometido el supuesto ilícito reportado por medios nacionales.

Los mismos atribuyen también a Guerrero Durán la propiedad de Grupo Seinco –o Servicios Integrales Corporativos–, que a su vez aglutina a 15 compañías y que, en su página de Internet, señala haber sido establecido en 2007 en Ciudad Juárez y tenido entre sus clientes a entidades gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad, la hoy extinta Policía Federal, el Senado de la República e incluso la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

El RPC no arroja este nombre entre los activos de Guerrero Durán, pero el exfuncionario anotó en su declaración ante el Gobierno federal –por la conclusión de su encargo en el OADPRS– haber sido, entre 2009 y 2010, “socio director” de Seinco.

En 2017, durante la pasada administración estatal, Grupo Seinco –como otras empresas– fue invitado por Pensiones Civiles del Estado (PCE) a participar en la licitación restringida para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia para las delegaciones de Chihuahua, Juárez, Delicias, Meoqui y Camargo.

El RPC indica también la participación de Guerrero Durán en la Distribuidora Acuícola de Juárez, sociedad de producción rural registrada en 2014, así como en Ponderosa El Guerrero, registrada en septiembre de 2009 en la capital de Chihuahua como productora de ganado, carne y leche.

La compañía más reciente que aparece a este nombre es Katorce21 Group, formalizada el 16 de marzo pasado en el Estado de México con el objeto de elaborar y distribuir alimentos.

En los folios en los que el RPC informa sobre las empresas citadas se indica que Guerrero Durán es originario de Ciudad Obregón, Sonora. 

En el Registro Público de la Propiedad están anotados, por separado, tres bienes inmuebles al mismo nombre: uno adquirido en 2011 en Ciudad Juárez, por un valor de 1.5 millones de pesos; otro en Chihuahua, comprado en 2014 por 918 mil pesos, y uno más adquirido en 2017 en esta frontera por 1.7 millones de pesos. 

Información del periódico Reforma indica que Guerrero Durán es uno de los 10 presuntos implicados en la investigación iniciada por la FGR, la cual señala que en el sexenio de Peña Nieto hubo una triangulación de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga –esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont–, con recursos que provendrían de dos grandes contratos otorgados por el OADPRS.

“De acuerdo con informes recabados, el principal exfuncionario que es buscado por la Fiscalía General de la República es Eduardo Guerrero Durán, quien precisamente fue comisionado del OADPRS entre septiembre de 2015 y octubre de 2016”, indicó Reforma en su reporte del pasado martes.

El mismo medio incluyó al hoy exfiscal general del estado en la Zona Norte, Jorge Nava, quien dejó el cargo el pasado martes, al difundirse en medios la indagatoria.

“Yo no tenía poder sobre la administración del órgano desconcentrado, ya que mi función únicamente se centró en organizar el área de Inteligencia del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia, conocido como C-5”, dijo el martes Nava. 

Guerrero Durán no fue ayer localizado para entrevista con este medio. 

El caso

• La presentadora Inés Gómez Mont así como su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, habrían participado en la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación cuando estaba al frente Miguel Ángel Osorio Chong en la administración de Enrique Peña Nieto.

• Los recursos presuntamente fueron triangulados en al menos mil 446 operaciones bancarias por las empresas ‘fantasma’ en las que los hermanos Álvarez Puga y Gómez Mont son apoderados legales, junto a otros socios.

• Presuntamente se otorgaron contratos para la adquisición de equipo y la contratación de empresas “fantasma” para la realización de obras en cinco penales, manejados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del Gobierno federal.

• Guerrero fungió como comisionado del OADPRS, mientras que Nava estuvo a cargo del área de Inteligencia del OADPRS.