Ilegal, nombramiento de funcionario-empresario

Chihuahua– La figura de “funcionario honorario” no aparece en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que el nombramiento del empresario de Chihuahua Ismael Rodríguez Gallegos como supervisor de obras en Ciudad Juárez no puede darse, dijo ayer el abogado constitucionalista Héctor Villasana Ramírez

“Si en la Ley Orgánica no se establece la función de esta persona (Rodríguez), el nombramiento o el cargo que éste desempeña, entonces es un nombramiento ilegal en el cual Javier Corral, por el hecho de ser gobernador, no lo puede dar a una persona”, explicó el también catedrático universitario.

Manifestó que el jefe del Ejecutivo estatal debe aclarar en qué calidad se encuentra este empresario ligado a la administración pública, quien hace tareas de supervisión de obras en la frontera y tiene también puestos honorarios en otros organismos.

“Definitivamente, si esas figuras no aparecen en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se estaría cayendo en el delito de usurpación de funciones, por pretender ejercer un cargo que no ostenta”, precisó Villasana.

“Es decir, por dar instrucciones y, además, en caso de que se presentaran algunas fallas en las obras, podría incurrir incluso en alguna responsabilidad por la competencia que está desempeñando”.

El pasado martes, en compañía del gobernador Javier Corral, Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por las obras del corredor multimodal Francisco Villarreal Torres, las cuales han sido señaladas constantemente por retrasos en los tiempos de ejecución y fallas en su estructura.

Rodríguez Gallegos es un empresario del ramo mueblero, sin puesto público o funciones definidas en el gabinete estatal.

Villasana mencionó que existen otras figuras que sí están contempladas en la ley.

“Sí hay otras figuras, como comisionados y otras, pero el gobernador en este caso particular del empresario Rodríguez tiene que ser muy transparente e informar a los ciudadanos a qué oficina o de quién depende este señor”, dijo.

Enfatizó que una vez que se tenga claridad en el puesto que ejerce, entonces se le pudiera exigir responsabilidad si las obras que él está vigilando no cumplen con lo estipulado o se detecta alguna irregularidad.

“Vemos que este señor está verificando obras, dando instrucciones, entonces también se le pueden exigir responsabilidades”, dijo Villasana.

Añadió que “ciertamente es muy extraña su designación, porque si no cobra en el Gobierno, entonces su desempeño lo hace por buena voluntad. Sabemos que es un hombre muy influyente en la administración de Javier Corral, pero eso no le exime de que las responsabilidades estén primero en la ley, y luego por un tema de transparencia, para conocer qué funciones está desempeñando, para poderle exigir sobre la función que se le está encomendando”.

Señaló que es una obligación del poder público transparentar el nombramiento de funcionarios, su declaración patrimonial y todo lo que envuelve el cargo de la función pública. “Si no lo es, entonces debemos conocer por qué se le da la responsabilidad a un particular que no existe en la ley”.

En todo caso debería existir algún contrato de prestación de servicios que lo una a la administración para que en ese contexto realice la función que ellos dicen, concluyó el abogado constitucionalista.