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Estado
martes, 03 diciembre 2019 | 10:27
SEGUNDA DE DOS PARTES
Chihuahua— Diecisiete masacres en una década, con ataques que van desde las 4 hasta las 20 víctimas mortales, han dejado 152 personas muertas en Ciudad Juárez. De estas matanzas, 10 fueron cometidas durante la actual administración estatal, de octubre de 2016 a la fecha.
Pero no sólo las ejecuciones aumentaron en este gobierno, también otros delitos de alto impacto muestran incrementos considerables y al mismo tiempo la impunidad general se ubica en el 94.6 por ciento; es decir, casi la totalidad de los crímenes no se resuelve ni se sanciona, de acuerdo con un estudio de la asociación México Evalúa sobre el sistema de justicia penal de los estados del país.
Luego de haber alcanzado una tasa de homicidios de 150 por cada 100 mil habitantes en los años más complejos de la violencia en Chihua-hua, para el año 2015 el indicador se desplomó hasta 25.47 casos. Sin embargo, comenzó con alzas el 2016 y se ha mantenido hasta la fecha.
El año 2016 cerró con 32.89 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, lo que se elevó a 41.41 en 2017, a 47.3 en 2018 y hasta 47.63 en la actualidad, cuando aún no finaliza 2019, según el reporte mensual hasta el mes pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este entorno, México Evalúa presentó en octubre pasado los resultados del estudio de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en el país “Hallazgos 2018”, que presenta los factores que propician o dificultan la operación del sistema de justicia penal, así como sus capacidades institucionales a partir del análisis de las cargas de trabajo que tienen tanto las partes acusadoras e investigadoras de delitos, las fiscalías y lo correspondiente a los jueces y magistrados encargados de juzgar a las personas.
Aunque Chihuahua se ubica en tercer lugar nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, con 563 puntos de un puntaje ideal de mil, apenas alcanza el octavo lugar nacional en el Índice de Impunidad que elabora México Evalúa, con el 94.6 por ciento de los casos con rezago, ya sea porque no se investigan adecuadamente los delitos, no se detienen presuntos responsables o cuando son llevados ante la justicia los detenidos no se presentan las pruebas suficientes como para sustentar una acusación y lograr una sentencia condenatoria.
En Chihuahua el porcentaje de impunidad es de 94.6 por ciento, mientras que en Tamaulipas es del 99.9 por ciento. El estado mejor calificado es Guanajuato, con 87.6 por ciento. La media nacional es del 96.1 por ciento.
“En suma, el Índice de Impunidad 2018 demuestra que no se ha presentado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal para proporcionar justicia a los ciudadanos. El porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos. Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas”, es la conclusión de México Evalúa.
LAS MASACRES DE JUAREZ
Como las más altas expresiones de la ola de violencia que padece la entidad, estas ejecuciones múltiples tienen como común denominador la impunidad. Hasta la fecha no hay acusados formalmente de estos asesinatos masivos, que han dejado víctimas inocentes, incluso niños.
Fue hace 11 años, el 1 de agosto de 2008, cuando la frontera se sacudió con una masacre hasta entonces sin comparación. Fue el precedente a otra que causó conmoción internacional, la de Creel el 16 de agosto del mismo año.
En la frontera el escenario fue el centro de rehabilitación CIAD de la colonia Primero de Septiembre, donde nueve internos que estaban reunidos en oración fueron asesinados a quemarropa por hombres armados, quienes llegaron en dos vehículos e incluso pasaron por donde se encontraba una volanta del Ejército y la Policía Estatal en supuestas labores de vigilancia.
Al año siguiente llegó la otra, el 4 de marzo de 2009, en el entonces Cereso Estatal de Juárez. Integrantes de una pandilla ligada a uno de los cárteles de la droga mataron a 20 internos, presuntos pandilleros rivales.
El hecho se manejó como motín, luego como riña entre pandillas, pero hubo versiones de que los custodios permitieron el ingreso al módulo donde estaban las víctimas, para que los atacantes cumplieran con su tarea.
En ese mismo año hubo dos casos más: el 2 de septiembre con 18 muertos en el centro de rehabilitación El Aliviane de la colonia Bellavista, donde murieron al instante 17 internos. Uno más falleció en un hospital y otros 5 resultaron lesionados. Según las investigaciones, las víctimas fueron puestas contra una pared y fusiladas por una decena de sicarios.
El día 16 del mismo mes otros diez adictos en recuperación internados en el centro llamado Anexo de Vida A.C, en la colonia Plan de Ayala, fueron ejecutados por un comando armado, en un hecho en el que se identificó un modo de operar similar a los anteriores. Días después fue detenido un líder criminal a quien se le adjudicaron algunas de estas masacres, aunque no fue acusado formalmente por todos los multihomicidios.
