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Estado
domingo, 19 marzo 2023 | 06:00
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Ciudad Juárez.— Legisladores en el Congreso estatal iniciarán las discusiones para reformar la Ley Electoral estatal para armonizarla con el Plan B, vigente desde el 3 de marzo, y que sus nuevas directrices apliquen en el proceso electoral 2024.
“Estamos analizando discutirlo, lo que sería a mediados de abril. A través de estas discusiones se va a reformar una ley electoral para adecuarla con las leyes electorales federales para conseguir una armonización y podamos sacarlo antes del 31 de julio”, apuntó el diputado local de Acción Nacional Gabriel García Cantú.
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El jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral, que se encargará de realizar las modificaciones a los instrumentos normativos y administrativos para el cumplimiento de lo mandatado por los recientes cambios a la legislación electoral.
De acuerdo con el calendario del mismo órgano electoral, para el 15 de agosto deberán instalarse los órganos locales y oficinas auxiliares en los estados con las previsiones impuestas por el Plan B, pero antes, las leyes locales tienen que ser reformadas para homologar criterios con la Ley General.
El Plan de Trabajo y Cronograma avalados por el Comité contemplan los plazos para cumplir con los artículos transitorios del decreto de reforma electoral.
La reforma a la legislación electoral local provocará que las discusiones se extiendan en varios períodos extraordinarios en el legislativo estatal pues el período ordinario termina en mayo próximo, explicó el diputado panista. La reforma de la ley necesita el voto de las dos terceras partes del Legislativo.
“Tenemos que ir adelantando los trabajos de las modificaciones que se tengan que hacer, independientemente de la presentación de impugnaciones y cómo vayan avanzando por cuestiones de armonización de las leyes federales y locales”, agregó García Cantú.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la medianoche del 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de su reforma electoral que debilita las funciones del INE y al Tribunal Electoral, disminuye su personal y permite a los funcionarios hacer propaganda.
La reforma aprobada reduce el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), con el pretexto del ahorro.
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