Incongruente, que Corral busque justicia en EU

Ciudad Juárez— La notificación hecha desde Estados Unidos de que el gobernador Javier Corral podrá recurrir a un litigio si El Diario no aclara, corrige o se retracta de diversas publicaciones, fue considerada por abogados como una muestra de falta de confianza del mandatario en el sistema de justicia mexicano.

“A final de cuentas, está denostando la forma en que se conduce la justicia en México; hay una total desconfianza al tener que recurrir a Estados Unidos, y no es un funcionario cualquiera: es el gobernador de una entidad federativa, que debe confiar en los poderes, porque él es uno de ellos”, dijo Carlos Gutiérrez Casas, profesor en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Es totalmente contradictorio con su cargo político, porque debe ser en su mismo país, en el mismo estado; él es el representante del estado, resulta incongruente que vaya a buscar justicia a un país vecino”, señaló Mario Espinoza, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.

Los litigantes fueron consultados luego de que este medio difundiera que el titular del Ejecutivo estatal envió, a través de una firma legal con oficina en El Paso, Texas, una notificación con un plazo de 30 días para que El Diario publique una corrección, aclaración o retractación de diferentes notas relacionadas con la ampliación de una casa que tiene en esta frontera.

“Si El Diario no acata esta petición, mi cliente está preparado para ejercer sus derechos de litigio, los cuales podrían incluir pero no estarán limitados a una demanda por calumnia y difamación”, dice el texto enviado por la firma de abogados Scott Hulse, que tiene una de sus oficinas en El Paso.

Al respecto, Gutiérrez Casas mencionó también que una demanda de ese tipo sería improcedente en México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia defendiendo el derecho a la información sobre todo lo relacionado con los servidores públicos.

“Si lo hiciera como gobernador no puede hacer nada, porque la SCJN ya ha dicho que, tratándose de funcionarios públicos, no tienen vida privada: todo es público. Por eso lo hace a título personal”, dijo Gutiérrez Casas, también exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El académico agregó que, si bien como particular puede promover una demanda en el extranjero, si lo hace desde su posición como gobernador debe recurrir a canales diplomáticos, iniciando por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Eduardo Mariscal, de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados Zona Norte, consideró que “como ciudadano no tiene ninguna restricción para demandar”, pero que el emplazamiento muestra falta de respeto a la libertad de expresión garantizada por el artículo séptimo de la Constitución Política mexicana.

“Y por eso acude a tribunales extranjeros, para violar derechos que en México tiene que respetar y garantizar en su calidad de gobernante”, dijo Mariscal, consultado por El Diario y quien también mencionó que la contratación de un despacho en el extranjero “puede verse desde diferentes aristas: primero, que no confía en la justicia mexicana”.

Las notas reclamadas fueron publicadas a partir del 23 de septiembre de 2019, y reportaron los trabajos de ampliación de la propiedad que el mandatario estatal tiene en la calle Costa Rica sobre un terreno contiguo, citando entrevistas y consultas en los registros Civil y Público de la Propiedad.

“El dueño original de dicho terreno era el esposo de Francisca Muñiz Viuda de Pérez, de nombre José Pérez Martínez, quien de acuerdo con esta investigación periodística murió hace 54 años, el 23 de noviembre de 1965, según el acta de defunción 2641 foja 32 del libro 210 del Registro Civil”, indicó una nota de El Diario el 23 septiembre pasado.

“Lo que más me llamó la atención fue que (el gobernador) está diciendo que tiene una (promesa de) compraventa firmada y pues todo eso es mentira, ¿con quién va a tener la compraventa si no es ni con él (José Ricardo) ni conmigo?”, dijo uno de los nietos de Francisca Muñiz, en otra nota, publicada el 30 de septiembre siguiente con el título de “Tiran dueños versión de Corral”.

El texto del despacho legal contratado por Corral agrega que el mandatario “ha sufrido daños a su reputación personal en esta comunidad por el falso contenido de esas publicaciones”.

También, que el inmueble citado en los artículos periodísticos fue adquirido de buena fe, y que “ninguna corte ha invalidado o anulado la compra”.

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