En el año 2010 hubo dos ataques similares: el 30 de enero con 15 muertos en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, la que marcó un parteaguas en la estrategia de seguridad por el perfil de las víctimas, en su mayoría estudiantes; y el 22 de octubre en Horizontes del Sur, con 14 muertos en una fiesta de XV años de una adolescente. En los años 2011 y 2012 no hubo ataques similares, pero regresaron en 2013 en el poblado de Loma Blanca, donde los integrantes de un equipo de beisbol celebraran el triunfo en un partido cuando fueron masacrados nueve de ellos, así como una niña de 7 años, hija de uno de los hombres victimados. Siguieron los años 2014 y 2015 con relativa calma, sin registros de masacres.
El 19 de octubre de 2016 fueron 5 muertos en una negociación de la colonia Terrenos Nacionales.
Las matanzas se reanudaron en el año 2018, el que tiene mayores registros de ataques masivos. El 23 de junio fueron seis los asesinados en una casa de la colonia Torres del PRI y una hora después, el mismo día, hubo otra masacre de cinco personas en un local de la colonia Centro. Le siguió el ataque del 4 de agosto con 13 víctimas, diez hombres y tres mujeres, todos torturados en la colonia Praderas del Oasis. Luego el 13 de agosto fueron 5 los hombres asesinados en un domicilio de la colonia Galeana. Cerró el año con 5 muertos en el bar Alamo’s de la colonia Zacatecas, el 1 de diciembre.
En el año actual han sido 4 los casos registrados: 5 muertos el 27 de febrero en una casa de la colonia Anáhuac, 4 en una vivienda de la colonia División del Norte, 4 muertos en Riberas del Bravo –entre ellos tres migrantes– el 3 de mayo, y finalmente el 25 de agosto un ataque en la misma colonia que la anterior dejó 4 muertos, en este caso 3 niñas de 14, 13 y 3 años de edad, y su tío que era buscado por sicarios.
LOS POLICÍAS ABANDONADOS A SU SUERTE
Alrededor de 700 policías han sido asesinados en Chihuahua desde el año 2004 hasta la fecha. De esta cifra, 104 han caído en los últimos tres años de la administración estatal. La cantidad de agentes ejecutados ha ido al alza, a la par de una mayor incidencia delictiva durante los últimos tres gobiernos estatales.
En el año 2014 fue inaugurado en la capital del estado un monumento a los policías caídos en toda la entidad durante la última década, contabilizándose 543 nombres. Desde entonces y hasta la fecha han sido asesinados los demás, tanto en ejecuciones dirigidas en su contra como en enfrentamientos fortuitos.
En este año, entre los meses de enero y noviembre, el estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional de policías asesinados con 31, únicamente por debajo de Guanajuato que lleva 46 y Michoacán con 38, según información de la asociación civil Causa en Común.
El total de agentes asesinados en la administración son 104 de todas las corporaciones. Han sido elementos de la Policía Estatal los más afectados: 25 en total, 8 en el 2019, 11 en el 2018 y 6 en el 2016.
En todos los casos ha sido ampliamente criticada la inasistencia del gobernador Javier Corral a las honras fúnebres de los agentes caídos, además de que las familias, principalmente las esposas de los policías que son víctimas del fuego enemigo, han denunciado que les ponen trabas para acceder a las pensiones que por ley les corresponden a ellas y a sus hijos.
Se han denunciado casos, hasta la fecha atendidos, de retrasos hasta de un año en poder cobrar las prestaciones de los agentes estatales que resultan muertos en combate.
No han sido sólo los policías estatales preventivos los que han perdido la vida. En seis municipios de la entidad se concentran los homicidios de policías en lo que va del año actual.
CRÍMENES EMBLEMÁTICOS SIN RESOLVER
Más de una decena de crímenes emblemáticos permanecen sin ser resueltos por la Fiscalía General del Estado. Las víctimas eran reconocidas por su condición profesional, su activismo o características particulares que los distinguieron de otros casos. Otros cinco casos han sido resueltos o muestran avances en las investigaciones, con imputados detenidos, pero la mayoría permanece en la impunidad.
Los crímenes más sonados comenzaron el 15 de enero de 2017, cuando fue asesinado el activista indígena Isidro Baldenegro de Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo. El día 31 del mismo mes fue Juan Ontiveros, otro líder indígena. Del primer caso hubo al menos un responsable preso, pero del segundo el único detenido fue dejado en libertad por falta de pruebas.
En ese mismo año, en marzo, fue ejecutada la periodista Miroslava Breach. La Fiscalía del Estado siguió una investigación que finalmente atrajo la Fiscalía General de la República. Fue hasta diciembre de ese año que se detuvo a un presunto autor del crimen, el que apenas será sometido a juicio oral en unos días, pero no han sido arrestados quienes ordenaron el asesinato ni los autores materiales, uno de los cuales supuestamente fue ejecutado tiempo después.
