'Inconstitucional criminalizar al auditor en Miscelánea Fiscal'

Chihuahua.- El Senado incurre en un acto de inconstitucional al pretender imponer prisión de tres meses a seis años al contador que haya realizado una auditoría y tenga conocimiento “de un hecho probable constitutivo de delito” sin informarlo a la autoridad, señaló Luis Carlos Ramírez Chávez, socio director de “Accentt Consulting”.

Durante una entrevista enfatizó que ese no es el problema de fondo de la Minuta aprobadas por las  Comisiones Unidad de Hacienda y Estudios Legislativos, sino el que regrese la obligatoriedad del dictamen de las empresas.

Precisó que en realidad el tema de los auditores tiene un problema de fondo, y más que el tema de la penalidad, es que haya regresado la obligatoriedad del dictamen.

Luis Carlos Ramírez, informó que el auditor hace una opinión independiente y libre de lo que se plasmó en los estados financieros, y ya se dio en el pasado, cuando era obligatorio el dictamen que éste se convierte en un impuesto más, porque las empresas como tienen que hacerlo, no lo requiere con quien tenga una opinión objetiva, sino con el mejor postor.

Esto atenta contra la libertad de pensamiento del auditor, y por eso desapareció en su momento el dictamen obligatorio, pero ahora, como en muchas cosas se está regresando a males del pasado, apuntó.

Luis Carlos Ramírez señaló que el tener la obligatoriedad del dictamen atenta contra la libertad de pensamiento del audito, desde ahí viene el problema.

Agregó que esta obligado a dictaminarse perderán la revisión secuencial, ya que hoy en día quien opta por dictaminarse, el Servicio de Administración Tributaria, primero revisa el dictamen, debido a que la firma opto por transparentar sus estados financieros de manera voluntaria , pero con la obligatoriedad desparece eso, por lo que en lo sucesivo el SAT puede ir directamente a auditar el negocio.

Por el lado del contador, del auditor registrado enfrenta ahora la posibilidad de ir a la cárcel por una hipótesis, no por una cosa objetiva, ya que la Minuta de las Comisiones que se presentaría a votación al Pleno del Senado, dice que cuando el contador inscrito haya tenido conocimiento de un hecho “probablemente constitutivo de delito” y no lo entero a la autoridad.

Esto significa que por algo que parezca constitutivo de delito y no se informó a la autoridad, se le considera encubridor.

Luis Carlos Ramírez apuntó que se espera toda una avalancha de consecuencias por este cambio y lo correcto debió haber sido dejar el dictamen de manera voluntaria como se hace y que se lleve a cabo un trabajo auténticamente objetivo sin limitantes para el auditor y sin las consecuencias penales en caso de que algo se le pase.

Indicó que la auditoria tiene una metodología y se hace a través de un muestreo, con una importancia relativa y no lleva a ver el cien por ciento de las operaciones y se ven los estados financieros para revisar de acuerdo a la racionalidad.

Ahí puede ni siquiera tener obligación, de acuerdo a la norma de revisar alguna operación que probablemente pudiera ser tipificada como fraudulenta, por lo que adolece de muchos problemas este tema.

Señaló que si bien el objetivo que se busca es desalentar la evasión fiscal y que más gente pague sus impuestos, las formas no son las correctas ni las más adecuadas para lograrlo.

Informó que de acuerdo con la ley las empresas obligadas a dictaminarse son aquellas que tengan ingresos anuales por mil 650 millones 490 mil 600 pesos.

Luis Carlos Ramírez dijo que hay también ciertos contadores que están a favor del dictamen obligatorio, pero los auditores no están de acuerdo.

Finalmente explicó que las empresas que hasta ahora auditaban sus estados de cuenta son aquellas que participan en la Bolsa de Valores y otros mercados y quieren ventilar públicamente ante los clientes, socios e inversionistas que el ejercicio financiero se hace bien y generar confianza.