Diario
Estado
martes, 21 mayo 2019 | 06:00
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició un procedimiento adicional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, al dar vista a la Fiscalía General de la República por probables delitos relacionados con lavado de dinero.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, el procedimiento se generó el pasado mes de abril, y está relacionado con la creación de empresas fantasma por parte de la administración estatal anterior.
“Dimos una vista por un asunto relacionado con Chihuahua, con un asunto relacionado con lavado de dinero vía empresas fachada y relacionado con corrupción política de la anterior administración”, dijo Nieto en entrevista.
“No puedo dar más datos por el sigilo de las carpetas de investigación, pero se presentó el mes pasado (…) relacionado con el exgobernador”, agregó.
Santiago Nieto estuvo en esta frontera para participar en el II Foro de Legisladores en Materia Hacendaria, en el cual expuso que México ha sido cuestionado a nivel internacional por la falta de resultados contra el lavado de dinero.
En ese sentido, explicó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) –en el que participan más de 30 países– detectó que México cuenta con pocas sentencias condenatorias por este delito (sólo 22 hasta 2018) y también pocos decomisos de bienes de procedencia ilícita.
“Había faltado coordinación entre UIF y la PGR”, dijo Nieto en entrevista. “Ahora, lo que estamos haciendo son grupos de trabajo para darle seguimiento a los casos y, por otro lado, se habían investigado más los delitos precedentes que el delito de lavado de dinero; es decir, en vez de denunciar el lavado de dinero en casos de trata, se denunciaba sólo la trata”, agregó.
La vista dada a la FGR por el probable delito de lavado de dinero en la administración estatal pasada en Chihuahua es uno de los más de 50 casos por el mismo ilícito que ha detectado el nuevo Gobierno federal y que, dijo Nieto Castillo, buscan llevar ante tribunales para obtener sentencias condenatorias a finales de año.
“El problema fue que la administración anterior no ejerció estas facultades sino al contrario, encontramos que hubo muchos casos en donde la entonces PGR trabajó en contra de la procuración de justicia, generando mala integración de las investigaciones o entorpeciéndolas”, agregó Nieto.
El exgobernador Duarte –que se encuentra prófugo– es el principal acusado de la Operación Justicia para Chihuahua, iniciada por la Fiscalía General del Estado para perseguir actos de peculado presuntamente cometidos por él y colaboradores de su administración, así como por integrantes del Partido Revolucionario Institucional.
srodriguez@redaccion.diario.com.mx