En ese mismo año en la región de Gómez Farías, en el noreste del estado, ocurrió el secuestro por del doctor Blas Godínez, director del Hospital Regional, lo que llevó a la huida de decenas de residentes de clínicas de toda esa zona de la entidad.
El médico hasta la fecha no ha sido encontrado. Su hijo, del mismo nombre, fue víctima de un ataque cuando había ganado la alcaldía de esa población, en septiembre de 2018, y el caso permanece sin ser resuelto, mientras enfrenta secuelas graves del disparo recibido en la cabeza.
A esos crímenes emblemáticos se sumaron en 2018 la desaparición de 4 jóvenes en Parral, dos de ellos estudiantes de enfermería, por una célula ligada al narco y a la trata de personas. Igual no han sido encontrados. En esa ciudad también fue asesinado el 23 de septiembre el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Uriel Loya, cuyo caso permanece en la impunidad.
En octubre de ese año fue asesinato otro activista indígena, Julián Carrillo, pero su caso sí terminó con la detención de un presunto responsable en Guadalupe y Calvo, contrario a los anteriores de líderes comunales y defensores del bosque.
El 2018 cerró con otro caso que hasta la fecha sigue en la impunidad, pues desapareció y después fue encontrado muerto el turista estadounidense Patrick Braxton. El crimen se le adjudicó a un líder criminal de la región que supuestamente es buscado por las autoridades.
En 2019 siguieron los casos del jefe de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores, ejecutado el 26 de febrero, en medio de fricciones políticas generadas por presuntas complicidades de la Policía Estatal con grupo criminales. Dos días el síndico perredista de Ignacio Zaragoza, Antonio Quezada, fue asesinado en esa población por un grupo que además mató a otras personas e incendio viviendas y negocios.
El 3 de junio fue asesinado en la capital del estado Óscar García Díaz, exsubdelegado de la PGR y funcionario de confianza del fiscal general, César Augusto Peniche, crimen que el propio titular de la FGE consideró que se debió a traiciones internas y filtraciones de la propia corporación.
En meses recientes de este año en Juárez, la masacre de tres niñas y su tío en la colonia Riberas del Bravo, conmocionó a la ciudad por el perfil de las víctimas. Luego, el 6 de noviembre y días posteriores la frontera vivió uno de los peores días desde el regreso de la violencia, con una serie de ataques a camiones de transporte de personal y acciones supuestamente orquestadas desde el Cereso, lo que dejó 29 ejecuciones y más de 30 vehículos incendiados.
Todos los casos son ejemplo de la impunidad en la que quedan los actos criminales, que se ha agravado desde el retorno de los índices crecientes de delitos.
DE NUEVO EL ESTIGMA DE LOS FEMINICIDIOS
Mientras en los años 2015 y 2015 hubo cero registros de asesinatos de mujeres considerados feminicidios, en los primeros 10 meses de este año la cifra se disparó hasta 27, según el reporte oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un total de 184 homicidios dolosos contra víctimas del sexo femenino.
Los feminicidios tardan hasta dos meses en registrarse como tales, pues se cuentan inicialmente entre los homicidios dolosos y no es hasta que existe una determinación de la autoridad que se consideran crímenes a razón del género de las víctimas, es decir que se establece como motivación preponderante del asesinato el simple hecho de que es mujer la afectada.
En el año 2017 hubo 11 casos concentrados en los últimos dos meses, noviembre y diciembre. Para 2018 la cifra se disparó hasta los 44 casos, con registros de 2 y hasta 7 casos en cada uno de los meses de ese año. En la actualidad hasta el mes de octubre se reconocen 27 como tales, pero en medio de la ola de violencia –que hasta octubre pasado había dejado 172 mujeres víctimas de homicidio doloso– las cifras aún pueden modificarse.
El resurgimiento de los feminicidios ahora no sólo es el estigma de Ciudad Juárez, como lo fue hace dos décadas, sino que se ha extendido el fenómeno por toda la entidad.
En el listado de los 100 municipios del país más peligrosos para las mujeres, registro que elabora también el Sistema Estatal de Seguridad Pública, aparece Juárez en el tercer lugar nacional con 12 casos, Chihuahua en el lugar 14 con 7, además de Cuauhtémoc en el lugar 64 con tres casos. Guadalupe y Calvo y Guachochi se ubican en los lugares 97 y 98 del país, con dos feminicidios cada uno.
Esta situación llevó a que organizaciones sociales e instancias de derechos humanos pidieran la declaratoria federal de Alerta de Violencia de Género. Sin embargo a 4 meses de iniciados los trámites se han estancado.
Apenas el pasado 25 de noviembre, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña, informó a El Diario que se han cumplido con lo requisitos que pidieron para la declaratoria. Añadió que están a la espera que las académicas que fueron enviadas a supervisar la situación en Chihuahua entreguen sus informes para que sean determinadas las acciones que se implementarán.